Miles de kilómetros cuadrados ardieron en 2019 en América del Sur, particularmente en Brasil, como consecuencia de la tasa de deforestación más alta en una década en la Amazonía, el avance de los agronegocio y la minería ilegal, evaluaron científicos, para quienes las perspectivas del próximo año son sombrías.
«Salvo que ocurra un milagro en términos de medidas contra delitos, algo que no vemos en absoluto (…) todos los indicadores apuntan a un aumento importante de la deforestación, que será mucho más extensa que en 2019», dijo a Sputnik el investigador brasileño Carlos Nobre, Premio Nobel de la Paz en 2007 con el Panel Intergubernamental del Cambio Climático.
El fuego avanzó durante agosto y septiembre en el suroeste de la Amazonía brasileña, en el bioma del Cerrado, también ubicado en el gigante sudamericano, en la Chiquitanía boliviana, que es una zona del noreste de transición entre la selva y el Chaco, y en el norte de Paraguay.
Las imágenes de extensas lenguas de fuego e inmensas columnas de humo, animales huyendo y bomberos luchando contra las llamas dieron la vuelta al mundo y resultaron en una creciente presión pública que obligó a actuar a los gobiernos.
El más criticado fue el Gobierno brasileño del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien al principio restó importancia a los incendios, luego ordenó el envío de militares a zonas incendiadas prohibiendo también la quema de vegetación y llegó incluso a culpar a las organizaciones no gubernamentales y hasta al actor y activista ambiental Leonardo di Caprio, de provocar el fuego para recaudar fondos.
La presión pública llevó a Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Surinam, Guyana y Brasil a coordinar esfuerzos mediante el llamado Pacto de Leticia, firmado en septiembre, para implementar medidas de conservación y prevención de la Amazonía que aún no se han puesto en marcha.
A la destrucción de biomas ricos en fauna y flora como la Amazonía y la Chiquitanía se suma el asesinato de defensores de la selva, la mayoría indígenas.
Solo en diciembre, al menos tres miembros del pueblo Guajajara perdieron la vida en el norte de Brasil a manos de madereros que se adentran en la tierra nativa de forma ilegal.
Según los científicos, 2020 será tanto o más difícil que este año porque las actividades ilegales han sido escasamente abordadas y los niveles de deforestación siguen creciendo, al igual que los ataques contra los «defensores» de la selva.
«El viejo Oeste»
En Brasil, el número de incendios se disparó en agosto quemando 24.944 kilómetros cuadrados en la Amazonía en lo que fue el peor mes del año, según los datos disponibles del Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués) que llegan hasta noviembre.
Entre enero y noviembre se perdieron 70.698 kilómetros cuadrados, dicen las cifras del INPE.
En el Cerrado, una sabana que se extiende al sur de la selva y que es presionada por el agronegocio, ardieron 146.746 kilómetros cuadrados desde enero, el bioma que se ha llevado la peor parte en la temporada de incendios.
Existe evidencia de que los incendios, que también ocurrieron en algunas áreas protegidas, tienen relación directa con la deforestación, en la que juega un papel preponderante la actividad ilegal, coinciden Nobre y la científica brasileña Erika Berenguer, investigadora asociada de las universidades de Oxford y de Lancaster en el Reino Unido.
La deforestación en la Amazonía Legal brasileña, compuesta por nueve estados, creció un 30% entre agosto de 2018 y julio de 2019 respecto al mismo período del año anterior, según datos divulgados por el INPE el 18 de noviembre.
Ese aumento supuso la destrucción de 9.762 kilómetros cuadrados de selva, frente a los 7.536 kilómetros cuadrados perdidos en el mismo lapso anterior, y fue la cifra más alta en 11 años.
La Amazonía cubre unos seis millones de kilómetros cuadrados en total.
En el Cerrado, que se extiende por 12 estados y ocupa el 24% del territorio brasileño, se perdieron por deforestación 6.484 kilómetros cuadrados entre agosto de 2018 a julio de 2019.
Para combatir los incendios y las actividades ilegales, Bolsonaro envió soldados a las áreas afectadas y emitió un decreto que prohibía las quemas por dos meses, pero al finalizar octubre las imágenes satelitales volvieron a mostrar un aumento de los fuegos así como de la deforestación.
«La deforestación continúa, estoy en la Amazonía en este momento, una región en la que he estado trabajando por 10 años y nunca vi tanta deforestación», comentó recientemente Berenguer a Sputnik.
En septiembre, la deforestación aumentó 80% y en octubre un 212%, según monitoreos independientes.
«Las agencias de cumplimiento de la ley no están siendo realmente efectivas y además el discurso de muchos políticos, en particular en el Gobierno federal, es como una luz verde para los criminales porque sienten que el riesgo de castigo es muy pequeño. Es un ambiente tipo el viejo oeste», afirmó Nobre.
Esa misma impunidad se aplica para los crímenes contra indígenas y líderes ambientalistas no solo en Brasil, sino también en Bolivia, Colombia y Perú, dijo Nobre.
«El número de asesinatos ha sido alto durante muchos años porque los criminales se sienten empoderados por la falta de cumplimiento de la ley, este año en Brasil por ejemplo debido al discurso político. Cuando se sepan los números [de este año] no me sorprenderá que sean otra vez altos», explicó.
Cambio irreversible
De no tomarse medidas eficaces en el corto plazo, la mayor parte de región amazónica se convertirá en una sabana degradada en unas pocas décadas, afirmó Nobre.
Sus estudios indican que si el total de área deforestada en la Amazonía supera el 20 o 25%, lo que sería el punto de un cambio irreversible, entre 50 y 70% de la selva pasará a ser una sabana degradada.
«No estamos lejos de ese punto, estimamos que en unos 15 a 30 años podríamos superar ese límite dependiendo de la tasa de deforestación», explicó.
Añadió que ya se están viendo cambios en la Amazonía, desde el sur de Perú hasta la costa atlántica de Brasil.
«La temporada seca dura más, también la mortalidad de algunos árboles está aumentando, estamos viendo esta transición abrupta que usualmente toma décadas en sistemas ecológicos», afirmó.
Aunque por diferentes razones, en Bolivia y Colombia se dan procesos similares, con toma de tierras y avance del agronegocio, un sector de bajo perfil que acumula miles de kilómetros cuadrados para el cultivo de soja y la cría de ganado.
«Antes de que tuviera que dejar el país [tras renunciar el 10 de noviembre a la presidencia], Evo Morales había invitado a los agronegocios a invertir en Bolivia, estaba alentando la deforestación, que iba en aumento», comentó Nobre.
Durante agosto y septiembre se quemaron 2,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales en la región oriental de la Chiquitanía, los peores incendios en una década.
Pese a que activistas señalan que la deforestación es resultado de la expansión de la frontera agrícola, autoridades de la región boliviana de Santa Cruz (este) y productores aseguran que las tierras arrasadas no eran aptas para el cultivo intensivo y correspondían a zonas protegidas.
En Colombia, señaló Nobre, la deforestación aumentó luego de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un tratado de paz con el Gobierno y abandonaron las áreas de bosque donde combatían.
«No es propiedad privada, por lo que invasores de tierra llevan ganado o se establecen en esas áreas, es un proceso similar al de Brasil», aclaró el científico.
Paraguay, Perú y Ecuador
En agosto y septiembre las regiones del Cerrado, Chaco y Pantanal, en el norte de Paraguay, fueron arrasadas por las llamas, en particular zonas de parques naturales, afectando la biodiversidad, establecimientos ganaderos, pequeños asentamientos y territorios ancestrales indígenas, informó el Fondo Mundial para la Naturaleza.
Las autoridades estiman que se quemaron casi 325.000 hectáreas luego de que el fuego ingresara por la frontera con Bolivia y se extendiera debido a las condiciones climáticas.
En Perú, en tanto, el Instituto Nacional de Defensa Civil dijo que hasta el 9 de diciembre se reportaron 449 incendios forestales en 23 de los 24 departamentos, y solo uno de ellos fue en Loreto (noreste), el más extenso del país y con la mayor área de selva amazónica.
La mayoría de los incendios tuvieron origen en quemas de campos para preparar la siembra que se salieron de control.
En Ecuador, la región amazónica que cubre un 40% del territorio no se vio afectada por incendios en 2019 pero sí por su mayor amenaza, la explotación petrolera.
Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, la construcción de cuatro plataformas petroleras en un bloque licitado por el Gobierno en una remota y casi intacta área dentro del Parque Nacional Yasuní, en la cuenca amazónica, ya ha causado la deforestación de más de 600 hectáreas.
El Gobierno ecuatoriano licitó varios bloques para la explotación en el noreste, pero debió frenar sus planes en la provincia de Pastaza (este), cuando una corte local ratificó en segunda instancia en julio un fallo a favor de una demanda presentada por el pueblo Waorani contra el Estado para evitar el ingreso de compañías petroleras.
Cortesía de Sputnik
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