El Gobierno regional de Murcia simplifica trámites burocráticos para reactivar la economía de la región que pueden conducir a un incremento de los vertidos sobre la laguna del Mar Menor. El golpe puede comprometer definitivamente la supervivencia de este ecosistema único, ya gravemente amenazado con anterioridad a la pandemia.
Los distintos territorios que conforman España se adentran paulatinamente en las fases previstas en la desescalada de las medidas de confinamiento y paralización de la actividad económica.
En el caso de la Región de Murcia, la progresiva reactivación de la economía entraña peligros para el medio ambiente. El Gobierno regional que preside Fernando López Miras, ha aprobado en los últimos días unos decretos-leyes de urgencia mediante los que se agiliza el trámite burocrático y se relajan los controles sobre las empresas y explotaciones que operan en la comunidad de Murcia. Como resultado, la actividad agropecuaria y urbanística se está desarrollando al margen del decreto de protección del medio ambiente aprobado el pasado mes de diciembre, que prohibía cualquier vertido al Mar Menor.
Este paraje está situado en el sureste de España y presenta una albufera de agua salada procedente del mar Mediterráneo. Su laguna es un verdadero mar interior y es también el destino turístico preferido de muchos ciudadanos. Sin embargo, sus especiales características lo hacen muy vulnerable frente a cualquier desequilibrio en el ecosistema. Y los vertidos procedentes de la agricultura y las explotaciones agropecuarias adyacentes han terminado por desatar un proceso de eutrofización: el enriquecimiento excesivo en nutrientes de un ecosistema acuático. El resultado es desastroso.
Los decretos de la polémica
El Ejecutivo regional de López Miras emitió el 23 de abril y el 7 de mayo unas resoluciones para tratar de eliminar trabas administrativas a una economía que necesita reactivarse cuanto antes.
Ahora la norma no contempla que las actividades que produzcan un aumento del 25% de los vertidos a la tierra o al mar, supongan una modificación «sustancial». Y eso que dentro de este porcentaje se incluyen también sustancias contaminantes. En el caso de instalaciones cuya actividad sea contaminante, se podrá proceder al cambio de maquinaria o equipos aun cuando la emisión de sustancias tóxicas aumente un 35%. Las plantas de tratamiento de residuos también ven suavizados los requisitos para proceder a un incremento del 25% de la gestión de los desechos peligrosos y del 50% de los no peligrosos. Al respecto, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional murciano insisten en que los nuevos decretos no afectan a la prohibición de vertidos sobre la laguna. «Ya no hay ninguna tubería que vierta residuos sobre el Mar Menor ni actividad industrial en su entorno», declaran.
La respuesta de los defensores del Mar Menor
Esta agilización burocrática confronta con el decreto aprobado en diciembre que vela por la conservación del Mar Menor. La asociación Pacto por el Mar Menor, que incluye a organizaciones cívicas, sindicales y grupos ecologistas, estima que la nueva normativa supone un relajamiento en el control ambiental.
Esta organización denuncia que mientras el parón ocasionado por la pandemia de coronavirus ha obrado una mejora en todo el país de la calidad del aire y una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en Murcia el empujón institucional para reactivar la economía puede castigar de manera severa a su entorno natural más preciado. El decreto-ley del 7 de mayo busca mitigar el «impacto socioeconómico del covid-19 en el área de medio ambiente» mediante la suavización de las exigencias administrativas para los incrementos de vertidos, ya sea en plantas para el tratamiento de residuos, al mar o a la atmósfera.
Y aquí el Mar Menor suele ser el sumidero de todas las sustancias de desecho que genera la actividad agrícola, la de la construcción e incluso los restos de las explotaciones mineras que operaron en la zona hasta finales del siglo XX. A mediados de 2019, la situación se hizo insostenible, cuando miles de peces muertos flotaban en sus aguas en medio de un hedor insoportable. La asociación Pacto por el Mar Menor señala que los decretos aprobados «agrandan la sombra de ecocidio» sobre la laguna. Y manifiesta:
«A pesar de las bondades declaradas en el Preámbulo de ambos Decretos Leyes, y la declaración de agilización de trámites medioambientales para pequeñas empresas y autónomos ‘sostenibles’, el Decreto-Ley nº 5/2020 de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente contiene varios artículos en los que se permite un aumento de vertidos y contaminantes, que pasarían del 15% de la ley anterior al 30%, lo que contribuiría sin duda a empeorar el ya deteriorado estado del Mar Menor».
Esta organización asegura que la reactivación económica proyectada por el Gobierno murciano entraña todo tipo de facilidades para el desarrollo urbanístico de la región, «sin hacer ninguna distinción o moratoria para el entorno del Mar Menor».
Cabe añadir que la relajación administrativa se ha producido cuando aún no se han resuelto los procedimientos instruidos para sancionar o reclamar sanciones a los supuestos responsables de la contaminación del Mar Menor. La imposibilidad de reunir las necesarias condiciones profilácticas y de seguridad en los juzgados, ha obligado al juez instructor de la causa a aplazar la declaración de los imputados con motivo de los vertidos al Mar Menor supuestamente procedentes desde sus explotaciones agropecuarias.
Cortesía de Sergio Hernández-Ranera Sánchez Sputnik
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