Una denuncia por vulneración de la legislación ambiental presentó este jueves el senador y Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, Alejandro Navarro, contra la minera BHP Billiton, ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de la Región de Antofagasta. Esto debido a los impactos del yacimiento “La Escondida”, cuyas operaciones habrían prácticamente “secado” el Salar Punta Negra, ya que esta mina es la que produce más cobre a rajo abierto en el planeta y para ello usa grandes cantidades de agua, elemento muy escaso en el norte de nuestro país.
La denuncia tiene como objetivo específico determinar la veracidad de los hechos acusados por las comunidades aledañas al salar, que la SMA emita un informe de fiscalización, imponer el máximo de las multas legales y ordenar a los responsables ajustarse a la normativa ambiental vigente.
Recordemos que a principios de 2016, la Fundación por la Conservación de los Salares, envió una carta a parlamentarios e instituciones de la Región de Antofagasta, para denunciar el grave daño ecológico ocasionado por Minera Escondida, calificándolo como un crimen ambiental.
El Salar Punta Negra posee una cuenca hidrográfica cuya superficie de 4263 Km cuadrados, siendo la tercera más grande de Chile. Este rico ecosistema está caracterizado por elementos naturales tales como lagunas, acuíferos y aguas freáticas (aguas subterráneas) tal como indica el documento de la acusación. “El Salar de Punta Negra ocupa el fondo de una fosa pre-altiplánica longitudinal flanqueada por la Cordillera de los Andes al este y la cordillera de Domeyko al Oeste. En la ladera Oriental del Salar a los pies del Volcán Llullaillaco, una serie de surgencias de agua dulce originan vegas que desaguan en lagunas a través de sendos canales. Estos sistemas vega-canal-laguna concentran mayor diversidad y abundancia de especies vegetales y animales y están sometidos a una dinámica natural compleja y fluctuante (Contreras, 2005) seriamente afectada por la extracción de agua para la actividad humana”.
Además, el documento indica de forma textual que “en entrevista a El Ciudadano, la diputada Marcela Hernando, señaló que ‘Muchas de las competencias y responsabilidades de fiscalización del SAG se les traspasaron a la seremi de Medio Ambiente; por ello, el SAG desestima este convenio (…) desde el punto de vista de la extracción del agua, este es un salar que comenzó a ser explotado por Minera Escondida desde su instalación en Antofagasta, y por lo tanto, esa extracción de agua es previa a toda la normativa medioambiental; en esa época, a fines de los noventa (la minera) ya tenía un límite de mil 200 litros por segundo”. Añadió que “Lo que sabemos hoy –añadió– es que los acuerdos de caballeros que existían, y que era previos a la normativa medioambiental (antes de 2003) han dejado de tener algún sentido, y por lo tanto, el SAG, que es el que tiene que preocuparse de las poblaciones de flamencos, de la nidificación de los zorros que ha y en el sector, desahució este convenio hace un año”.
Agrega que el acuerdo “no tiene efecto vinculante porque las resoluciones son previas (a la normativa medioambiental), y porque además fue un acuerdo de caballeros; lo que Minera Escondida ofreció en ese minuto es que iba a monitorear las aves, que iba a preocuparse de la nidificación y que iba a estar atento e informar al SAG, pero luego con la normativa medioambiental muchas de las competencias del SAG y responsabilidades de fiscalización se les traspasaron a la seremi de Medio Ambiente; por ello, el SAG desestima este convenio».
También, el texto señala que “se acusa afectación a la fauna local, particularmente a la población de flamencos anida en los relaves de Escondida. La diputada Hernando afirma que ‘si bien todavía hay población de flamencos, eso se logra gracias al ahuyentar a los zorros y que muchos de estos flamencos están llegando a los relaves (mineros) a nidificar. Lo que uno no entiende es que si la empresa tiene una (planta) desaladora que fue construida en 2003, y que debiera crecer desde 500 a 2 mil 800 litros por segundo, no lo haya hecho y sí haya iniciado la construcción de una segunda planta desaladora, con lo cual va a llegar a 2 mil 500 litros por segundo, pero mientras tanto es el salar el que sufre esta depredación de nuestros recursos hídricos’” .
Desde la instalación de BHP Billiton habitantes de la zona han expresado que producto de la extracción de agua de la cuenca del salar Punta Negra (1800 litros por segundo) existen serios daños socioambientales.
El vocero y representante de la organización por la Defensa del salar Punta Negra, Carlos Iriarte, explica a El Ciudadano la importancia de esta denuncia y la gravedad de la situación del salar. Además se refiere a las prácticas de esta empresa: “Estamos agradecidos de este avance judicial desde nuestra perspectiva es impresentable que una de las compañías que más dinero genera por la explotación de cobre, no respete el nivel de biodiversidad que existe en esta cuenca ya que el salar ha disminuido su cantidad de agua, por este extractivismo operante”.
Cabe señalar que desde el mes de enero se han realizado solicitudes y tramitaciones por la situación actual del salar, y en el mes de marzo del presente año, se realizó una querella criminal ante la Fiscalía regional de Antofagasta en contra de la minera. A raíz de ello, se conformó la comisión investigadora denominada “Salares glaciares y cuencas hidrográficas”, en la Cámara de Diputados.
En relación a los tiempos y el actuar de las instituciones Iriarte expresa : “Estamos insatisfechos ante el actuar de las instituciones, han pasado nueve meses desde las primeras tramitaciones, existe una suerte de omisión por parte de los tres poderes del Estado a los cuales hemos emplazado, no puede ser que no han realizado ninguna pesquisa”.
En este aspecto Ricardo Ortiz, jefe regional de la Superintendencia del Medio Ambiente de Antofagasta dijo a El Ciudadano que «la denuncia tiene relación con la afectación del Salar y está asociada a la unidad fiscalizable denominada Minera Escondida, nosotros como entidad recibimos la denuncia y si es de nuestra competencia realizamos un análisis en relación a los compromisos realizados en la Resolución de Calificación Ambiental, (RCA) por parte de la titular, el plazo máximo para esto son tres años, según la normativa ambiental».
Por su parte, SMA ha realizado fiscalizaciones en el año 2013 y 2015, por lo tanto la denuncia forma parte de la verificación de los antecedentes para esta fiscalización.
Efectos socioambientales
Según el informe presentado en conjunto con la denuncia, los impactos socioambientales expresan daños tales como que la cuenca hidrográfica del salar, en específico la laguna Brava, ha disminuido su capacidad acuífera en un 44,7%. En el ámbito de la flora y fauna, existen 47 especies de aves, 51 plantas 13 mamíferos y 7 reptiles que poseen riesgos.
En términos socioculturales, existen comunidades indígenas atacameñas, pastores transhumantes de Peine y otra de San Pedro de Atacama, cuyas comunidades se ven directamente afectadas en su cosmovisión espiritual con el vínculo hacia el agua desde tiempos inmemorables.
En este aspecto, Jorge Muñoz, presidente de la comunidad Solcor, se refiere a los efectos culturales y a la fragmentación que ha propiciado la mina: “Todos los elementos están relacionados con el salar y la tierra, las nubes el volcán, la lengua principalmente, son componentes indisoluble de la dualidad de nuestra cosmovisión, además la agricultura se ha visto afectada debido a que tenemos menos cantidad de siembras, ya que el agua es escasa para la población en general como para las comunidades”.
El ciudadano
Por Catalina Manque
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