#RechazoDominga: “La mala señal la dieron con la manera en que se llevó a cabo el proceso”

El Comité de Ministros rechazó el pasado 21 de agosto el proyecto minero portuario Dominga, de la empresa Andes Iron, que pretendía emplazarse en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

Si bien la decisión sólo ratificó la postura entregada por la Comisión Regional Evaluadora en marzo último, distintas voces emergieron para cuestionar o validar la posición gubernamental. Por ello, El Ciudadano tomó contacto con Nelson Urra Pardo, director de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Mayor, para dilucidar algunas interrogantes.

Estimado, ¿qué concepto tiene usted del Comité de Ministros?

“El Comité de Ministros para la Sustentabilidad es una instancia deslegitimada. Primero, porque el concepto es errado: es simplemente una instancia directiva que visa las decisiones del área técnica, en este caso, de las comisiones regionales de evaluación ambiental. Segundo, el Comité en sí no da garantías al sistema de que realmente se esté tomando una decisión con argumentos técnicos sino más bien denota argumentos políticos o donde existen ciertos intereses creados.

En realidad, ralentiza el sistema de evaluación. Un proyecto con evaluación de impacto ambiental toma más de dos años para que sea aprobado, siempre que vaya todo en orden respecto a los estándares legales. Y si llega a esta instancia (del Comité de Ministros), todo se hace más lento, se generan muchos cuestionamientos porque no siempre hay justificaciones técnicas de parte de los ministros, debido al bagaje técnico que necesitan manejar para contradecir una posición del área de evaluación técnica regional. Entonces, se presta este escenario para distintas distorsiones y se dan casos como lo que pasó ahora con Dominga.”

¿ Y qué opina del Tribunal Ambiental?

“El Tribunal Ambiental depende del Poder Judicial, es una instancia garantizada por la Constitución, donde se puede apelar cuando se tiene un fallo no favorable desde el Poder Ejecutivo. En concreto, el Tribunal debe evaluar las pruebas que se presentaron para la decisión o fallo que se emitió, tomando en cuenta si las decisiones que se tomaron tanto en la Comisión Regional Evaluadora como en el Comité de Ministros son válidas o no. Es decir, no vuelve a evaluar el proyecto sino que evalúa los antecedentes del fallo actual. Y sobre ello, define si el proyecto tiene la posibilidad de ejecutarse y revertir el fallo original o, simplemente, se desecha.

El Tribunal está conformado por tres abogados. En el caso del (Tribunal) que tiene la jurisdicción centro norte, todos tienen trayectorias en temas ambientales y toman sus decisiones con antecedentes técnicos que les entregan especialistas ambientales que trabajan en el Tribunal, un equipo de cuatro o cinco profesionales que toman los proyectos y tienen que hacer la revisión de las distintas informaciones que presentan la parte demandante y la parte demandada, que en este caso fue el Gobierno. Ellos precisan si efectivamente falta información o las decisiones del fallo se tomaron con todas los antecedentes puestos en la mesa, es decir, si se acogió a derecho o no la decisión.”

Y sabiendo estos antecedentes, ¿usted podría adelantarnos que sucederá con Dominga?

“Para adelantar o vaticinar una decisión, habría que meterse de lleno en el tema técnico de los informes -que recibieron los ministros a última hora- que avalan la decisión desde las carteras sectoriales. Yo lo desconozco (el tema técnico) pero lo que se está justificando es que el proyecto no hizo una medición completa de su impacto ambiental, en especial de la fase portuaria. Además, no tiene un plan de mitigación y control de los impactos acorde para dar las garantías del caso. Bajo esa condición, los encargados del Tribunal van a tener que dirimir respecto a si esta información presentada daba o no las garantías de lo que argumenta el gobierno. Y para eso, se tiene que regir por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el reglamento y los decretos que existen.

Por tanto, no se podría decir si el Tribunal Ambiental fallará a favor o en contra. Lo que ha ocurrido en otras ocasiones es que la Superintendencia de Medio Ambiente suele querellarse contra empresas que no cumplen ciertos estándares que se han comprometido por la reglamentación nacional y ahí es dónde efectivamente se generan fallos a favor de las causas presentadas. Pero en este caso, la situación es inversa: la que demanda es la empresa, por tanto no manejo los datos de si efectivamente la tendencia en estos fallos es que se ratifique o se revierta.”

Pero la empresa afirma que cumplía con todos los estándares exigidos…

«No manejo los estudios que faltaron o que se hicieron, no podría comentar si es veraz lo que dice la empresa. Uno debiera definir el área de influencia del proyecto, es decir, dónde se van a generar los impactos que uno prevé. Y el área da luces de la legislación que se debe ir cumpliendo. Pero por lo que se entiende del discurso gubernamental, y de otras instituciones, es que el área no estuvo bien acotada. Por tanto, hay leyes que pueden aplicar a esta nueva área influencia del proyecto y es un tema de alcance. La empresa puede decir ‘yo me remiíi a lo que estaba establecido en la ley para el territorio’ pero resulta que el área de influencia no era amplia, les quedó chico frente a lo que requiere el proyecto y elementos oceanográficos u otros quedaron fuera. Esas pudieron haber sido algunas de la razones, es algo que he escuchado desde el Gobierno.»

¿El fallo es entonces una mala señal para las inversiones en el área?

“La mala señal la dieron, en términos prácticos, con la manera en que se llevó a cabo el proceso. Primero , en marzo, cuando evaluadores de la Comisión Regional dijeron una cosa, aprobaron un informe y después, rechazaran al momento de votar. Ahí se empezó a gestar la polémica . Pero el problema principal radica en que los catorce nuevos informes técnicos que se incorporaron en las carteras ministeriales, para que los ministros se hicieran una idea y pudieran definir su voto, fueron enviados el viernes en la noche siendo que tenían que votar el lunes a primera hora. Fue un proceso muy acelerado, que no siguió el proceso normal que se necesita para esto. Por ende, se deduce que la votación no se remitió a todos los elementos técnicos que estaban en la mesa. Por eso es parte de los cuestionamientos que hay en los medios de comunicación.”