Lucha ciudadana, peligro medioambiental e intereses político-económicos se conjugan en el destino de un proyecto termoeléctrico que puede ser el más contaminante de Latinoamérica y que expondría a la comunidad de Punta Cachos a una situación de indefensión.
En las próximas semanas se decidirá el futuro del proyecto termoeléctrico Castilla, presentado por la empresa brasileña MPX Energías, propiedad de Eike Batista, uno de los hombres más adinerados de Brasil. La encargada de dirimir será la Tercera Sala de la Corte Suprema, que deberá sancionar el dictamen dado por la Corte de Apelaciones de Copiapó, que falló en contra del proyecto con una orden de no innovar suspendiendo momentáneamente la construcción de la planta.
La Corte de Apelaciones falló en favor de las comunidades de Punta Cachos, ya que declaró como “ilegal” el cambio de calificación de los suelos de “contaminante” a”molesto” realizado por el ex seremi de Salud, Raúl Martínez, decisión que desacreditaba la calificación de su antecesora, Pilar Merino, y que desestimaba el estudio realizado por expertos ambientales, que catalogaba como peligro ambiental la implementación de la planta. El criterio del mismo Martínez fue el que se impuso en la reapertura de las faenas en la mina San José.
En caso de que la Corte Suprema rectifique el fallo de la Corte de Apelaciones, el proyecto termoeléctrico deberá pasar nuevamente a estudio bajo la calificación de “contaminante”. De ser así, la Comisión del Medio Ambiente de Atacama, Corema, estará obligada legalmente a rechazar la construcción por estar emplazado en una área protegida.
“Estamos bastante optimistas de la resolución de la Corte Suprema y tenemos el antecedente, en Campiche, que fue paralizada por el uso de suelo donde no se permitió construir una industria contaminante, lamentablemente se cambió esa resolución a la inversa. Creemos en la institucionalidad del país y esperamos que la ley nos proteja”, señaló Paula Domínguez, integrante de la organización “Atacama sin Carbón”.
En cambio, la empresa MPX Energías, a través de la abogada María Paz Cerda, acusa una alta judicialización de los proyectos energéticos en nuestro país.
“Estamos expuestos a que cualquier opositor, por cualquier molestia que tenga, quiera oponerse a la resolución de un proyecto. Tendremos que defendernos, pero creemos que aceptar estas actuaciones es pésimo para la institucionalidad ambiental. Estamos seguros que cumplimos con la ley y que el proyecto no es contaminante”, argumentó Cerda.
LA MÁS CONTAMINANTE DE LATINOAMÉRICA
El proyecto eléctrico considera la construcción de seis centrales a carbón de 350 MW cada una y dos a petróleo, con una capacidad total de 2.350 MW. Se estima que la termoeléctrica Castilla, de construirse, sería la más grande y contaminante de Latinoamérica, de una magnitud de unas cuatro veces Barrancones (Punta de Choros). Es tal la envergadura del proyecto, que aumentará cinco veces las emisiones de CO2 en la región, afirman los ambientalistas de “Atacama sin Carbón”, ya que la planta, en plena operatividad, liberaría unas 4,9 millones de toneladas de CO2 por año, lo que representaría un 8% de las emisiones totales del país (las emisiones a nivel país en el 2006 fueron de 59,8 millones).
Otro de daño medioambiental es que afectaría la biodiversidad marítima. Para funcionar, la termoeléctrica requiere enfriar sus turbinas con agua procedente del mar, extrayendo microorganismos en el proceso de succión. Luego del enfriamiento, el agua es devuelta con un aumento de temperatura de hasta 10 ºC y con una cantidad importante de cloro, afectando a la vida marítima de los alrededores. Además, la planta estaría emplazada en las últimas playas vírgenes del país, donde reside la colonia de tortugas verdes más austral del mundo además de especies vulnerables, y en extinción, como el guanaco y la gaviota garuma y pingüinos de Humboldt.
El proyecto, además, contempla un centro de depósito de cenizas de 125 hectáreas a 10 kilómetros de Totoral, una de las pocas comunidades agrícolas de la zona y que habita el lugar desde hace más de 370 años. El peligro para la comunidad es tremendo. El carbón pulverizado es el combustible más contaminante que existe en el planeta: Contiene azufre, material particulado y sustancias cancerígenas como el níquel (cualquier dosis puede causar cáncer).
INTERESES POLÍTICOS DE POR MEDIO
En febrero pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, visitó Chile, se entrevistó con el ministro de su misma cartera chileno, Mariano Fernández, comprometiéndolo a que no se parara la construcción del proyecto, protegiendo los intereses de la empresa de su país. También se reúne con el Presidente Piñera, con la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez y con el director Ejecutivo de Conama, el ex PPD Álvaro Sapag.
En el mismo mes, la empresa brasileña contrata al estudio de abogados Bofill Mir & Alvarez Hinzpeter Jana para que la defienda, bufete del que era socio el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Sapag determina suspender la tramitación ambiental del proyecto por más de 5 meses, lo cual está fuera de sus atribuciones legales que obligan a responder en 180 días, para dar paso al cambio de clasificación por parte del nuevo Seremi de Salud, Raúl Martínez.
“Álvaro Sapag congela el proceso de manera ilegal, porque son 180 días que tiene la Corema para entregar un veredicto. En la mitad de todo esto cambian al Seremi y ponen a Martínez, un ginecólogo de Talca, con órdenes claras de aprobar el proyecto y se junta con MPX, y sin antecedentes nuevos cambia la clasificación de contaminante a solo ‘molesta’, con lo cual, naturalmente se le puede dar el visto bueno al proyecto”, señala el abogado Álvaro Escobar, representante de Paula Domínguez y su familia, quienes interpusieron el recurso de protección en contra de la termoeléctrica.
Tras esto, Sapag renuncia. Por otra parte, MPX Energía cambia de gerente general en Chile, reemplazando a Luis Hormazábal por Pedro Listek. Posteriormente, el ministro de Energía, Ricardo Raineri, solicita la renuncia del director ejecutivo subrogante de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN, y nombra al mismo Hormazábal como sucesor.
En el Comité de Defensa Atacama sin Carbón, se preguntan en un documento “por qué Batista -dueño de la empresa MPX- no se queda en Brasil haciendo su proyecto termoeléctrico. De seguro que la ley no se lo permite. Paradójicamente allí le dieron luz verde para desarrollar la primera planta fotovoltaica en el estado de Ceará. Es decir, a Chile nos trae contaminación y en Brasil desarrolla energías limpias. Esto es grave ya que Atacama es una región que permite el desarrollo de energías sustentables tipo eólica, solar, mareomotriz y olamotriz”, aseguran.
Paula Domínguez dice que “esto ha pasado de ser algo de nuestra familia a un asunto nacional, porque hay irregularidades políticas que han sido una vergüenza”, sentencia.
POR QUÉ DECIR NO A CASTILLA:
Además de varios de los puntos que se han expuesto en el cuerpo de este reportaje:
– Afectará al Desierto Florido, fenómeno único en el mundo
– Porque las fuentes de trabajo que creará son mínimas (270) en comparación al daño ecológico irreversible
– Porque nos sumamos a las iniciativas de energías limpias para el país, especialmente el norte con sus beneficios de sol, viento y mareas
-Lobby por MPX, tráfico de influencias, proceso de tramitación oscuro e ilegal.
Movimiento Atacama Sin Carbón
Por Sebastián Fierro Kalbehn
Fotografía: Referencia del lugar donde se emplazaría la termoeléctrica.
El Ciudadano N°91, segunda quincena noviembre 2010
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