Robo de tierras, destrucción de bosques y pérdida de biodiversidad: Informe revela devastador impacto de plantaciones de Forestal Arauco y CMPC

Una investigación realizada por la red Environmental Paper Network (EPN), que agrupa a más de 150 organizaciones de la sociedad civil; reveló los devastadores impactos socioambientales de la actividad de plantaciones forestales en Chile, así como el robo de tierra a las comunidades mapuches por parte de estas empresas.

En el informe, se presenta que la industria papelera en Chile se encuentra dominada por la industria Celulosa Arauco y Constitución, que comenzó siendo una empresa pública, no obstante, fue privatizada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

«Los militares concedieron una fábrica de papel y una empresa forestal (ambas a cargo del
Estado hasta ese momento) a una rica familia de empresarios petroleros, llamada Angelini. Celulosa
Constitución y Celco, tras nuevas fusiones, se convirtieron en Celulosa Arauco y Constitución», comienza el informe.

«La empresa obtuvo entonces más de un millón de hectáreas de tierra concedidas por la Junta Militar, en su mayor parte arrebatadas a las comunidades mapuches, y recibió generosos subsidios para
convertir la tierra en plantaciones forestales. Las comunidades locales fueron desalojadas por la
fuerza por los funcionarios de Arauco, respaldados por el ejército», añade el texto.

De igual forma, señalaron que desde 1975 hasta el 2007, las forestales aumentaron 10 veces y ocuparon en un 43% el centro-sur de Chile; generando una disminución de los bosques naturales.

Colocaron como ejemplo la cordillera de Nahuelbuta, ubicada entre las regiones de Biobío y la Araucanía, que en los 25 años transcurridos entre 1986 y 2011, un tercio de los bosques naturales fueron sustituidos por monocultivos con fines madereros».

Robos de tierra durante la dictadura

En referencia al robo de tierras – señala el informe -; empresas como la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones de Puente Altorecibieron (CPM) y la empresa petrolera de Chile, CoPeC; tomaron las tierras de instituciones estatales, a pesar de que ya eran propiedad de las comunidades locales, como en el caso de Curanilahue.

«En otros casos, la empresa compró las tierras a los pobladores, pero la empresa fijó el precio y las familias locales fueron obligadas a vender. Los que se resistieron se enfrentaron a intimidaciones y agresiones directas, como la quema de sus casas», refiere el texto.

«En las tierras arrebatadas a los mapuches, Arauco, CMPC y otras empresas forestales establecieron
plantaciones extensivas, en gran parte subvencionadas por el Estado. La dictadura concedió
generosas exenciones fiscales al desarrollo de plantaciones de celulosa. También publicó el Decreto
DL 701, que concedía subvenciones por 10 años que cubrían el 75% del costo del desarrollo y manejo
de las plantaciones. El 50% iba directamente a la empresa y el 25% a los accionistas. Entre 1974 y
1994, se concedieron estos incentivos para 807.203 hectáreas de plantaciones forestales», añade el informe de la organización.

Pese al retorno de la democracia en el país, el Estado «no ha restaurado los bosques naturales, ni se han devuelto las tierras robadas a sus propietarios originales».

«Cuando las comunidades indígenas trataron de reclamar sus tierras tradicionales, se encontraron con una violencia y una criminalización que derivaron en protestas y represión», puntualizó.

Ante la solicitud de EPN de comentar las conclusiones de este informe, Arauco respondió con una carta en la que la empresa afirma que estas descripciones de conflictos territoriales «carecen de fundamento y no involucran a empleados de ARAUCO», refiere Resumen.

Décadas de violencia contra la comunidad mapuche

En el informe, además, se refiere a los hechos de violencia contra la comunidad mapuche, durante décadas tras el reclamo de las tierras.

«Las autoridades chilenas actuaron en apoyo de las gigantes forestales y papeleras y trataron las protestas como delitos comunes, como conspiración, amenazas y cuatrerismo. En consecuencia, la policía militarizada (un cuerpo conocido como Carabineros, todavía marcado por la época del gobierno militar), fue mandada a menudo para dispersar a los mapuches cuando intentaban reclamar sus tierras, y restablecer el orden», expresa el informe.

«Como resultado del enfrentamiento de las protestas sociales con medidas de excepción y leyes de
emergencia, entre 2009 y 2013, ochenta personas mapuches acusadas de delitos relacionados con las
protestas contra el acaparamiento de tierras fueron encarceladas en instalaciones del Estado», añadió.

Cabe recordar que, durante el gobierno de Sebastián Piñera, decretó un Estado de Excepción en la llamada Macrozona Sur, medida que se extendió por seis meses.

Pese a su postura de rechazo durante la candidatura presidencial, desde mayo, el presidente Gabriel Boric decretó un nuevo Estado de Excepción «acotado» en el Wallmapú; el cual ya cuenta con tres prórrogas.