La Conservation Law Foundation (CLF) presentó ante la Corte del Distrito de Maine una demanda por daño ambiental en contra de la filial estadounidense de la empresa Cooke Aquaculture.
Cooke Aquaculture es originaria de Canadá con presencia en 14 países, y opera también en Chile en el litoral de la región de Aysén, específicamente en el fiordo Cupquelán incluido el interior del Parque Nacional Laguna San Rafael, en la región de Aysén. Conservation Law Foundation, en tanto, es una organización que aboga por el acceso a la justicia ambiental en Estados Unidos, con seis décadas de experiencia protegiendo la biodiversidad y las comunidades que de ella dependen.
La fundación acusa a la empresas de cometer infracciones a la “Ley Federal de Control de Contaminación de las Aguas” (Federal Water Pollution Control Act), también conocida como “Ley de Agua Limpia”.
La CLF sostiene que los sitios de cultivo de salmón de Cooke Aquaculture en la costa de Maine contaminan las bahías del estado, donde la pesca de langosta es una industria clave. Las granjas consisten en jaulas en el océano donde se cría el salmón del Atlántico para el consumo alimentario.
De acuerdo con la organización ambiental, la salmonera descarga contaminantes como heces de pescado, peces muertos y basura en las aguas costeras de Maine.
La demanda de la CLF que fue presentada esta semana ante la justicia norteamericana plantea que “Cooke Aquaculture daña el medioambiente marino al criar millones de salmones en cientos de jaulas a lo largo de la costa de Maine. Los desechos de los salmones, densamente agrupados, forman una capa gruesa de sedimentos tóxicos en el fondo del océano, fomentan enfermedades, albergan parásitos, y escapan para cruzarse con salmones silvestres en peligro de extinción. Además, Cooke vierte basura en las aguas de Maine”.
“Cooke viola continuamente la ‘Clean Water Act’ en sus 13 sitios activos en Maine, mediante sus jaulas y operaciones relacionadas al añadir contaminantes a las aguas de los Estados Unidos, incluyendo, entre otros, desechos de pescado, basura, piojos de mar, enfermedades y peces muertos, violando los requisitos de los permisos vinculados a monitoreo, informes y los Estándares de Mejor Tratamiento Practicable (Best Practicable Treatment Standards)”, señala el libelo.
Según la agrupación, “las descargas ilegales de Cooke perjudican a los miembros de la Conservation Law Foundation (CLF), quienes trabajan y realizan actividades recreativas a lo largo de las costas de Maine, y dependen de un ecosistema marino saludable para su sustento y disfrute”.
“Estas enormes jaulas de salmón son como tuberías de aguas residuales para el ambiente marino”, señaló recientemente Heather Govern, vicepresidenta del programa de aire y agua limpia de la fundación. “Sus desechos sólidos sofocan plantas y vida oceánica mientras que los brotes de enfermedades y los piojos de mar amenazan al salmón silvestre bajo amenaza en las áreas cercanas”, alertó.
Daño ambiental en Chile
Las denuncias por daño ambiental provocado por Cooke Aquaculture cruzan fronteras entre Chile y Estados Unidos.
La situación que se registra en Maine se homologa a la forma de operar de Cooke en nuestro país, al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael.
Cabe recordar que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha ordenado procesos sancionatorios contra la salmonera por elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). por incumplimientos de sus permisos sectoriales y operaciones sin resolución de calificación ambiental. A lo que se suma la sobreproducción al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael.
Por ejemplo, en 2021 el organismo inició un proceso sancionatorio contra Cooke Aquaculture por 9 incumplimientos ambientales asociados a 3 centros: Huillines 2, Huillines 3 y Punta Garrao, todos ubicados al interior del mencionado parque.
Huillines 3 ha estado inoperativo desde que, en 2022, el organismo ordenó la paralización de sus actividades por posibles impactos ambientales, medida que fue ratificada por el Tribunal Ambiental de Valdivia.
En dicha ocasión, se frenó la siembra de 170.000 salmones, por sus posibles efectos ambientales.
Más recientemente, a finales de octubre de 2024, una ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) fue encontrada sin vida en las cercanías del centro de cultivo «Huillines 3», propiedad de Cooke Aquaculture, ubicado dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, en la región de Aysén. Un hecho que actualmente es es investigado por la Superintendencia del Medio Ambiente, el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Pesca y la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI.
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— ❗️Defendamos Chiloé❗️ (@DefendamsChiloe) October 30, 2024
⚠️Siendo que hace menos de 24 horas se hizo viral en #chile el caso de ballena jorobada muerta en centro de salmonera Australis , en la Reserva Nacional Kawésqar (un area protegida) región de #magallanes-nos enteremos de este 2do caso , de la… pic.twitter.com/mQmgDUkrGG
El hallazgo fue realizado por la tripulación de Kawésqar Patagonia, una empresa de turismo que realiza tours en la zona y que recorre la ruta entre Bahía Exploradores y la laguna San Rafael, quienes reportaron que el cuerpo del cetáceo se encontraba localizado en un lugar próximo a las instalaciones abandonadas de la salmonera.
Un preinforme de la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI estableció que el ejemplar registraba heridas atribuibles a enmallamiento, cables y operación de lanchas.
Ante la denucia presentada por la CLF ante la justicia norteamericana, el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA), Erwin Sandoval Gallardo, señaló que “Cooke Aquaculture, sin lugar a dudas, es uno de los claros ejemplos de las malas prácticas e ilegalidades enraizadas en la industria salmonera, que no se circunscriben únicamente en su operación en Chile“.
“Así como en el Estado de Maine, ciertamente que en nuestro país y, particularmente, la Superintendencia de Medio Ambiente, se debe perseguir y sancionar severamente a esta empresa, precisamente por las gravísimas ilegalidades que ha cometido al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael”, planteó.
“Por ello, esperamos y alertamos que el Estado, más que premiarlas con un acuerdo de relocalización de sus concesiones, debe sancionar sus ilegalidades con el retiro de sus permisos ambientales y concesión acuícola”, agregó Gallardo, citado por Diario U de Chile.