Esto tras evaluar la adenda presentada por la empresa en respuesta a los pronunciamientos de los servicos técnicos, y considerar que esta introducía cambios sustanciales que modificaban el proyecto original más allá de lo que permite la naturaleza del referido documento. Incluso, la empresa propone cambios y medidas que habían sido descartadas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en razón de las evaluaciones científicas realizadas.
Al respecto de dichas modificaciones fueron 15 de los 18 servicios evaluadores los que manifestaron su disconformidad, repitiendo observaciones relacionadas con la planta desalinzadora y los efectos acumulativos que se producirían sobre el el fito y zooplancton; su cercanía a zonas protegidas como la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y los riesgos de derrame de hidrocarburos (como el reciente caso de Quintero); y la viabilidad del proyecto de drenaje y reinyección del subacuífero; entre otras numerosas objeciones.
Esta decisión se da luego de que se destapara – en el marco de la investigación del caso Pentagate– los pagos efectuados por la empresa a Pablo Wagner, ex sub secretario de Energía, mientras el proyecto se encontraba en proceso de aprobación de la etapa de prospección.
Según lo constatado por el fiscal encargado del caso, Carlos Gajardo, Wagner habría recibido pagos bimensuales de parte del holding durante los dos años que ocupó el cargo, bajo el mandato de Piñera, lo que llevó al Consejo de Defensa de Estado a querellarse por el delito de cohecho contra el sub secretario.
Según el líbelo presentado por el CDE, Wagner habría recibido 14 pagos por tres millones de parte del Grupo Penta que dirige Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, cifra que alcanzaría los $ 42 millones mientras ejercía el cargo de subsecretario.
Todo esto, levanta un manto de dudas sobre la transparencia del Servicio de Evaluación Ambiental, ante la posibilidad de corrupción en la entrega de la Resolución de Calificación Ambiental para los trabajos de prospección del proyecto Dominga. Por otra parte, pone en tela de juicio la credibilidad de Andes Iron SpA, no sólo por el posible cohecho sino, además, por la contradicción entre las propuestas de su Estudio de Impacto Ambiental, versus las contenidas en la Adenda.
Cabe recordar que el proyecto tiene por objeto producir y comercializar concentrado de hierro (Fe) como producto principal y concentrado de cobre (Cu) como subproducto.
Daño Ambiental
El proyecto minero se ubicaría a tan solo 29 kilómetros de de las Reservas Marinas de la zona de Punta de Choros, IV Región, zona de nidificación y migración de aves, entre ellas el pingüino de Humbolt, donde además habitan más de 20 especies de mamíferos marinos, entre ellas ballenas, lobos de mar, delfines y chungungos.
Las reservas marinas presentes en la zona generan una economía basada en el turismo, que la comunidad ha aprendido a explotar de manera sustentable y que ahora se pone en riesgo con el referido proyecto. De hecho, este es más invasivo que las tres termoeléctricas que querían instalarse años atrás, y sus descargas y puerto se ubican a menos de 13 kilómetros del lugar donde se inhabilitó la conocida termoeléctrica Barrancones.
El Movimiento de Defensa de Medioambiente de La Higuera (Modema), publicó un comunicado en el que señalan que “iniciativas como “Dominga” desafían toda lógica de desarrollo y sentido común y constituyen un retroceso respecto actividades sustentables y conservación de la biodiversidad”.
A continuación puede ver una de las acciones audiovisuales destinadas a denunciar las graves consecuencias del proyecto, donde el actor Pancho Reyes y las organizaciones ciudadanas Modema (Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de la Higuera), Chao Pescao y Reserva Marina, muestran la riqueza marina de la zona, ahora en peligro.