Pese a que desde hace unos 15 años en Chile es legal registrar semillas, todavía la producción de semillas permanece en manos de muchos y muchas agricultores. Por eso la fruta y verdura que compramos en las ferias libres proviene de la pequeña y mediana agricultura campesina, sustentada en su propia autonomía de producción. Esa es la realidad que hoy quiere cambiar el Proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, iniciativa ya aprobada por la Cámara de Diputados en 2011 y cuya discusión inició ahora el Senado. Es lo que llamamos “privatización de la semilla nivel 2”, ligada al Convenio UPOV 91 que garantiza royalties para los dueños de las semillas híbridas y/o transgénicas. Ahora sabemos de ello y de Monsanto. Pero cuando se patentó en Chile por primera vez una semilla y se firmó, en 1996, la versión 1978 de ese Convenio de Protección de Variedades Vegetales -que protege los bolsillos de las transnacionales- sólo se enteró un estrecho círculo. Pero Chile cambió. Ahora diversas organizaciones sociales, campesinas y ambientales están denunciando los verdaderos contenidos de la iniciativa luego que el proyecto de Ley de Obtentores se reactivara, inmediatamente después de la visita del Presidente Piñera a Obama, en mayo de 2013.
Ni el Senado ni el gobierno han hecho la consulta a los pueblos indígenas, estipulada por el Convenio 169 y el tema aún es ignorado por muchas organizaciones campesinas. El Senado escuchó al MUCECH, una organización funcional a los gobiernos de turno que está a favor de la expansión de los cultivos transgénicos. ANAMURI, Grain, RAP-AL y Yo No Quiero Transgénicos en Chile; la Confederación de Cooperativas Silvoagropecuarias, CAMPOCOOP, Chile Sustentable y Chile sin Transgénicos plantearon su decidido rechazo al proyecto y demandaron que sea analizado por las comisiones de derechos humanos y de medio ambiente antes de pasar a su discusión por la plenaria del senado. INIA y la Universidad de Chile se unieron a los miembros de ANPROS y a los empresarios frutícolas en la defensa del proyecto.
A nivel global, los países más ricos en biodiversidad y con economías agrarias más importantes, se mantienen como firmantes del convenio UPOV 78 resistiendo las presiones de Estados Unidos. NO han firmado el Convenio UPOV 91 ni reformado sus leyes de semillas. En América Latina ese es el caso de Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil, México, Nicaragua y Paraguay. A nivel global, China, Kenya, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, y Sudáfrica tampoco lo han suscrito. Estos países se muestran interesados en resguardar su biodiversidad y su patrimonio.
Van por más
El lobby del proyecto defendido por el gobierno de Piñera, corre por cuenta de las transnacionales Monsanto, Dupont/Pioneer, Bayer y Syngenta, productoras de semillas y de agrotóxicos, las principales “obtentoras” globales de registros de semillas, junto a su aliado nacional, Erik von Baer, con llegada directa al Senado. Si tienen éxito, se derogará la antigua ley de semillas y se impondrá la ley de obtentores vegetales. Porque a los obtentores no les basta con ser dueños de más del 80% de las semillas registradas en el SAG. Se quejan de “piratería” respecto de “su” propiedad intelectual y pretenden además que se extienda a 20 y 25 años la vigencia de cada registro.
Con la ley 19.342, Chile estableció un registro de obtentores vegetales. A mayo de 2013 existe un total de 707 variedades de especies agrícolas, frutales, ornamentales y forestales registradas (www.sag.cl). Del total de 141 variedades “protegidas” de especies agrícolas, Semillas SZ (de empresas holandesas) ha registrado 27 variedades de papas. Monsanto ha registrado 22 variedades de arvejas, cebollas, cilantro, frejol, lechuga, melón, pepino y tomate, en tanto que ANASAC detenta 14 registros de variedades forrajeras: ballicas, pastos y tréboles, más trigo harinero para empresas propietarias también extranjeras, de Nueva Zelanda, Francia, y Australia. La transnacional Bayer tiene 6 obtenciones de alcachofa, con el nombre de fantasía de “Semillera Nunhems”. La semillera norteamericana Agric. Panam Seed Service detenta 7 variedades de maíz, mientras que Alliance Semillas, de Limagrain, Francia, tiene 2 de frejol y Anasac una de trébol rosado. Estas empresas integran ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas, lobbyista de este proyecto de ley.
La alstromeria, la quinoa y la frutilla
En el rubro de las especies ornamentales no existen obtentores chilenos. De las 99 variedades registradas, 93 lo son por Holanda. Pero sí hay biopiratería: el registro de la alstroemeria, a partir de una especie nativa chilena, sin que ello signifique para el país ningún tipo de royalty. Chile no protege el acceso al patrimonio genético ni ha ratificado el Protocolo de Nagoya referido a ello.
Los obtentores chilenos se concentran en el rubro agrícola, siendo Erick von Baer, quien registra más variedades: de quinoa, cebada, avena, entre otros. Von Baer fue durante 20 años presidente de ANPROS. El INIA (10 obtenciones) y Fundación Chile (1) son las únicas entidades públicas que figuran en el registro actual. En frutales, que concentra el mayor número de variedades (461) hay sólo 23, es decir apenas un 5% en manos de empresas chilenas. Casi la mitad de las 461 inscripciones están registradas por empresas y universidades norteamericanas junto a Nueva Zelanda (40 registros), España (30), Francia (23), Israel (20). La frutilla, de la cual Chile es centro de origen, está registrada por empresas de Estados Unidos (24) y España (3 obtenciones). Como se ve, unos pocos países del norte global monopolizan el negocio. La ley de obtentores les entrega el control sobre las semillas, lo que implica dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente que puedan realizar investigadores chilenos.
Es llamativo que en el registro actual del SAG no figuren las plantas medicinales, lo cual explicaría el lobby empresarial para incluir también este tipo de especies. La extensión de la duración del registro, de 15 a 20 y 25 años, y la prohibición de la guarda e intercambio de semillas (artículos 48 y 49), así como la facultad entregada al obtentor para perseguir judicialmente el uso indebido de las semillas registradas (Art. 48), sólo persiguen aumentar las ganancias de las empresas citadas.
Privatizar un bien común
Resolver los problemas de la pequeña agricultura familiar campesina no ha sido prioridad para ninguno de los gobiernos chilenos. Pero el Presidente Piñera –y la ex presidenta Bachelet, autora de esta iniciativa de ley – profundizarán esa crisis al entregar nuevas e ilimitadas garantías a los obtentores de semillas. Es la privatización de la semilla, porque la ley permite que luego de un trabajo de manipulación genética, se garantice el cobro de un “derecho de obtentor” o royalty por lo que se hace a partir de la semilla original, un bien común, patrimonio de los campesinos e indígenas, que han sido sus seleccionadores y guardadores desde el inicio de la agricultura. Utilizando una comparación, esto es como si una persona pintara un edificio y luego alegara propiedad sobre el mismo.
La agenda oculta tras la ley
Al entregar nuevas atribuciones a los obtentores, este proyecto apunta a expandir la agroindustria exportadora, a limpiar el territorio rural de cultivos orientados hacia el mercado interno (para plantar pinos y raps transgénico), y a generar nuevos monocultivos para la producción de farmacultivos cuyo nombre no se menciona en el articulado para no incluir una palabra muy vinculada a Monsanto y Bayer: transgénicos.
Con este marco legal se busca impedir de hecho que los agricultores produzcan sus propias semillas, lo que generará además, pérdida de la biodiversidad. La semilla “mejorada” será impuesta en la práctica por el mercado, el Estado (a través de INDAP, los subsidios y créditos) y la publicidad, rematando una práctica ya habitual. Así se facilitan los procesos de concentración de las empresas que tendrán en sus manos los precios de las semillas. Lógicamente los alimentos también serán más caros. Este proyecto de ley asegura a las empresas un control monopólico del primer eslabón de la cadena de producción de los alimentos, que son las semillas.
Los obtentores y el Convenio UPOV
El gobierno requiere sacar adelante esta ley para que se pueda promulgar el convenio UPOV 91 que ya aprobó el Senado en 2011, entre gallos y medianoche. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV no es un Convenio de Naciones Unidas como el Convenio sobre Biodiversidad, el Convenio de Estocolmo u otros convenios firmados por Chile. UPOV es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada luego por los gobiernos. Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.
El proyecto no establece ningún tipo de salvaguardias para especies y variedades vegetales nativas que existen en forma silvestre y no protege los usos agrícolas, medicinales u otros que tradicionalmente han ejercido campesinos y comunidades indígenas. Así, la propuesta legal facilita el establecimiento de derechos que afectarán especies nativas de uso tradicional. Como ejemplo se puede observar lo que ha ocurrido con el tomate, ya que las variedades registradas por Monsanto han copado el mercado y hecho desaparecer el tomate originario del país, remplazado debido a la ventaja comercial de las insípidas variedades de larga vida.
Este convenio ha sido resistido por pueblos indígenas de todo el mundo, y es considerado por ellos como una nueva forma de robo legal de plantas que ellos han intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La selección, mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun– es un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo, reconocido en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO, del cual Chile es signatario. Las mujeres campesinas e indígenas y las comunidades campesinas son las verdaderas gestoras de la diversidad y riqueza genética que utilizan las corporaciones semilleras, para desarrollar las variedades híbridas y transgénicas. No se trata de una “creación” sino de una usurpación.
Criminalización marca Monsanto
De acuerdo a los términos de la ley, el agricultor que cultive semillas “mejoradas”, deberá comprar todos los años esa semilla si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y plantaciones. Los infractores a la ley podrán ser demandados directamente por Monsanto, Pioneer, Syngenta o cualquier obtentor el cual podrá lograr que un juez ordene destruir la cosecha.
El convenio no garantiza que las variedades registradas por los obtentores sean mejores o estén accesibles en Chile. Para registrar una planta sólo se pide que no esté inscrita antes en un registro oficial y que la variedad sea homogénea y estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad tendrán para resistir la sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay biodiversidad. Si se produce una plaga que ataca esa variedad impuesta por el mercado, ese año simplemente no habrá cosecha de ese alimento.
Al no exigir calidad a la nueva variedad, la ley hace posible que se registren variedades de calidad inferior a todas las conocidas, por las cuales se deberán pagar los precios fijados por las semilleras.
Un solo lobby para tres proyectos
El convenio UPOV 91, el proyecto de Ley de Obtentores y el proyecto de Bioseguridad que pretende legalizar los transgénicos expandiendo los actuales semilleros de exportación y legalizando los cultivos para el mercado interno, tienen los mismos actores y lobbystas: las transnacionales semilleras y agroquímicas organizadas en ChileBio y ANPROS.
La campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile (www.yonoquierotransgenicos.cl, facebook Yo No Quiero Transgénicos), ha desarrollado movilizaciones en Valparaíso y Santiago en defensa de la semilla. El objetivo implícito del convenio Upov 91 y de esta ley, es generar mejores condiciones para la introducción de los cultivos transgénicos en el mercado interno. La tierra quedará a disposición de las semilleras productoras de transgénicos, de la agroindustria de exportación, y/o de las forestales, intensivas en uso de agrotóxicos y fertilizantes y con escasa utilización de mano de obra. Es el vaciamiento del campo. Sin las semillas que permiten la agricultura de subsistencia, las familias campesinas e indígenas se verían forzadas progresivamente a abandonar sus predios. Este tipo de leyes dan como resultado el despoblamiento del campo y el aumento de la marginalidad en la ciudad ya que el precio de la semilla y del paquete químico/tecnológico es tan alto que no está al alcance de la pequeña agricultura familiar campesina.
Pero las guardadoras de semillas, los pequeños agricultores, junto a centenares de colectivos y organizaciones que promueven los cultivos agroecológicos con semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas; los agricultores biodinámicos, los permacultores, y quienes desarrollan huertos urbanos y otras formas de cultivos sustentables están reaccionando. La semilla campesina se está convirtiendo en una semilla en resistencia.
Por Lucía Sepúlveda Ruiz
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