La pelea judicial entre la empresa de materias primas Glencore y la mina Los Pelambres del Grupo Luksic, acusada de traspasar la frontera chilena y botar miles de toneladas de desechos en la localidad de Calingasta, Argentina, ya se convirtió en un conflicto internacional, según el vicecanciller del gobierno trasandino Carlos Foradori.
La semana pasada, la autoridad participó en un plenario de comisiones de la Cámara Alta, presidida por los senadores Fernando Pino Solanas y Julio Cobos, de Ambiente y Relaciones Exteriores, respectivamente, donde expusieron sobre el asunto representantes de la Provincia de San Juan, el ministro de Minería Alberto Hensel, la secretaria de Relaciones Institucionales Elena Peletier y el embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón.
“Esto no es un problema de dos empresas privadas sino de territorialidad de dos repúblicas, la de Chile y la Argentina», manifestó Foradori, agregando que «el reclamo es a un Estado, al Estado de Chile, no a una empresa».
La Cancillería del vecino país admitió que un estudio realizado por SEGEMAR en 2014 confirmó que el vertedero produce contaminación. “Lo que ha habido es un reconocimiento del error de parte de Chile, por lo que esperamos que se proceda como es debido», aseguró.
El senador Fernando Solanas denunció que “la presencia de este megabasurero es un problema serio contra nuestra soberanía nacional. Antofagasta Minerals está contaminando y violando nuestro territorio. Estamos ante un hecho sorprendente: 52 hectáreas de suelo argentino son el basurero de desechos minerales chilenos que contaminan la mayor cuenca hídrica de la provincia, muchas lagunas y vegas que se han reducido y alterado sensiblemente”.
El parlamentario afirmó que «para que esto no se duerma necesitamos que haya una declaración explícita del gobierno chileno que va a retirar y restituir”.
Cabe destacar que el 5 de septiembre Solanas presentó un escrito judicial en la Justicia Federal de San Juan para declarar la inconstitucionalidad del acuerdo alcanzado por esa provincia con Pelambres, que compromete realizar solo un «aislamiento» de los gigantescos neumáticos depositados en la zona.
Según el texto que El Ciudadano revisó, el senador planteó que el acuerdo violaría «la obligación de recomponer que dispara el daño ambiental, así como la flagrante violación del último párrafo de la Constitución Nacional», que taxativamente «prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual y potencialmente peligrosos y de los radioactivos».
A fines de julio, la oficina de Solanas acusó a la administración de Bachelet de favorecer a Luksic teniendo a la vista los correos electrónicos que este medio reveló en exclusiva ese mismo mes, y que podrían constituir un tráfico de influencias por la ministra de Minería, Aurora Williams, imputación que ella descarta.
Los cuestionamientos se relacionan con la carta de buena fe emitida por el jefe de gabinete de la titular de esa cartera, Adolfo Galindo, al abogado de AMSA Andrés Jana. Recordemos que a ésta se adosó un informe pagado por Luksic que descartaba contaminación de la escombrera, pero con el timbre del ministerio, a fin de presentarlo en tribunales sanjuaninos y beneficiar a la empresa.
En agosto, la diputada integrante de la Comisión de Medioambiente de la Cámara Baja, Cristina Girardi, pidió cuentas sobre lo anterior a la ministra Williams en un oficio que transcribió diversas informaciones de prensa alusivas a la maniobra.
Por este mismo caso deberán declarar como imputados en Argentina a lo menos tres gerentes de Pelambres.
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