Senador Jaime Naranjo da la espalda a campesinos y temporeras afectadas por agrotóxicos

En el Día del Medio Ambiente, 5 de junio, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, integrada por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL) denuncia la complicidad del senador Jaime Naranjo (PS), Presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, con los empresarios y distribuidores de plaguicidas en contra de los campesinos.

El día 3 de junio de 2009 el senador Naranjo votó en la comisión mixta Senado/Cámara contra los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras del agro en materia de salud, y contra la protección del medio ambiente, al rechazar por segunda vez  la idea de legislar, propuesta por el proyecto 4.877-01, de eliminación de los plaguicidas más dañinos por su alto nivel de toxicidad. En la sesión, Jaime Naranjo impidió que se pronunciaran sobre el tema las autoridades del Ministerio de Salud y dejó a las organizaciones campesinas y ambientales fuera de la discusión.

Resulta insólita la pretensión de este senador de torcerle la mano a la Cámara de Diputados que despachó el proyecto al Senado en el 2008 con la aprobación unánime de la Comisión de Agricultura y del pleno de la Cámara de Diputados.  La comisión mixta estuvo integrada por los senadores Jaime Naranjo, Hernán Larraín, Andrés Allamand y los diputados Alejandro Sule, Eugenio Tuma y Ramón Barros. Sólo votaron a favor del proyecto los diputados Sule y Tuma. La iniciativa será vista próximamente en sesión plenaria del Senado.

¿Saben sus electores como vota y actúa el senador Naranjo? Él representa a la Región del Maule, que registra el volumen más alto de uso de plaguicidas del país, con población campesina y trabajo temporero. Junto a las regiones de O’Higgins y Metropolitana, tiene las mayores tasas de muertes e intoxicaciones agudas y crónicas por plaguicidas en los registros históricos. Con anterioridad, el 31 de marzo de 2009, su voto, junto a los de Alberto Espina (RN), Hernán Larraín (UDI), Guillermo Vásquez (PRSD)  y Hosaín Sabag ( DC),  también fue contrario al proyecto. Aquí vemos a la Concertación aliada con la derecha y las transnacionales productoras de agrotóxicos, resguardando intereses de empresas contaminantes y volviendo la espalda a los campesinos, temporeros y temporeras, niños de sectores rurales con malformaciones congénitas por la exposición de sus padres a plaguicidas, y también a los consumidores de nuestro mercado interno, a quienes finalmente llegan los productos contaminados con residuos alta y extremadamente tóxicos.

Cifras dadas a conocer por la Red de Vigilancia Epidemiológica (REVEP), dependiente del Ministerio de Salud, indican que en el año 2008 se notificaron 795 intoxicaciones, y 4 muertes provocadas por exposición a plaguicidas, siendo las regiones más afectadas las del Bíobío y O’Higgins. En la Región del Maule, que representa el senador Naranjo, se registraron 50 intoxicaciones el año pasado, cantidad que duplica la del año anterior. Un 15% de los casos registrados son suicidios con plaguicidas, una cifra elocuente respecto del efecto de las sustancias químicas más peligrosas. Las intoxicaciones de origen laboral ocupan el primer lugar en la tabla, con 48,7% de los casos, seguidas por los accidentales no laborales (34%). El número real de intoxicaciones es mucho mayor, dado que generalmente los trabajadores afectados no denuncian lo ocurrido por temor a represalias, o los servicios de salud no registran debidamente los episodios por un mal diagnóstico o por falta de información sobre los efectos de los plaguicidas. Por tanto, se estima que la cifra total de intoxicaciones es cuatro veces superior a la estadística oficial, superando las tres mil intoxicaciones anuales.

La conducta del senador Naranjo es extemporánea y contradice  la tendencia mundial de eliminación de los plaguicidas más tóxicos expresada en las reuniones de los convenios internacionales sobre sustancias químicas a los que Chile está adscrito, en las políticas de la Unión Europea y en lo establecido en el  Enfoque Estratégico para la Gestión Integral de Sustancias Químicas a Nivel Internacional (SAICM, por su sigla en inglés). La FAO está efectuando llamados urgentes a los gobiernos para que eliminen los plaguicidas 1a y 1b (extremada y altamente tóxicos) y a las empresas agroquímicas a dejar de producirlos. Varios gobiernos europeos y latinoamericanos –el primero es el de Bolivia- ya tomaron la decisión de prohibir estos agrotóxicos.

Asimismo durante la gestión de la ex ministra de salud, Soledad Barría, esa secretaría de gobierno comprometió y fundamentó su apoyo a esta iniciativa.

CHILE: ¿POTENCIA ALIMENTARIA?

Por su  relación con la salud de las personas y el ambiente, y por coherencia con la consigna oficial «Chile, Potencia Alimentaria», en la Comisión de Agricultura de la Cámara los diputados escucharon durante el 2007 y 2008 la opinión de los afectados y de las organizaciones ciudadanas que buscan este objetivo desde hace dos décadas. En cambio, el Senado hasta ahora no ha escuchado a la ciudadanía. No se ha dado a conocer la fecha en que el Senado votará en plenaria el proyecto y ello ocurrirá sin que se pueda conocer oficialmente la opinión de los afectados, por responsabilidad del senador Jaime Naranjo.

Este parlamentario argumentó en la Comisión de Agricultura que el  proyecto de ley 2596, que se encuentra listo para su promulgación, ya ha resuelto el grave problema al que nos referimos. Pero ese proyecto ya está obsoleto respecto de su concepción. Tiene otros objetivos y  no ataca la raíz del problema al no establecer la prohibición de los plaguicidas más dañinos.

Naranjo demuestra absoluta desinformación y desinterés respecto de la demanda de las organizaciones campesinas, que posteriormente le hicieron ver  la diferencia entre ambos proyectos. Además, al fijar un límite de 4 años para la presentación de demandas judiciales por daños ocasionados por plaguicidas,  ese proyecto ignora los efectos crónicos de estas sustancias químicas, que se pueden manifestar en las personas  después de seis, diez o más años de la exposición y que en la mayoría de los casos son enfermedades catastróficas e irreversibles. Esto ha sido ampliamente comprobado por los organismos internacionales relacionados con la materia (Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer, Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos – EPA, Comisión de la Comunidad Europea, entre muchos otros). El proyecto de ley 2596 solamente reconoce el efecto agudo (intoxicación evidente e inmediata a la exposición a plaguicidas).

Cabe destacar que en Chile se encuentran registrados y en uso numerosos principios activos y marcas comerciales de plaguicidas que son extremadamente y altamente tóxicos (1a y 1b) para el efecto agudo. Más exactamente, en los registros figuran 41 principios activos de la categoría “sumamente peligrosos” y 29 principios activos de la categoría “muy peligrosos”, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A esto hay que agregar un número importante de plaguicidas que tiene un reconocido efecto crónico. Por estas razones, muchos de estos plaguicidas autorizados en Chile han sido eliminados del registro de varios países, especialmente de la Unión Europea, como es el caso del carbofurano, benomyl, endosulfán, azinfos metil, carbaril, clorfenvinfos, fluazifop-butil, diazinon, diclorvos, diuron , imazapir, malation, paraquat, permetrina y zineb, entre muchos otros.

Naranjo tendrá en el plenario la oportunidad de reivindicarse y de mostrar que respeta los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras del agro, los llamados “derechos de segunda generación” o derechos económicos, sociales y culturales, y de corregir su nefasto comportamiento respecto del medio ambiente y la biodiversidad, particularmente grave por el puesto que ocupa como presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta.

Alianza por una Mejor Calidad de Vida
(RAP-Chile)
CIAL-ANAMURI-OLCA

El Ciudadano