“ Yo llamaría esta moción, la moción Monsanto”, sentencia María Elena Rozas hablando del proyecto de ley presentado por 5 senadores (2 de alianza, 2 de la concertación y 1 independiente) a fines de 2006 y cuya discusión se iniciará pronto en la Cámara de diputados.
Para la coordinadora nacional de RAP-AL, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, esta moción que trata de un tema técnico aparece cuando este “no está presente en el debate nacional y no es de necesidad urgente”, pues considera que la voluntad de liberalizar totalmente los transgénicos en Chile es “política” y presionada por multinacionales de los transgénicos, como Monsanto1, “que tiene un historial de engaños en el mundo”.
El senador Alberto Espina (RN), a la iniciativa de la moción, señaló a El Ciudadano que esta nació en un contexto de “vacío legal” que existe en el país sobre la materia y que se retome ahora después de haber suspendido los tramites durante el año 2007 “debido a la urgencia de abocarse a la ley de Bosque Nativo”.
Chile ha tenido hasta ahora una política más bien restringida en materia de OGM (organismos genéticamente modificados) ya que en la situación actual, no se permiten los cultivos de semillas para el sustento sino sólo para la exportación y que los productores están controlados por el SAG, Servicio Agrícola y Ganadero. RAP-Chile juzga esa norma bastante satisfactoria ya que “mantiene restringido la liberación“ pero lamenta que Chile no haya firmado todavía el protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, que aportaba nuevas garantías tal como el principio de precaución.
TOTAL INDEFENSIÓN
Junto al diputado Marco Enriquez-Ominami (PS) y Camila Montecinos de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), María Elena Rozas interpeló al gobierno el 12 de Marzo pasado en el Palacio Ariztía por su silencio frente al proyecto de ley y llamó a los diputados a rechazarlo.
La liberalización de los cultivos transgénicos, en las condiciones que presenta esa ley, “dejaría el país en total indefensión en cuanto a proteger la salud y el ambiente”.
Y eso primero porque deja plazos muy cortos (60 días) para aprobar la introducción de un cultivo transgénico. Sabiendo el tiempo que pueden tomar las investigaciones para poner en evidencia los daños provocados por OGM, “eso nos parece más que una irregularidad” sentenció a El Ciudadano María Elena Rozas.
Segundo, denuncia la posibilidad para las empresas de poder hasta “cuestionar las clausuras de salvaguardas”, que permiten a la autoridad de tomar medidas cuando existen incertidumbres sobre los transgénicos. Es el medio que usó Francia en Febrero pasado para congelar los cultivos de maíz transgénicos y que revela una tendencia a la prudencia en UE ya que Alemania, Hungría y Polonia ya habían tomado el mismo camino.
Sin embargo, el principal riesgo que destaca la directora de RAP-Chile es que el dicho proyecto no incluya sanciones en caso de contaminación de cultivos convencionales con transgénicos. Y, peor, las multinacionales podrían apropiarse de los cultivos contaminados “porque pueden exigir que paguen el patente”.
“LOS TRANSGÉNICOS NO TRAEN NADA BUENO”
RAP-Chile, a través de su coordinadora nacional, denuncia la falta de datos científicos y de investigaciones propias para sostener afirmaciones tal como “el uso de las técnicas de la biotecnología moderna en materia de cultivos vegetales favorece el aumento de la productividad de los cultivos” y “la disminución del uso de pesticidas tóxicos” que se encuentran en el proyecto de ley.
Y para contestar a los autores del proyecto que juzgan la situación actual “absurda y favorable a los agricultores extranjeros”, María Elena Roza explica que “es muy diferente un alimento transgénico que si tiene rotulo el consumidor lo puede rechazar o puede que después el país decida no importar, y la producción en el país mismo”. Esa implicaría en efecto “mayor contaminación en el ambiente2 y mayor uso de plaguicidas3” aparte de una importante cesantía ya que el cultivo de los transgénicos requiere una cantidad casi nula de mano de obra.
No es la opinión de Alberto Espina quién sostiene que “hay suficiente evidencia científica, entre ella, declaraciones de cientos de hombres de ciencia, incluso premios Nobel, de que esta tecnología no afecta la salud ni el medio ambiente y por el contrario, existen una serie de mitos respecto de ella que no tienen respaldo científico”.
El senador nos explicó que después de haber sido aprobado el Primer Informe en la Comisión de Agricultura, el proyecto de ley “continua en trámite para el análisis de su Segundo Informe y está en la etapa de analizar y votar las indicaciones presentadas”.
En esta “lucha desigual”, la capacidad de acción de las organizaciones campesinas y ecológicas parece reducida, pero la responsable de RAP-Chile nos informó que pidieron una audiencia con el presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, y que están preparando un dossier para entregar a todos los diputados porque quieren que esa ley “no salga del Congreso sin un debate informado”.
Margaux Collet
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