Este miércoles 34 organizaciones locales, gremiales y de la región de Coquimbo exhortaron al Presidente de la República, Sebastián Piñera, a que revierta la decisión del Tribunal Ambiental en favor del proyecto minero-portuario Dominga y proteja la zona, tal como lo expresó en su anterior mandato.
En ese sentido, las agrupaciones manifiestan un “profundo rechazo a la decisión del Gobierno de no apelar a la Corte Suprema” tras el fallo que dio el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta respecto a Dominga el pasado 27 de abril.
“Salvó la reserva en su gobierno anterior y esperamos que sea consecuente con sus dichos y mantenga su palabra”, expresa al respecto Valeria Canto, una de las signatarias de la misiva e integrante de Defensa Ambiental de Coquimbo.
En la carta también se denuncian las ilegalidades e irregularidades que -según Canto- hubo durante el proceso de evaluación del proyecto de Andes Iron. La dirigenta aclara que dichas ilegalidades no se cometieron en el momento de la decisión del Comité de Evaluación ni en el Comité de Ministros, sino que “antes de la elaboración del Informe Consolidado de Evaluación (ICE), cuando fue intervenido por la dirección nacional”.
En todo caso, sostiene que no van a cejar en su lucha, porque advierte que hoy toda la región se encuentra en la “incertidumbre respecto a qué va a pasar con este ecosistema”. Si se llega a aprobar esta iniciativa, alerta, “se condena a miles de especies, muchas en peligro de extinción, y también las fuentes laborales de sus habitantes”.
El llamado al Presidente que realizan las organizaciones y comunidades de la zona es a que se rechace Dominga, puesto que se debe considerar la evidencia científica que está disponible y que sostiene que este proyecto no es compatible con este lugar. «Se transformaría en una ‘zona de sacrificio'», argumentan.
El punto central de la protesta es que si no se acoge el recurso de casación que interpuso Oceana en la Corte Suprema por el fallo del Tribunal Ambiental, este proyecto se deberá votar con el Informe Consolidado de Evaluación que recomienda la aprobación de Dominga, algo que Valeria Canto considera sería “nefasto”.
Ahora sí que sí
En la misiva entregada cuestionan que el Gobierno y el Tribunal Ambiental de Antofagasta aseguren que pueden garantizar que el proceso de evaluación ambiental “ahora sí” se ajustará a derecho, si -dicen- «está avalando un informe que fue intervenido y se insta a una nueva votación sin evaluación y sin que la empresa haya subsanado los errores y deficiencias del proyecto”.
Además, critican que se le dé una nueva “oportunidad” a la empresa que no ha tenido “voluntad de incorporar” en su proyecto las reservas naturales existentes en el área, por lo que ha “impedido” una correcta evaluación del impacto.
En esa misma línea, cuestionan que tanto el Tribunal Ambiental como el Gobierno le den una nueva oportunidad a Andes Iron cuando no ha sido capaz de “considerar adecuadamente el valor que tiene el Archipiélago Humboldt para la productividad pesquera, la conservación de la biodiversidad y el turismo de intereses especiales”.
También critican la decisión de retrotraer el proceso al momento posterior al ICE (Informe Consolidado de Evaluación), “cuando todo Chile sabe que ese informe fue intervenido y no refleja la evaluación de los profesionales de la Región”, según sostienen.
Por eso, preguntan “¿qué se esconde detrás de Dominga que hace posible que se ignore todo lo expuesto, se falte a la verdad, se manipule la opinión pública, no se cumplan los compromisos, se interprete la legislación ambiental según determinados intereses y se pongan en serio riesgo los recursos naturales del país?”.
Le recuerdan a Sebastián Piñera que el año 2010, “por medio en un acto sorprendente impidió la instalación de Barrancones”, expresando públicamente que tenía «un compromiso personal muy fuerte y muy profundo con proteger las maravillas de nuestra naturaleza, medio ambiente, flora, fauna y biodiversidad y esto ha sido un compromiso de vida”. En la ocasión agregó que “como Presidente me siento inmensamente feliz y como ciudadano más feliz aún de poder preservar una maravilla, un santuario de la Naturaleza”.
Por lo anterior, exhortan al mandatario a que no permita que “una empresa con recursos, con un proyecto irresponsable amenace los intereses de Chile poniendo en riesgo el Archipiélago Humboldt”, y para ello le solicitan que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el SEA presenten un recurso de casación a la Corte Suprema para que se garantice la ley y sea consecuente con el principio preventivo.
Concluye la misiva, exponiendo que “si este proyecto llega a aprobarse, será una vergüenza para Chile”.
En ese sentido, Valeria Canto expresa que «no vamos a parar de manifestarnos porque este proyecto es inviable».