La Superintendencia de Medio Ambiente salió al paso ante las críticas vertidas contra la institución luego de que esta, en medio del #Nueragate y los recientes hechos que alumbran -aún más- los intereses del bacheletismo por favorecer al grupo Luksic decidiera no multar a la empresa Antofagasta Terminal Internacional (ATI), a pesar de los graves incumplimientos detectados a las resoluciones de calificación ambiental (RCA) y de la situación de contaminación que asedia la ciudad de Antofagasta, donde más de 100 niños han sido diagnosticados con preocupante niveles de plomo y arsénico en su organismo.
A los cuestionamientos tras la eventual -falta la inclusión de puntos relacionados con seguimiento y mejora de lo presentado- aprobación del Progama de Cumplimiento presentado por la empresa se añade además el hecho de que la máxima autoridad del organismo-Cristian Franz– haya participado en el Grupo Alianza, firma que ha prestado asesorías a empresas mineras y energéticas como Barrick o Antofagasta Minerals (grupo Luksic)(Fuente).
Pero no son los únicos casos que muestran los estrechos vínculos del gobierno bacheletista con la familia Luksic; Al vínculo del ministro de Energía, Máximo Pacheco (declaró $230 millones en acciones en el Banco del Grupo Luksic) y de los ministros de Educación y Hacienda, Eyzaguirre y Arenas, que participaron en Canal 13, propiedad del grupo, se une el de la Ministra de Minería, Aurora Williams, que «se desempeñó como gerente comercial de Aguas Antofagasta, empresa sanitaria perteneciente al holding del grupo Luksic que administra el sistema de alcantarillado y el suministro de agua potable a los hogares de la región. Una vez que asumió Bachelet su primera presidencia, Williams fue Seremi de Obras Públicas, para luego volver a emplearse en el grupo Luksic, esta vez en la empresa Antofagasta Terminal Internacional (ATI) en el cargo de gerente de Administración y Finanzas, momento en que se concibió el polémico proyecto de transporte, acopio y embarque de concentrado de cobre, que hoy es acusado de contaminar a los habitantes de Antofagasta.» (Fuente)
Ante las críticas recibidas la SMA emitió un comunicado en el que sostiene que el proceso sancionatorio «no ha concluido» y que todavía no se habría aprobado el Programa presentado por la empresa, a quien se exigió la inclusión de ciertas medidas relacionadas con el seguimiento, la mejora con respecto a los plazos y la elaboración de protocolos de limpieza.
No obstante, de ser aprobado y cumplido – que es lo esperable- esta no recibirá multa por ninguna de las infracciones cometidas, por las que incluso podría arriesgar el permiso ambiental, por lo que las críticas, que apuntan al fondo del asunto, no pierden un ápice de peso.
«En este procedimiento la empresa ha propuesto un Programa de Cumplimiento que, en caso que sea aprobado por la SMA, implica que deberá fiscalizarse la ejecución de las medidas contempladas en él. Si la compañía no cumple con estas medidas, arriesga hasta el doble de la multa inicial. Cabe señalar que el Programa de Cumplimiento es un instrumento que contempla la Ley 20.417, y que permite fijar acciones y metas para que, dentro de un plazo que establezca la SMA, el responsable cumpla con la normativa ambiental», sostiene el organismo.
Las modificaciones exigidas deberán ser incluidas en un plazo de 5 días hábiles;
«Si el titular ejecuta satisfactoriamente las medidas establecidas en el Programa que finalmente se apruebe, en un plazo total de 16 semanas, la SMA pondrá término a su proceso sancionatorio. Si, por el contrario, la fiscalización arroja que el titular Antofagasta Terminal Internacional S.A., no cumple con las medidas establecidas en su Programa de Cumplimiento en el plazo estipulado, arriesga hasta el doble de la multa inicial, según la Ley Orgánica de la SMA».
En el comunicado emitido, la SMA sostiene que «todas las acciones que está ejecutando la buscan reducir las incertidumbres asociadas a la identificación precisa de las fuentes de contaminación».
No obstante, la población antofagastina no parece tener dudas al respecto del origen de la contaminación (traslado y acopio de concentrados mineros), sino al respecto de si las autoridades ambientales serán capaces de anteponer el derecho de sus ciudadanos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación al poder que el grupo Luksic parece estar ejerciendo sobre el ejecutivo.
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