En Tehuacán, menos del 2% de las empresas que vierten residuos en el drenaje municipal cumplen con la regulación ambiental, según informó Julián Castillo, director del Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (OOSAPAT).
De un total de 1,702 empresas, apenas 20 cuentan con permisos para desechar sus residuos contaminantes de manera regulada. Esto pone en riesgo no solo la infraestructura hídrica de la ciudad, sino también la salud de la población y el equilibrio ecológico de la región.
Los sectores con mayor impacto ambiental incluyen lavanderías, autolavados, clínicas, farmacias y hospitales.
Estos negocios deben pagar por la descarga de sus residuos y tramitar permisos especiales debido a su alto potencial contaminante. Sin embargo, el bajo porcentaje de cumplimiento sugiere una falta de conciencia ambiental, además de deficiencias en la aplicación de la normativa.
Ante la crisis ambiental que enfrenta la ciudad, el OOSAPAT intensificará la fiscalización, otorgando a las empresas un plazo de 30 días para regularizarse tras ser notificadas.
De no cumplir con esta disposición, podrían enfrentar sanciones económicas o incluso la clausura de sus establecimientos. Esta medida busca frenar la contaminación del agua, ya que los resiudos vertidos sin control pueden contener productos químicos peligrosos que afectan tanto a la fauna como a los habitantes de Tehuacán.
Además, se buscará actualizar el padrón de negocios para detectar a aquellos que operan sin regulación y que continúan contaminando el drenaje municipal sin ninguna restricción.
Actualmente, el registro de empresas es deficiente, lo que impide una supervisión eficaz. La actualización del padrón será clave para una mejor regulación y sanción de las empresas contaminantes.
«Es probable que existan más empresas contaminando sin ser detectadas, por lo que analizaremos datos del INEGI para determinar el número exacto de comercios en la zona», señaló Castillo.
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El funcionario hizo un llamado a los empresarios para que cumplan con la normatividad y asuman su responsabilidad ambiental, ya que la falta de regulación no sólo representa una violación legal, sino también un grave daño al ecosistema local.
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