La sede de Antofagasta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cuestionó la posición de la empresa SQM, que busca impedir que el organismo sea parte de la inspección a una operación minera en el Salar de Atacama.
INDH pidió al Primer Tribunal Ambiental asistir a esta diligencia que se realizará debido a un reclamo de comunidades atacameñas en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). La reclamación es porque la SMA aprobó un programa a SQM, que —según las mismas comunidades— “adolece de vicios de legalidad”.
El pasado 10 de febrero, el jefe de Antofagasta del INDH, Paulo Palma, presentó ante el Primer Tribunal Ambiental su solicitud para observar la diligencia. Así se lo pidió al INDH la Comunidad Coyo, a fin de que pueda observar y monitorear la reclamación por hechos registrados en la Región de Antofagasta que afectarían a esta última comunidad indígena.
Cabe mencionar que el tribunal programó la inspección de la operación minera para el 20 y 21 de febrero.
Interpuesta esta solicitud, la empresa SQM Salar, propietaria de la operación minera objeto de la reclamación, dijo en un escrito de respuesta que era una “improcedencia general”.
Aseguró que la Comunidad Coyo no era parte del proceso de reclamación y que se encuentra fuera del área de influencia de su proyecto minero en el Salar de Atacama. La compañía minera insistió en que el INDH nunca ha participado de los hechos que se encuentran comprendidos dentro de la reclamación de las Comunidades Atacameñas.
Facultades del INDH de asistir a la inspección
En su solicitud de asistir a la inspección, el INDH recordó que está facultado por la ley que lo creó a “solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado” y puede “recibir asimismo todos los testimonios y obtener toda la información y documentos necesarios para el examen de situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia”.
La inspección en terreno es una “medida para mejor resolver” que decretó el tribunal ambiental el 24 de enero de 2023.
Las comunidades atacameñas presentaron su reclamo ante el Primer Tribunal Ambiental el 22 de septiembre de 2022, porque la SMA aprobó el programa de cumplimiento ambiental de SQM y suspendió un proceso sancionatorio en contra suya.
Esta operación minera está emplazada en territorio atacameño-lickanantay, dentro del área de desarrollo indígena Atacama La Grande.
Los hechos que habían motivado el proceso sancionatorio ocurrieron en 2013 y se mantenían sin pronunciamiento de la SMA hasta el año pasado.
Fuente: INDH
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