En una conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, Agustín Valencia, Alcalde de Puchuncaví, dio a conocer el acuerdo alcanzado con la empresa AES Gener, responsable de la implementación de la termoeléctrica Campiche en la comuna. Según el acuerdo, la empresa invertirá 4 millones de dólares en proyectos sociales a condición de llevar a cabo la construcción de la planta con el beneplácito de la municipalidad, visto bueno que se materializó en el retiro del recurso de protección interpuesto por el ayuntamiento.
El acuerdo se llevó “a puertas cerradas”, generando el descontento tanto de las entidades medioambientales independientes abocadas al caso como de la ciudadanía en general.
Según la autoridad municipal, el acuerdo habría sido aceptado tras una insistente campaña por parte del Gobierno de dar viabilidad al proyecto privado, con leyes modificadas especialmente para la termoeléctrica.
“Se realizó una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que le solucionó a Campiche el problema de uso de suelo, que fue el motivo por el cual la Corte Suprema había paralizado su construcción. Una y otra vez fue quedando en evidencia la voluntad del Estado por avalar la entrada en funcionamiento de Campiche, lo que llevó, muy a nuestro pesar, a abrirnos a la posibilidad de obtener un acuerdo con la empresa, donde a la comuna se le reparara en parte el daño que se le ha hecho con tantos años de contaminación”, señaló el Alcalde Valencia en la Cámara de Diputados.
En el comunicado emitido por la municipalidad insiste, paradójicamente, que pese a haber sido cuestionado y rechazado por su impacto ecológico, se “cumple uno de los primeros objetivos por los cuales el municipio ha luchado y que es cuidar el medioambiente”.
Sin embargo, los vecinos no opinan lo mismo. Para Ricardo Correa, miembro del Grupo de Acción Ecológica Chinchimén, la aprobación de la construcción de la termoeléctrica no tiene efectos en el mundo jurídico, ya que es ilegal. “La construcción de esta termoeléctrica es un acto fallado y zanjado por la Corte Suprema de Justicia, nada de lo ocurrido con posterioridad mejora la situación del proyecto al cual se le retiraron los permisos ambientales dejando sin efecto la resolución 499 que permitía su construcción… son una cadena de actos ilegales arbitrarios, carentes de la naturaleza propia de los actos jurídicos, del mismo modo y por las mismas razones, el ‘acuerdo’ no existe en el mundo del derecho”, sentenció Correa.
En consecuencia, el Consejo Ecológico de Puchuncaví ha interpuesto dos recursos de protección que fueron acogidos a tramitación. Tal como se establece en el diagnóstico establecido en la minuta de la situación ambiental de la macrozona Puchuncaví-Quintero-Con Cón, realizado por la Conama (Comisión Nacional del Medio Ambiente), el conflicto está abierto y latente.
BREVE HISTORIA DEL CONFLICTO
El conflicto se remonta a mayo del 2008, momento en que la empresa AES Gener presenta el proyecto de construcción de la termoeléctrica al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Seia, organismo que presenta una resolución ambiental favorable al proyecto. Así también aprueba la Comisión Regional del Medio Ambiente de Valparaíso, Corema, pese a que el suelo donde se proyecta la planta fue declarado como “zona altamente contaminada”. Con una superficie declarada saturada para material particulado y dióxido de azufre desde el año 1993, la zona estaba en un proceso de descontaminación que contaba con la creación de áreas verdes para mitigar los efectos de los contaminantes.
Sin embargo, a fines 2008 el Consejo Ecológico de Puchuncaví interpone un recurso de protección por irregularidades en el plano regulador, recurso que es acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y si bien la empresa energética recurre a la Corte Suprema, el máximo organismo judicial, en junio del 2009, declara ilegal la autorización dada al funcionamiento de la central a carbón por la Corema de Valparaíso.
A pesar de haber sido revocada la autorización, el 31 de diciembre de 2009, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minvu, modificó mediante un decreto supremo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Oguc, medida con la que buscaba dar un camino de solución a la implementación de la planta. Básicamente, el decreto adecuaba la utilización de suelos para que el proyecto cumpliera la aprobación ambiental. Pese a que la Junta de Vecinos de Campiche interpuso un recurso de protección en contra de los responsables del dictamen, incluyendo al vicepresidente de la época Edmundo Pérez Yoma, la empresa continuó los trámites.
Por Sebastián Fierro
El Ciudadano
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
