En medio del flagelo que azota a los indígenas amazónicos yanomami, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometió acabar con la fiebre del oro ilegal en Brasil con una frase lapidaria: «el juego ha terminado». Un desafío ambicioso y difícil de concretar.
El gobierno izquierdista ya dio el primer golpe contra los más de 20.000 mineros que operan en la Tierra Indígena Yanomami, la mayor reserva de Brasil -algo que prohíbe la Constitución- acusados de provocar una crisis humanitaria entre los 27.000 indígenas a causa, entre otras cosas, de la contaminación de los ríos por el mercurio y la propagación de enfermedades como la malaria.
Por los menos 24 avionetas usadas para transportar el metal precioso fueron incautadas por la Policía Federal, después de que Lula prohibiese el tráfico aéreo y fluvial en el Territorio Indígena Yanomami y que autorizarse, mediante decreto, la detención de las aeronaves sospechosas en esa zona de la Amazonía fronteriza con Venezuela.
Pese a las medidas positivas tomadas por Lula, que incluyen la creación del Ministerio para Asuntos Indígenas, los expertos y analistas advierten de la dificultad de terminar completamente con la extracción ilegal, un millonario negocio que supera los límites de la selva, reseña RT.
«Vastas reservas difíciles de proteger»
Los mineros, que operan a pequeña, media o gran escala y trabajan a menudo en nombre de un puñado de empresas o con conexiones con el crimen organizado, llevan muchas décadas asentados en la Amazonía, en reservas vastas y difíciles de proteger como la de los yanomami, que ocupa un área del tamaño de Portugal.
Las inversiones de capital para que la producción salga adelante son enormes como muestran las numerosas imágenes publicadas de maquinaría pesada, aeronaves, helicópteros o pistas de aterrizaje ilegales.
Para abastecer el mercado internacional se sirven de una serie de trampas y de vacíos legales que les permiten exportar el metal, como el hecho de que para vender el oro a las distribuidoras autorizadas –que son parte del sistema financiero– basta con que rellenen un formulario informando del lugar de extracción, regido por el principio de buena fe, sin comprobación por parte de las autoridades.
Un dato significativo que proporciona el diario O Globo: el estado de Roraima no tiene registros oficiales de oro comercializado, es decir, que todo el mineral que se extrae de las tierras indígenas se vende como si procediera de otros estados.
«La persona no va a decir que [el oro] viene de una tierra indígena. Mencionará cualquier otro lugar y ese oro entrará al mercado formal, a través de esa institución del sistema financiero», explicó a la prensa brasileña la doctora en Energía Larissa Rodrigues, de la ONG Instituto Escolhas, que investiga las operaciones ilegales de oro en Brasil.
La organización calcula que fueron comercializadas 229 toneladas de oro con indicios de ilegalidad, entre 2015 y 2020. Todo extraído de reservas indígenas y de otras áreas de conservación y que suponen casi la mitad de la producción nacional.
Gran parte de ese oro va a los principales países compradores, como Canadá (42 %), Suiza (20 %) o Reino Unido (11 %), que lo adquieren y lo transforman en barra o lo usan para actividades como la joyería sin que esté confirmada su procedencia lícita.
Por ello, el ministro de Justicia, Flávio Dino, considera que es necesario declarar «inconstitucional» la legislación que facilita «la circulación de oro ilegal» en Brasil.
«Esta ley, lamentablemente, permite que el oro ilegal, como por arte de magia, se transforme en oro legal. Es como lavar [dinero]. Porque los distribuidores que compran oro ya no necesitan tomar ciertas precauciones, porque se presume de la buena fe del comprador y del vendedor», explicó.
Entonces –agregó– «se puede, de esta forma, tener oro de tierras indígenas, oro de otros países, oro robado, y eso, por algún mecanismo, por falta de supervisión, conducirá a esta facilitación del destino del producto del crimen».
Documentos revelados por la organización de periodismo de investigación Reporter Brasil, en julio de 2022, mostraron que cuatro de las mayores ‘big techs’ del mundo –Apple, Amazon, Alphabet y Microsoft– compraron oro en 2020 y 2021 del refinador italiano Chimet, que obtuvo el metal precioso de una empresa brasileña, CMH, y que supuestamente lo adquiría ilegalmente de la selva amazónica. El mineral se usa en productos electrónicos, incluidos teléfonos celulares, computadoras portátiles y de escritorio, servidores tecnológicos y en automóviles eléctricos.
Informaciones de este tipo muestran la maraña de intereses que envuelve a este lucrativo sector.
Emergencia sanitaria en la reserva yanomami
El mandatario brasileño visitó hace unos días la reserva de los yanomamis y decretó la emergencia sanitaria, entre escalofriantes imágenes de niños esqueléticos por la desnutrición y el abandono de las autoridades.
Desde entonces, más de 1.000 indígenas, repartidos entre alrededor de 200 comunidades, fueron rescatados por avión y atendidos con víveres y tratamiento médico urgente. Un hospital de campaña montado de urgencia comenzó a funcionar en Boa Vista, capital de Roraima, adonde trasladan a los pacientes. Los más graves, que necesitan internación, son enviados a dos hospitales de la región. También se determinó el suministro de agua potable.
Lula acusó de «genocidio» al anterior gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, un abierto partidario de la explotación comercial de la Amazonía, que llegó al poder con la promesa -cumplida en sus cuatro años de mandato- de no demarcar «ni un centímetro más de tierra» para los indígenas.
Durante su gestión, los delitos ambientales –deforestación, incendios, minería o tráfico de madera– crecieron exponencialmente en todos los biomas brasileños.
Solo en 2022, la minería ilegal creció un 54 % en la reserva yanomami y, desde 2018, la deforestación asociada a la minería avanzó un 309 %.
Pero entre el dramático legado que deja el ultraderechista figura la sospecha de que hubo omisión de su gobierno en respuesta a los pedidos de ayuda de los yanomamis ante la acosadora presencia de los mineros, a los que también se acusa de violación de los derechos humanos.
A pedido del ministro de Justicia, la Policía Federal abrió una investigación para determinar si la administración de Bolsonaro incurrió en genocidio, basándose en datos como este: en 2022, según el Ministerio de Pueblos Indígenas, 99 niños Yanomami de entre 1 y 4 años murieron por causas vinculadas a la minería ilegal, como desnutrición, diarrea y pneumonía.
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