Tom Kucharz: “Es urgente convertir el cambio climático en un reto político y social”

Entre el 16 y 19 de mayo se realizó en Madrid la IVª Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas, encuentro que reúne a la sociedad civil en forma paralela a la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina. El objetivo de la reunión fue poner en común ideas y fortalecer nuevas convergencias solidarias entre ambos continentes y proponer políticas alternativas más justas y sostenibles.

En el evento sesionó por tercera vez el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que ya tiene sus experiencias anteriores en Viena (2006) y Lima (2008). Tom Kucharz, coordinador del área de agroecología y soberanía alimentaria de Ecologistas en Acción, cuenta que “será un momento para visibilizar el trabajo acumulado en los anteriores encuentros. Ahora, vemos la necesidad de ampliar el foco puesto en las multinacionales que violan los derechos humanos a las instituciones, políticas y actores de la UE que lo permiten. Porque en la práctica la UE, el Consejo Europeo y la Comisión Europea, son los que terminan por construir un marco legislativo, económico y financiero que les permite a las multinacionales actuar violando los derechos humanos”.

Kucharz es de la generación de activistas que reúnen en su trayectoria un profundo compromiso social, la preocupación por el medio ambiente, una lúcida capacidad de acción directa y la solidez teórica para elaborar propuestas viables para el cambio del modelo económico. Además, es autor junto a Vladimir Carrillo del libro ‘Colombia: terrorismo de estado’, en el que detalla las violaciones a los derechos humanos incurridos por el gobierno de Álvaro Uribe.

El TPP es  una instancia paralela al acuerdo alcanzado en la reciente Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático, celebrada en Cochabamba, Bolivia, de crear un  Tribunal de Justicia Climático que sanciones a las trasnacionales, gobiernos e instituciones que dañen el medio ambiente.

¿Cuál es la importancia de instalar tribunales de justicia como el que sesionará en Madrid?

– Hoy existe un vacío institucional grande a nivel internacional que tenga la capacidad de juzgar a los Estados que están incumpliendo el Protocolo de Kyoto y los compromisos que han adquirido dentro de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, así como también cuyas políticas violen derechos humanos como el acceso al agua o a vivir en un medio ambiente limpio.

¿Cuál es el sustento jurídico para levantar una instancia de este tipo?

– Los derechos humanos tienen que estar por encima del derecho comercial y de los diferentes acuerdos de inversión. Si la justicia universal permite perseguir crímenes en países en donde no se cometieron, creo que debiera ser más activamente empleado respecto de daños al medio ambiente. Podríamos decirlo de otra forma: Hay 315 mil muertos al año por el cambio climático. Esto es efecto de las políticas de los Estados, sea en transporte, agricultura o energía. Hay derechos fundamentales, más allá de los ambientales, que están siendo vulnerados por el cambio climático

¿Hay un modelo previo a nivel jurídico?

– Sí, se trata de una instancia que replique a la Corte Penal Internacional, para prevenir los delitos ambientales, por lo que necesitamos un órgano con suficiente fuerza jurídica para cambiar las actuales políticas contaminantes de los Estados, las empresas e instituciones como el Banco Mundial o el FMI.

¿Y en los acuerdos internacionales?

– Existe un artículo dentro dicho de la Convención Sobre Cambio Climático que deja abierta la puerta para poder juzgar a los Estados ante la Corte Internacional. Sin embargo, hasta el momento no existe un Estado que haya emprendido este camino. Creo que los gobiernos progresistas de de Bolivia, Ecuador o Venezuela podrían iniciar ese paso contra los estados que incumplen el Protocolo de Kyoto

INDEPENDENCIA Y LEGITIMIDAD

¿Cómo hacer que un Tribunal de estas características mantenga su independencia?

– Imagino un Tribunal Internacional de Justicia Ambiental y Climática en el seno de Naciones Unidas con la independencia que tiene la Corte Penal Internacional. Así podríamos asegurar que cumpla su mandato de buscar la verdad, justicia y reparación a los daños que se hacen a los pueblos y también prevendría para que no se vuelvan a cometer los delitos o los crímenes climáticos. Tenemos que buscar un órgano que tenga suficiente fuerza jurídica para que estados, empresas y organismos como el Banco Mundial se sientas presionados para cambiar sus políticas por estas sentencias, las que deben ser firmes y tengan legitimidad a nivel internacional

¿Cómo te imaginas operando este tribunal?

– Necesitamos una reforma al derecho penal internacional porque necesitamos enjuiciar a personas jurídicas, que son las empresas trasnacionales, las que hoy no puedes juzgar tan fácilmente. Sólo puedes enjuiciar a algunas personas naturales. Necesitamos más jurisprudencia porque a veces las empresas llegan a acuerdo con algunas víctimas, le pagan una indemnización y no hay juicio.

¿Y cómo debieran a tu juicio elegirse los jueces que lo integren?

– El Tribunal tiene que tener mucha legitimidad. O sea, la elección de sus jueces y representantes creo que debiera ser de manera mixta, como en EEUU, donde tienes a los jueces y representantes de la sociedad. Tiene que haber democracia y transparencia que legitimen un tribunal de este tipo. Tenemos ya la experiencia del Tribunal Penal Internacional, donde se están enjuiciando a criminales de guerra y responsables de crímenes de lesa humanidad.

A LA CAZA DE LOS PECES GORDOS

¿Puedes señalarnos un caso que amerite ir a este tribunal?

– Creo que debiera hacerse un juicio al presidente de Colombia, Álvaro Uribe por sus crímenes contra los derechos humanos como el ataque aéreo que hubo en la frontera de Ecuador, el desplazamiento forzado de población o el esparcimiento de agentes tóxicos  en zonas andinas con el pretexto de perseguir las plantaciones de coca.

Si hoy hubiese que establecer imputados ¿de quiénes estaríamos hablando?

– De los Estados del norte global, las grandes corporaciones e instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional por el sistema financiero que subyace a este modelo económico depredatorio.

¿Hay alguna experiencia desde la sociedad civil que ya esté explorando esta vía para resolver sus problemas medioambientales o sociales?

– Sí, mil 800 víctimas del huracán Katrina, ocurrido el 2005, ya han iniciado demandas contra varias empresas petroleras y eléctricas de EEUU. Si bien en una primera instancia fue rechazada la acusación, una corte federal de dicho país ha vuelto a acoger el recurso. O el caso contra Shell entablado en Holanda por la contaminación de varias poblaciones en Nigeria.

REAL POLITIK Y ORGANIZACIONES SOCIALES

¿Cómo piensas enfrentar la evidente oposición de parte de los países industrializados a este tipo de instancias jurídicas?

– Tenemos una real politik, pero por ejemplo, si Bolivia lleva la bandera de un tribunal internacional las naciones están obligada a formar una mayoría que respalde la propuesta. Si bien, en contra nuestra tenemos que la existencia de ese tribunal choca con los intereses del consejo de seguridad y los países ricos, consideremos que el Estatuto de Roma se implementó sin el consentimiento ni ratificación de EEUU. Entonces podemos trabajar sobre un estatuto que lograra acuerdos.

¿Cuál es el rol de las organizaciones sociales para lograr que dicha institución cristalice?

– Esto no puede funcionar sin que haya una campaña fuerte de organizaciones, sindicatos y movimientos sociales en los diferentes países. En Madrid tenemos que dar una señal y una propuesta a asumir por los movimientos de base de los diferentes países que emprendan una lucha de enjuiciamiento de los responsables del cambio climáticos.

¿Qué queda por hacer entonces?

– Creo que las experiencias que mencionamos dan cuenta de que se está moviendo. Ahora depende si existe una fuerte campaña de movilización contra estas empresas contaminantes, de sensibilización y acciones directas. Es urgente convertir el cambio climático en un reto político y social. Sin el activismo social eso no podremos progresar en la vía legal. Ambas vías se necesitan.

Por Mauricio Becerra R.

El Ciudadano