Las principales aprensiones son los ya clásicos conflictos de intereses que podrían tener los Ministros que decidirán el futuro de los seres vivos y sus hábitats en donde la justicia parece ser de una naturaleza prácticamente inexistente.

Rubén Ballesteros, el Presidente de la Corte Suprema, el mayor tribunal en Chile, manifestó reiteradamente su molestia por lo que calificó como «judicialización» de las causas ambientales las cuales quedaban a cargo de esta instancia que le parecía no ser la más idónea, es por eso que 24 horas antes del Día de los Inocentes, se pusieron en marcha los esperados Tribunales Medio Ambientales en Santiago, que hace seis meses fueron publicados en el Diario Oficial bajo el rótulo de la ley  20.600.

Sin embargo, varias personalidades pusieron atención manifestando que los conflictos en este orden estaban dados a que la ley es muy permisiva con los inversores privados, que atendiendo al modelo exportador primario sobreexplotan en extensas zonas del país en varios rubros extractivos como la minería, las pesqueras con buques factorías o las forestales, cada una con su drama, partiendo por el apremio energético suplido con carbón en termoeléctricas de la primera actividad, además de la contaminación que producen las fundiciones, pasando por el conflicto mapuche con las forestales, y en los 4 mil kilómetros de costa el asunto de la pesca de arrastre y las comunidades de pescadores artesanales.

Podemos advertir entonces, que es inevitable que sea en tribunales donde se decida si atender a los parámetros de «progreso» que se dan en Chile o al de dar garantías a los ciudadanos que pertenecen a un territorio de que éste estará libre de contaminación.

Jaime Lira, ex Superintendente de Medio Ambiente, en Chile, separado de sus funciones tras la publicación de la columna Pelequén y Freirina: justicia ambiental en deuda  en el diario El Mercurio,  planteaba que “es necesario que Chile complete la implementación de su nueva institucionalidad ambiental, ya que la vigente no permite responder de forma oportuna y eficaz ante incumplimientos ambientales y los efectos en el medio ambiente que éstos generan”.

Pero no sería la panacea. El sociólogo Alberto Mayol, en una entrevista con Veo Verde planteó que «Los Tribunales Medio Ambientales son una estupidez.» Y profundizó «a mí no me parece una ruta correcta bajo ninguna circunstancia. Me parece que los Tribunales Medio Ambientales son una hipótesis ad-hok viendo que hay un escenario difícil para la empresa a nivel judicial, que mientras no fue necesaria no se implementó, hasta ahora, cuando los jueces tienen alguna claridad y orientación a evitar que las cosas sigan por el mismo camino que traían, lo empiezan a generar, y algunos jueces además, ceden poder lo que resulta bastante incomprensible», sugiriendo una tercerización del Poder Judicial.

Por su parte el abogado, Martín Gubbins, rankeado entre los mejores expertos en derecho ambiental en Chile por la Guía Inglesa de Chambers and Partners y The Legal 500 y desde 2005 es el responsable de Medio Ambiente, Recursos Naturales y el Área de Minería de Abogados CorreaGubbins, plantea que los Tribunales Medio Ambientales no son una «tercerización», dado a que «la solución de conflictos ambientales está y seguirá estando a cargo del Poder Judicial, como debe ser».

El experto explica que los Tribunales Ambientales surgen de la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, también una institución nueva que deberá fiscalizar y sancionar incumplimientos ambientales, con multas que pueden llegar a unos USD 9 millones, clausurar establecimientos y revocar permisos. «Así, los Tribunales Ambientales actuarán como contrapeso al poder de esa superintendencia, bajo estrictos estándares judiciales especializados de revisión» y asegura que «su funcionamiento no inhibirá la presentación de recursos de protección directamente ante cortes de apelaciones, como tampoco otras demandas ante la justicia ordinaria, por lo que está muy presente el riesgo de que la litigación ambiental tenga más, y no menos, sedes posibles de discusión que antes».

Lo cierto es que Sergio Muñoz, ministro de la Corte Suprema, declaró al respecto que  “Lo ideal para nosotros, es que siempre estos tribunales estuviesen desarrollados, pensados e instalados en lo que es la organización del Poder Judicial de manera más estable, y no como extraídos hacia una vinculación extraordinaria, solamente por recursos específicos porque esto va en contra de la unidad de la jurisdicción”.

Lo más preocupante sería la forma de designación de los jueces integrantes del Segundo Tribunal Ambiental que tendrá cede en Santiago, la cual es calificada como «mínima e inadecuada» por Muñoz, ya que consiste en que la labor de la Corte Suprema es excluir a un nombre dentro de una nómina preparada por el Consejo de Alta Dirección Pública, lo que luego debe ser aprobado por el Senado.

El concurso público para ocupar los cargos de los tribunales de Santiago, Antofagasta y Valdivia, establece que los ministros recibirán un sueldo de $6,5 millones, y los suplentes, de $3,2 millones.

Mira la explicación del periodista Tomás Mosciatti, de lo que será la implementación de los Tribunales Medio Ambientales en Chile, donde desnuda el conflicto de intereses de sus integrantes del Tribunal de Santiago: Sebastián Valdés, ex gerente de responsabilidad corporativa de la Celulosa Arauco, involucrada en la contaminación de San José de la Mariquina y la muerte de cisnes de cuello negro en el Río Cruces;  José Ignacio Vásquez, Jefe de estudios de la Corte Suprema que hace informes en Derecho para empresas transnacionales cayendo en evidente conflicto de intereses; Rafael Asenjo, supuestamente designado por un cuoteo de la Democracia Cristiana y Ximena Fuentes, abogada asesora del estudio de Rodrigo Hinzpeter, conocido por el lobby que realiza para las empresas en las altas esferas.

En junio de 2013 ya deben estar en funcionamiento estos tres tribunales que se suman a la tendencia de esta nueva institucionalidad medio ambiental que ya suma 360 en todo el mundo.

Tenemos un país hermoso que lamentablemente parece no pertenecernos como soberanos, solo hasta cuando nos convertimos en propietarios. Esperemos que nuestros derechos ciudadanos sean defendidos y respetados por el bien de Chile y de sus habitantes. Solo nos queda confiar y esperar que  por lo menos los Tribunales Medio Ambientales, consagren el Estado de Derecho asegurando la autonomía de los demás poderes para que no seamos testigos de situaciones tan bochornosas como las protagonizadas por la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, al referirse al fallo que rechazó la construcción de la termoeléctrica Castilla como «un error», lo que fue calificado en la Corte Suprema como «inconstitucional e inaceptable».

Karen Hermosilla

Veo verde