Un Estado inútil

El reciente temporal que azotó las desérticas regiones de Atacama y Antofagasta –en el norte de Chile– derivó en aluviones que han provocado, según cifras de la ONEMI del 5 de abril, en la muerte de 25 personas, la desaparición de 120, así como el daño severo o la destrucción total de cerca de 10 mil viviendas. El número de damnificados se estimaba en 30 mil.

A ello se suma una crítica situación sanitaria derivada de la ausencia de agua y de la saturación de las alcantarillas. El fenómeno climático también dejó en evidencia el peligro que suponen los desechos de la actividad minera para las comunidades y el ambiente, pero sobre todo desnudó la incapacidad de las autoridades para manejar catástrofes.

Los problemas partió con una descoordinación entre la Dirección de Meteorología y la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI). La primera entidad emitió a las 19:45 horas del 22 de marzo una “alerta meteorológica” anunciando precipitaciones en las regiones de Atacama y Antofagasta. Pronosticó que entre el 24 y el 26 de marzo caerían hasta 30 milímetros de lluvia en Atacama, algo insólito en el desierto de esa región.

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En entrevista con Proceso el experto en emergencias Rodrigo Reveco señala que la ONEMI cometió un primer error: “Debió dar la alarma para configurar una alerta roja”.

Este profesional –conocido por crear la “cápsula Fénix”, que permitió el rescate de 33 mineros atrapados entre agosto y octubre de 2010 en la mina San José, de Atacama– señala que con la alerta roja “se hubieran activado inmediatamente fondos de emergencia necesarios para movilizar el rescate”.

Según él, esta inacción también hizo imposible “tener una fuerza conjunta de tarea para poder llegar (a la zona afectada). Me refiero a fuerzas armadas, puentes aéreos, rescate, intervenciones”.

Reveco explica que esta medida no se tomó debido a que “el Centro de Operaciones de Emergencias y el Centro de Alerta Temprana no se pusieron de acuerdo con el meteorólogo que tienen en sus oficinas”.

Alertas

La inminencia de un desastre natural fruto de este fenómeno climático fue advertida también por Anthony Sagliani, meteorólogo de AccuWeather, con sede en Estados Unidos. Sagliani anticipó la mañana del 22 de marzo, en su cuenta de Twitter: “La próxima semana la costa del norte de Chile tendrá uno de los eventos meteorológicos más anómalos que he visto”.

El jefe del Departamento de Meteorología y Pronóstico Internacional de dicha organización, el meteorólogo Jason Nicholls dijo el 28 de marzo al diario La Tercera que “la tormenta responsable de las excepcionalmente fuertes lluvias en el norte fue anunciada en la mayoría de los modelos globales desde fines de la semana”.

Nicholls agregó que ya el 22 de marzo era “fácil ver” que “la posibilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra era cercana”. Aseveró que de haber ocurrido un fenómeno similar en Estados Unidos, “el Servicio Meteorológico Nacional y los medios de comunicación probablemente habrían advertido a la gente con la suficiente antelación para tomar precauciones. Incluso en el caso de inundaciones repentinas, los numerosos radares meteorológicos en Estados Unidos habrían proporcionado alguna alerta avanzada sobre problemas inminentes”.

Pero en Chile no hay radares meteorológicos.

Ahondando en lo que se debió hacer y no se hizo, Reveco dice que falló todo en el manejo de esta emergencia. “Debió haberse activado inmediatamente un puente de comunicaciones y telecomunicaciones. Haber enviado un avión Hércules H-130 con contingente militar, con uno o dos hospitales de campaña”.

El experto en emergencias precisa que el gobierno debió ocupar los recursos de emergencia para “intervenir inmediatamente la producción de agua de todas las empresas en la zona con el fin de que este elemento estuviera disponible para la población, sin costo”.

Revela que ante la inacción de la ONEMI, el servicio de bomberos activó protocolos ina­decuados. Por ejemplo, activó el de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) en lugar del de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes.

Reveco estima que ante la gravedad de la crisis, Chile debió solicitar ayuda internacional a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, dependiente de la ONU. Pero eso tampoco se hizo.

En entrevista con este corresponsal, Osvaldo Chávez, arquitecto y director ejecutivo de la agrupación ciudadana de profesionales +Antofagasta, hace una relación de los hechos e interpreta sus alcances.

Sostiene que a las 22:00 horas del 24 de marzo comenzó una lluvia que duró toda la noche. Dice que a las 07:00 horas del día siguiente se cortó la electricidad en Antofagasta, capital de la región del mismo nombre. “Esto paralizó 80% de la producción minera del país, dejando a miles de trabajadores, tanto de grandes como de pequeñas mineras, aislados en las montañas”, señala.

Chávez, quien coordinó la entrega de ayuda en la ciudad portuaria de Taltal (también ubicada en la región de Antofagasta), relata que este corte de luz mostró la mala calidad de la infraestructura: “Es inconcebible que con una pequeña lluvia falle todo el sistema eléctrico”, manifiesta.

Expresa que esto es contradictorio si se considera que Antofagasta es una de las regiones mineras más pujantes de todo el mundo; donde anualmente se generan riquezas que se cuentan en decenas de miles de millones de dólares.

Al día siguiente la fuerza de las precipitaciones aumentó. En Taltal a las 16:00 horas se constituyó el Comité Operativo de Emergencia (COE), presidido por el alcalde Sergio Orellana e integrado por concejales, representantes de Carabineros y del Cuerpo de Bomberos. Esta instancia aconsejó al alcalde pedir a la población evacuar las zonas que se verían más afectadas por un posible aluvión. No obstante, Orellana no aceptó esta recomendación, por lo que, en plena crisis, el COE se dividió.

Pasadas las 18:00 horas, bomberos y carabineros comenzaron a recorrer las calles de Taltal con altoparlantes, anunciando el inminente colapso de las “piscinas aluvionales”; es decir, pequeñas presas construidas expresamente para contener la fuerza de los aluviones. Pidieron a todos los habitantes de sectores bajos desalojar sus casas. Minutos después el alcalde Orellana desmintió esta información a través de Radio Definición. Pidió a la población mantenerse en sus domicilios. El primer aluvión llegó a las 20:30 horas.

Ante la inacción de las autoridades locales, +Antofagasta y otras organizaciones de la sociedad civil –como Defensa Ambiental de Taltal– iniciaron una campaña por Twitter para denunciar los graves hechos. A las 01:30 horas del 26 de marzo consiguieron que el nombre de Taltal se convirtiera en trending topic.

Quince minutos después el Ministerio de Interior declaró a una amplia faja de las regiones de Atacama y Antofagasta como “zona de excepción constitucional”, entregando con ello el manejo de la seguridad a los militares. Y a las 02:53 horas la ONEMI decretó la “alerta roja”. Esto es: siete horas después del primer aluvión y a casi 30 horas de iniciadas las precipitaciones.

La primera ayuda militar llegó a Taltal a las 20:00 horas del 26 de marzo, 23 horas y 30 minutos después del primero de los tres aluviones, mientras las personas de las poblaciones afectadas resistían en techos o subidas en árboles a la espera de ser rescatados.

Lo ocurrido en Taltal se reprodujo en decenas de localidades, pueblos y ciudades donde los aluviones bajaron por quebradas y antiguos ríos hoy extinguidos por el accionar de la minería.

Los aluviones arrasaron todo a su paso. El hecho más grave se vivió en la cuenca del río Salado: allí una avalancha de agua, lodo y residuos tóxicos de la actividad minera pasó por en medio del pueblo de El Salado y de las ciudades de Diego de Almagro y de la costera y contaminada Chañaral.

Las imágenes difundidas posteriormente en YouTube son conmovedoras. Muestran cómo las personas sobreviven en pequeños islotes de desechos de casas mientras un torrente gigantesco, café oscuro, arrastra camiones, vagones de trenes y todo tipo de construcciones. Uno de los videos muestra a un niño que, desesperado, logra aferrarse a una roca en la entrada al mar.

Contradicciones

No está claro cuántos muertos produjo la catástrofe. El 30 de marzo la ONEMI informó de 20 desaparecidos por efecto de las lluvias. Ese día Raúl Bustos, jefe nacional del USAR, aseguraba que su institución había contabilizado, sólo en Chañaral, 91 desaparecidos. El alcalde de esa ciudad, Víctor Volta, respaldó esta última información.

Álvaro Elizalde, portavoz del gobierno nacional, señaló que las cifras por ellos entregadas “han sido verificadas por los organismos oficiales”. Aludía al Servicio Médico Legal y a la Policía de Investigaciones. Sin embargo, en los días siguientes el gobierno corrigió sus cifras. La noche del miércoles 1, Ricardo Toro, director de la ONEMI, dijo que el número de fallecidos llegó a 24 y el de desaparecidos subió a 69.

A medida que pasaban las horas y los días, la angustia de decenas de miles de personas afectadas por la catástrofe crecía. En el Valle del Huasco Alto, medio millar de personas permanecía aislada, expuesta a la lluvia y a los derrumbes sin que nadie fuera en su ayuda. El 25 de marzo las organizaciones sociales del Huasco urgieron al gobierno a enviar helicópteros de rescate. Pero esa ayuda no llegó. Cerca de 200 personas salvaron la vida gracias a que los rescató un helicóptero privado. Muchas otras permanecieron abandonadas en la alta montaña, arrojadas a su propia suerte.

La diputada Yasna Provoste relató que la gobernación del Huasco gestionó el arriendo de un helicóptero para ir en ayuda de los damnificados, pero que poco después de comenzar sus labores, el intendente de la región de Atacama, el socialista Miguel Vargas Correa, lo solicitó para hacer un sobrevuelo por la zona afectada. “Aquí hay un problema de prioridad”, protestó Provoste.

Esta parlamentaria aseguró que la mañana del 25 de marzo, en medio del paso del aluvión, se volcó en Chañaral un camión con ácido sulfúrico, elemento que se empezó a mezclar con el lodo y emitió un fuerte y nauseabundo olor. “No logré tener comunicación con la ONEMI en todo el día. Recién a las 12 de la noche logré comunicarme con el centro de Alerta Temprana en Santiago y me dijeron: ‘Diputada, a las cuatro de la tarde de mañana vamos a enviar funcionarios para realizar una evaluación’. Pareciera que después del terremoto (27 de febrero de 2010) no se reformuló nada”, declaró.

Provoste aludió de esta manera al hecho de que en aquella ocasión el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet mostró una gran descoordinación que ocasionó la pérdida de vidas humanas. Lo más grave fue que el Servicio Hidrográfico de la Armada y la ONEMI desestimaron información que alertaba de la inminencia de un tsunami que asolaría las costas del centro-sur de Chile. En vez de hacer sonar las alarmas y pedir a la población que subiera a las partes altas de sus ciudades, el gobierno aseguró que no había riesgo de tsunami.

Ahora, a la carencia de alimentos y agua, se agrega la creciente crisis sanitaria derivada del colapso de alcantarillas que, obstruidas, desparramaban desperdicios y excrementos por las calles. Para afrontar esta situación el gobierno decretó alerta sanitaria y Bachelet anunció la aplicación de una vacunación masiva contra la influenza y la hepatitis.

Sin embargo, en la medida que se hizo visible para la población la ineficiente respuesta de las autoridades ante la catástrofe y el intento por minimizar su verdadera dimensión, comenzó a extenderse un fuerte malestar contra el gobierno y en específico contra Bachelet. Ésta, quien llegó a las zonas afectadas el 27 de marzo, atestiguó la molestia de la comunidad.

Sobre el terreno ocurrieron situaciones desesperadas. El 28 de marzo en la población Tonini de Copiapó, un hombre amenazó desde el techo de su frágil hogar con quemarse a lo bonzo junto con su mujer embarazada y su hija de unos tres años.

Estaban desesperados por no tener agua ni alimentos y por estar cubiertos de lodo. Al rociarse con bencina su cuerpo y el de sus familiares, desde un carro de bomberos se le comenzó a lanzar agua. Como no soltaba el bidón, efectivos de Carabineros le dieron un balazo en una mano. Al caer al lodo lo golpearon brutalmente, según mostraron imágenes tomadas por Canal 13.

En otras poblaciones de dicha ciudad se generaron protestas espontáneas que fueron disueltas por la policía con gases lacrimógenos.

Chávez –que también es vicepresidente del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Antofagasta– expresa que la causa de la desorganización que reveló esta crisis “radica en el feroz neoliberalismo que lleva más de 40 años instaurado en nuestro país”.

Sostiene que este ha derivado “en un debilitamiento del Estado a tal punto, que en momentos críticos como una catástrofe, éste no tiene capacidad de respuesta”. Dice que esta es la razón por la cual se deja todo en manos de las fuerzas armadas: “Las dependencias civiles del Estado no tienen ninguna capacidad de hacerse cargo de estos problemas”, señala.

Asegura que la ineficiencia “obligó a los pobladores a organizarse frente la catástrofe. Fue así como vimos a ciudadanos, familias, empresarios locales, emprendedores y voluntarios, organizar las tareas de rescate y ayuda sin ayuda del gobierno local o regional, en un digno ejemplo de organización sin autoridad, donde se abrió paso la solidaridad y la unidad de los chilenos por sobre todas las cosas. Esto es una clara señal de que estamos preparados como pueblo para una nueva era donde la sociedad civil organizada participe de una democracia directa, en pocas palabras, somos un pueblo listos para una nueva constitución.

Francisco Marín

* Este reportaje fue publicada primeramente por revista Proceso, de México, en edición 2005, de 4 de abril de 2015.