La histórica e inédita emergencia hídrica que padece Uruguay ha provocado una crisis para el Gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle Pou y un estado de incertidumbre generalizado, ya que la prolongada sequía puede agravar todavía más la crisis.
El malestar de la ciudadanía es creciente. Desde el mes pasado, las autoridades reforzaron las recomendaciones para limitar el consumo de agua y, a su vez, tomaron medidas que provocaron que el líquido duplicara sus niveles de salinidad, ya que optaron por abastecerse de agua del Río de la Plata, que suele estar salinizada por su cruce con el Océano Atlántico.
Por eso, la estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) tuvo que solicitar al Ministerio de Salud Pública que permitiera aumentar los niveles de sodio, que pasaron de 200 miligramos por litro (el máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud) a 440.
«Si vamos a puntos técnicos, el agua no es potable en la definición perfecta de potabilidad, pero si bebible. Lo que nosotros decimos es que el agua es consumible», advirtió en mayo el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, en una declaración que aumentó la confusión y la desconfianza hacia el líquido que está saliendo de las tuberías.
El Gobierno reconoció que el agua no era apta para embarazadas y personas con enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cirrosis o hipertensión arterial.
También recomendó reducir tiempos en la ducha, limitar el agua en el aseo personal y la limpieza del hogar, encender el lavarropas y el lavavajillas solo con cargas completas, usar recipientes para lavar frutas y verduras, o baldes en el caso de los vehículos, no regar jardines y denunciar fugas en las calles, entre otras medidas.
Las personas con mayores ingresos se volcaron a la compra de agua embotellada, lo que obligó a que en los supermercados se limitara la venta de bidones con un cupo por familia. El precio, además, aumentó.
Efectos de la crisis en Uruguay
Las protestas en los últimos dos meses han sido recurrentes. Al grito de «no es sequía, es saqueo», los manifestantes advierten que esta crisis fue provocada por la sobreexplotación de recursos naturales.
La escasez afecta todos los aspectos de la vida cotidiana de los 1,8 millones de personas que viven en Montevideo y la zona metropolitana, que es donde más se siente el impacto de la falta de agua potable. Representan a la mitad de la población del país.
Todos ellos son damnificados que están racionando el uso del líquido y se están acostumbrando a que todo sepa más a sal, incluso el agua que compran en bidones.
Pero de una u otra forma, a todos les afecta la situación. Por ejemplo, con las cañerías de los hogares y los calefones que se están dañando por la inesperada acumulación de sales.
La solución para Uruguay sería el crecimiento del caudal de la represa del Paso Severino, que es la que abastece a la región. Pero las expectativas no son optimistas.
El director de OSE, Edgardo Ortuño, le confirmó a Télam, la agencia estatal de noticias de Argentina, que las reservas de agua potable pueden agotarse en 20 días, ya que a diario está usando alrededor de 150.000 metros cúbicos y, en total, solo cuentan con 3,5 millones de metros cúbicos.
Esto implica que julio será un mes clave para determinar cómo continúa la emergencia hídrica que el lunes decretó el presidente, ya que no se prevén lluvias en las siguientes semanas.
Polémica con el Gobierno
Este miércoles el Frente Amplio de Uruguay criticó al Poder Ejecutivo por tomar la decisión, a través del Ministerio de Economía, de prohibir a la Intendencia de Montevideo recibir una donación del BID que iba a servir para brindar agua embotellada a las personas que se atienden en policlínicas de la Intendencia.
«Desde el Frente Amplio, entendemos esto como un error más del Gobierno Nacional, que sigue sin dimensionar el efecto que esta crisis tiene en la gente. En la carta dirigida a nuestra compañera Intendenta de Montevideo Carolina Cosse, la Ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche no esboza explicación alguna, sólo dice que el Gobierno Nacional se hará cargo de todo. ¿Vamos a esperar que se haga cargo tarde y mal como ha hecho hasta ahora con esta crisis que nos tiene sin agua potable?», expresó el principal grupo opositor al Gobierno de Lacalle Pou.
La alianza además dijo: «Compartimos la indignación con nuestra compañera Carolina Cosse, porque esto es un nuevo ataque a la gestión de la Intendencia de Montevideo que eligieron democráticamente los y las ciudadanas del departamento».
También indicaron que la Intendencia de Montevideo ha desplegado múltiples acciones desde hace semanas para proteger a las familias más vulnerables y brindar información clara para que las personas puedan tomar decisiones frente a la crisis. Pero, nada es suficiente cuando del otro lado hay actitudes inexplicables.
«Esta donación del BID, se negoció el 25 de mayo cuando el gobierno nacional nos decía que iba a garantizar la calidad del agua, que iba a traer una planta desalinizadora en un avión, compromisos que una vez más no pudo cumplir».
El Frente Amplio de Uruguay indica que el Poder Ejecutivo sigue sin asumir la gravedad de la crisis hídrica que atraviesa el país, los problemas de coordinación en la implementación de acciones y Políticas Públicas responden a la decisión del gobierno nacional de no convocar al SINAE, ámbito que permitiría a las intendencias departamentales coordinar las respuestas a la crisis.
«Las reservas de agua se agotan, y no hay pronósticos de lluvia. Todos deseamos que llueva pero esa no puede ser la respuesta de quienes les toca la responsabilidad de gobernar el país y proteger a las personas».
«Por lo expuesto, declaramos el apoyo total al gobierno frenteamplista de Montevideo, a su gestión y exigimos al Poder Ejecutivo que esté a la altura de esta circunstancia de crisis con la actitud que merecemos quienes somos parte de este país», agregó la alianza izquierdista.
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