El martes 22 de abril de 2015 se realizó la Tercera Marcha por la Recuperación del Agua y de la Vida, bajo la consigna: ¡Mientras más se mojan, más nos secan!
Numerosas y diversas organizaciones sociales, territoriales, ambientales, de pueblos ancestrales, políticas, estudiantiles, de trabajadores, etc., desde distintas localidades del país, confluyeron en un multitudinario torrente que, cercano a las diez mil personas, recorrió los cerros y el plano de Valparaíso, expresando su rechazo a la consagración institucional de las aguas como un “bien de mercado” objeto de ser transado al mejor postor, lo que en la práctica ha significado la privatización de este vital elemento, el que se encuentra en manos de capitales extranjeros en casi su totalidad. Este proceso plasmado en la Constitución heredada de la dictadura ha sido legitimado y profundizado por los distintos gobiernos civiles que se han sucedido desde el Plebiscito de fines de los 80 hasta el día de hoy.
En el informativo elaborado por los organizadores de esta marcha se puede textualmente leer: “194 comunas, más de un 56% de las comunas del país se encuentra en emergencia agrícola por falta de agua…nos dicen que la crisis hídrica es un problema de sequía o de calentamiento global, pero eso esconde la existencia de prácticas corruptas, de medidas irresponsables y de leyes criminales, de las que muy poco sabemos. Por ejemplo, el Código de Aguas, promulgado en 1981 y aún vigente, separó el agua de la tierra y la entregó de forma gratuita y a perpetuidad a los privados, permitiéndoles comercializarla sin tomar en consideración prioridades de uso. Por eso hoy la controlan grandes grupos económicos extractivistas que necesitan agua para llevarse nuestros bosques, suelos y minerales «.
Los problemas relacionados con la carencia de agua no sólo se expresan en el norte de nuestro país, sino también en el centro y el sur. Las empresas mineras utilizan una gran cantidad de agua para su funcionamiento y al mismo tiempo contaminan las aguas superficiales y las napas subterráneas con sus productos de desecho, además de destruir glaciares, que son un reservorio fundamental de agua dulce. Por otro lado las empresas forestales, con sus masivas plantaciones exóticas de pino y eucaliptus, consumen cantidades excesivas de agua para su crecimiento al mismo tiempo que van erosionando el suelo en donde se desarrollan, destruyendo al hábitat de numerosas especies nativas, animales y vegetales y, obviamente, afectando además la disponibilidad para el consumo humano. Las pisciculturas instaladas a orillas de los ríos utilizan el agua pura de los mismos en sus criaderos para devolverla al torrente con elementos dañinos contaminantes. En el caso de la construcción de represas hidroeléctricas, estas se hacen principalmente con el objeto de entregar energía principalmente a las empresas mineras y en estas faenas no tienen ninguna consideración al desviar y represar las aguas sin respetar los sitios ceremoniales y los cementerios ancestrales de los Pueblos originarios, además de no tener ninguna consideración por los habitantes del sector, quienes quedan muchas veces privados de este vital elemento para sus faenas agrícolas y de subsistencia, obligándolos a emigrar y reinstalarse en otros sectores.
Por todo lo anterior, la convocatoria a esta Tercera Marcha plantea como exigencias una serie de medidas básicas tales como:
1.- Fin al lucro: el agua es un bien común y un derecho humano básico que debe ser consagrado como tal en nuestra Constitución, dejando de ser una mercancía regulada por el mercado.
2.-Propiedad colectiva: lagua es de la vida y de todos los seres que de ella dependen, por lo tanto el rol del Estado no es asignarla en propiedad, sino que garantizar, bajo una lógica territorial, una gestión democrática, racional, equitativa y eficiente del agua. Para ello, es vital incorporar prioridades de uso, de manera que el agua para bebida, servicios sanitarios e higiénicos, producción de alimentos y mantención de los ecosistemas, tenga preferencia por sobre otras actividades productivas. Del mismo modo, se debe recuperar el control público sobre el abastecimiento y saneamiento del agua para bebida de la población.
3.-Gestión comunitaria: Los pueblos tenemos el derecho de determinar los modos de vivir que deseamos. Por lo tanto, se hace urgente establecer una moratoria al centralista modelo de desarrollo minero, forestal, energético y agroalimentario que se ha impuesto en nuestros territorios, de modo de evaluar entre todos y toda, será y rigurosamente, la relación que tienen con los proyectos de desarrollo local.
4.-Derogación de los instrumentos privatizadores: El agua y la tierra son indivisibles, tal como lo comprenden todas las cosmovisiones campesinas e indígenas, por lo tanto, se deben derogar todos los instrumentos que fracturan este principio elemental, como el Código de Aguas y el Tratado Binacional Minero.
5.-Leyes para la vida: Debemos dictar con urgencia una ley que proteja los ambientes fragilizados, en especial los ecosistemas glaciares y periglaciares, para preservar las nacientes de nuestras cuencas y la continuidad y sustentabilidad de los flujos hídricos.
6.-Reestructuración institucional: La institucionalidad que regule las aguas, no puede ser una pantalla democrática del saqueo, debe desburocratizarse ahora, estar al servicio de las comunidades y tener facultades y competencias para garantizar el buen uso de las aguas.
7.-Fin a la criminalización de las comunidades que defienden el agua y la vida.
8.-Vincular los espacios de debate y reflexión sobre un manejo participativo, integrado y sustentable de nuestras cuencas, al proceso social de construcción de una nueva Constitución, que hoy se expresa en la necesidad de una Asamblea Constituyente.
Las consignas presentes en los lienzos de las distintas organizaciones y localidades, asimismo como los gritos voceados por los y las concurrentes expresaban a cabalidad el petitorio y argumentación que motivó esta movilización.
Una lección a tener presente es el impacto que tienen a nivel territorial y local los problemas provocados por un modelo neoliberal depredador y excluyente, en donde una minoría se apropia de las riquezas profundizando aún más la brecha de desigualdad existente y, como a partir de esta realidad concreta se desarrolla un trabajo unitario por los derechos de los marginados y postergados por el modelo neoliberal.
Esto sin duda representa un desafío y una oportunidad para que los sectores más conscientes de los estudiantes, trabajadores y pobladores se integren a trabajar en los territorios y localidades para canalizar sus energías y desarrollar un quehacer concreto de educación y organización popular junto a los marginados del campo y la ciudad.
De esta manera, a partir de los problemas globales del territorio, que van más allá de las reivindicaciones específicas de los distintos frentes, pero que interactúan y se complementan, se pueden aunar voluntades y rebeldía en la lucha, conquista y defensa de los derechos del pueblo que son antagónicos a los del modelo neoliberal imperante.
Así, parafraseando al cantautor Daniel Viglietti :
«(…) una gota con ser poco, con otra se hace aguacero»
Por Guillermo Correa Camiroaga