Una agrupación de 64 familias se mantiene en el frontis de la casa matriz de la empresa eléctrica Enel, ubicada en la esquina de Santa Rosa con Marcoleta, en Santiago. Vienen desde la comuna de Coronel, en la Región del Bío-Bío, y se han apostado con carpas y artículos domésticos desde el lunes de esta semana. Pretenden permanecer en el lugar hasta que la compañía abran el diálogo.
El conflicto, según explican los apostados en el lugar, se remontaría al año 2008, cuando Enel –en ese entonces, Endesa– comenzó a instalar la planta termoeléctrica Bocamina II y les habría propuesto a este grupo de vecinos que se reubicaran en viviendas en otro sector, cuestión que estas familias aceptaron.
«Nos entregaron unas viviendas de mala calidad. Yo recibí el 2011 mi vivienda y tenía fisuras, así como las de los demás vecinos. Nunca nos quisieron escuchar el año 2012 o 2013. La empresa mandó a reparar la vivienda cuatro veces, pero no funcionaron las reparaciones», dice Paulina Lara, una de las mujeres que afectadas.
La razón de las fisuras, acorde al relato de Lara, es la composición del terreno sobre el cual están construidas. Esta agrupación pudo saber esto último luego de encargar un estudio a una casa universitaria; tras varias oportunidades en que arreglaron las paredes ellos mismos.
«Decidimos no reparar más nuestras viviendas porque sabíamos que no era la solución. Decidimos hacer un informe a través de la Universidad del Bío-Bío, donde se concluyó que las viviendas fueron hechas en un suelo malo. No hubo compactación. No hicieron un estudio. El suelo tiene agua abajo. El estudio, costeado por nosotros, encontró a un metro y medio agua. Las casas se siguen agrietando», agrega.
El informe de la institución penquista habría significado más de $5 millones, pagados por los distintos vecinos afectados. El temor a un eventual terremoto que eche abajo las paredes es pan de cada día, lo que los llevó a entablar una mesa de negociación con Enel. Así, cuentan, la empresa les ofreció algo menos de 12 millones de pesos, bono que habría aceptado un poco menos de la mitad de las personas.
«Estábamos con Enel en una mesa de negociación, pero ellos nos están sometiendo, imponiendo a ir a firmar un documento que habla de una compensación de 11 millones 600 mil pesos. Yo siempre he pedido que fuera vivienda, una nueva. Y dijeron que el que no va a firmar a notaría se queda sin ningún beneficio», dice Paulina Lara, quien finaliza afirmando: «Hoy, el alcalde actual, Boris Chamorro, no nos entregó apoyo, ni siquiera un llamado».
Cabe recordar que Bocamina II, propiedad de Enel, es responsable de una histórica contaminación del mar producida en la comuna de Coronel, ocurrida el año 2012, lo que llevó a tres ejecutivos a ser formalizados en la Justicia.
Te invitamos a ver el despacho sobre esta denuncia realizado por el Área Audiovisual de El Ciudadano a continuación: