Veinte años de desconcertación ambiental

En la línea de nuestro especial que pretende analizar los veinte años de gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, presentamos un texto de Luis Mariano Rendón, en el que se evalúan las políticas ambientales de este período


Autor: Cesarius

En la línea de nuestro especial que pretende analizar los veinte años de gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, presentamos un texto de Luis Mariano Rendón, en el que se evalúan las políticas ambientales de este período.

Durante los gobiernos de la Concertación se concretó la mayoría de alianzas vigentes hasta hoy con transnacionales y grandes empresas para la privatización de recursos naturales./Foto: Álvaro Hoppe.

______________________________________________

*Por Luis Mariano Rendón Escobar

Al asumir los gobiernos de la Concertación, los aspectos ambientales tenían una relevancia muy baja en la institucionalidad que se heredaba de la dictadura. En ella, no obstante, algunas consideraciones ambientales ya existían, pero tenían un enfoque exclusivamente sectorial. El gran desafío era lograr integrarlas en una gestión coherente. Un desafío que se planteaba más que por propias convicciones sobre la sustentabilidad que pudieran traer los concertados, por las exigencias de los mercados externos.

Producir sin salvaguardar el medio ambiente constituye “dumping ambiental”, una forma de competencia desleal en la economía mundial. Las normas ambientales se difunden internacionalmente impulsadas por el mismo motor que impulsó la difusión de las normas laborales a fines del siglo XIX entre distintos países: “Debes reconocer derechos a tus obreros, o de lo contrario te saldrá más barato producir que a mí, que ya he tenido que reconocérselos y eso, no lo voy a tolerar”.

LA NORMA HA SIDO INSUFICIENTE

Surge así la normativa y la institucionalidad ambiental propiamente tal, mediante la dictación de la Ley de Bases del Medio Ambiente, promulgada por Patricio Aylwin dos días antes de dejar la Presidencia, el 9 de marzo de 1994. Pero con un gran déficit: No existía una autoridad ambiental. Aunque muchos plantearon ya en ese momento la necesidad de que hubiese un Ministerio del Medio Ambiente, primó la idea de un modelo meramente “coordinador”, expresado en el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama). La idea subyacente era que “el tema ambiental es responsabilidad de todos”, por lo tanto habría una Comisión que agrupase a todos esos responsables.

La historia de la gestión ambiental concertacionista demostró que en materias de gobierno, como ocurre también en la vida cotidiana, cuando algo es responsabilidad de todos, termina siendo responsabilidad de nadie.

Y así, sin un claro responsable, se desarrollaron las políticas ambientales durante prácticamente todos los gobiernos de la Concertación. Eso sin duda fue funcional para que cuando se producía un cortocircuito entre los intereses ambientales y los de grupos corporativos, pudiese removerse al director o directora ejecutiva de la Conama, un funcionario de tercer nivel jerárquico, con un costo político incomparablemente menor a que si hubiese sido un ministro.

De esa manera, dos directoras ejecutivas de Conama, Blanlot y Hoffmann, fueron rápidamente removidas cuando insinuaron alguna resistencia a la violación de la normativa ambiental, con motivo de la aprobación de la hidroeléctrica Ralco y de la expansión urbana de Santiago respectivamente.

UNA PUERTA GIRATORIA DE INTERESES

La carencia de un Ministerio del Medio Ambiente ha sido solucionada recién ahora, tras 15 años de falta de un responsable. Las consecuencias han sido muy concretas. En materia de contaminación atmosférica, esta sigue siendo grave en la mayor parte de nuestras ciudades. En el caso de Santiago, estamos ante un evidente fracaso del Plan de Descontaminación que, elaborado en 1997, prometió limpiar el aire de Santiago en 14 años.

No son extraños estos fracasos. Sin un responsable ambiental, han primado en los gobiernos las visiones de los ministerios sectoriales más ligados a los grupos empresariales. El caso del Ministerio de Vivienda ha sido emblemático. En dicha repartición hemos vivido el “Festival de la Puerta Giratoria”, este trasvasije entre el sector público y privado con abiertos conflictos de intereses. Ejecutivos de empresas inmobiliarias han entrado en una verdadera comisión de servicio a ejercer cargos de dirección en el Ministerio, impulsando políticas que beneficiaban directamente a sus ex empleadores.

Hemos llegado, por el otro lado de la puerta giratoria, a casos de ex ministros de vivienda que han pasado a prestar servicios a especuladores inmobiliarios recién dejado el cargo. Como resultado, la ciudad no ha parado de expandirse horizontalmente, generando grandes ganancias para unos pocos, pero generando también viajes motorizados cada vez más prolongados y que por lo tanto, mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera, además de pérdida de tierra agrícola, impermeabilización que impide la infiltración de las aguas lluvias hacia las napas subterráneas y otros muchos impactos negativos.

CONTROLES Y AVANCES INEFICIENTES

En materia de recursos naturales, la falta de fiscalización, por ejemplo en el área de la salmonicultura, ha provocado un verdadero colapso ambiental en las zonas donde esta actividad se desarrolla, lo que ha llevado finalmente a un decaimiento de la industria y a una fuerte presión para que se le permita expandirse a zonas prístinas. También en esta área la “puerta giratoria” no paró de dar vueltas. El extremo fue bajo el gobierno de Lagos, el nombramiento del presidente de Salmón Chile (agrupación gremial de las empresas salmoneras), como subsecretario de pesca: El gato cuidando la pescadería.

En materia de los temas globales, como el calentamiento del planeta, tampoco puede mostrarse un desempeño muy positivo. Chile ha pasado a tener el triste honor de ser el país latinoamericano de mayores emisiones de gases de efecto invernadero per cápita.

Hoy, terminamos las dos décadas de la Concertación con una nueva institucionalidad. En el plano formal, debe reconocerse como un avance. Sin embargo, también en ese terreno hay que constatar retrocesos. El centralismo se ve exacerbado, pues en el nuevo Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental fue eliminada la participación de los consejeros regionales, la única expresión medianamente representativa de la ciudadanía de cada región. Ahora, serán sólo Seremis, designados exclusivamente por el Presidente de la República, quienes tomarán decisiones.

El panorama no se avizora tranquilo para el primer gobierno de la Alianza. Las tensiones entre los grandes proyectos industriales destinados a la exportación, intensivos en recursos naturales sin elaboración por una parte, y las formas de vida y producción tradicionales y sustentables seguirá estando presente.

La eliminación de zonas agrícolas en favor de los especuladores inmobiliarios, como en Santiago, o la desaparición de zonas de pesca artesanal para destinarlas a desagüe de fábricas de celulosa, como en Mehuín, son sólo algunos de los conflictos que se avecinan. Su resolución no será en ningún caso técnica. Será el resultado de batallas políticas y sociales que irán definiendo el grado de sustentabilidad de nuestra forma de vida.

*El autor es abogado y se desempeña como coordinador de la agrupación ciudadana “Acción Ecológica”. http://luismarianorendon.blogspot.com


Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano