La Corte Suprema aceptó conocer el recurso de reclamación de la revista Punto Final que fue presentado ante el máximo tribunal luego que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazara la demanda de esa publicación por la distribución del avisaje estatal.
La demanda de Punto Final contra el Estado es por la discriminación que sufre la prensa independiente y favorece sólo a los grandes conglomerados mediáticos. En el caso de la prensa escrita, los avisos del Estado favorecen a la cadena El Mercurio, dueña del diario del mismo nombre, Las Últimas Noticias, La Segunda y medios regionales; y a Copesa, controladora de La Tercera y La Cuarta.
Se calcula que el Estado gasta hoy más de 5 mil millones de pesos anuales en publicidad de prensa escrita. Un 80% de dicho monto se va para medios de las cadenas de El Mercurio y Copesa. Para los medios independientes casi nada.
Un estudio, realizado el 2005, por el Observatorio de Medios (Fucatel), sobre la inversión publicitaria del Estado daba cuenta que los principales receptores del avisaje estatal de la prensa escrita fueron en un 48% los diarios de la cadena El Mercurio y en un 29% los del grupo Copesa. O sea, ambos consorcios concentran el 77% de la inversión publicitaria estatal.
Para remediar esta situación, el director de Punto Final, Manuel Cabieses, presentó una demanda ante la Fiscalía Económica, en agosto del 2006, la que fue rechazada en noviembre del 2009.
MONOPOLIOS MEDIÁTICOS AUSPICIADOS POR EL ESTADO
El recurso de reclamación de PF lo verá la Tercera Sala de la Corte Suprema en los primeros días de marzo. Dicha sala se especializa en asuntos civiles y constitucionales.
La solicitud de PF invoca la declaración de principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que regula la incidencia de los monopolios u oligopolios en la propiedad sobre los medios de comunicación.
El director de Punto Final, Manuel Cabieses, declaró a El Clarín, que “esperamos una decisión categórica de la Corte Suprema en defensa de la libertad de expresión. Si la discriminación denunciada por PF ha ocurrido durante gobiernos de la Concertación, hay que imaginar lo que sucederá bajo un gobierno derechista que no tiene compromiso alguno con el pluralismo informativo”.
La actual lógica de asignación publicitaria se sostiene en que tales avisos son puestos en los medios de mayor circulación. Esto se evidencia aún más en regiones, donde la cadena El Mercurio a partir de la dictadura se hizo dueña de los únicos diarios que circulan la mayoría de las ciudades del país.
Consultado respecto a la lógica de distribución de publicidad imperante, Cabieses comentó en una entrevista a El Ciudadano que “ese es el argumento que se suele utilizar para justificar que la prensa independiente no tenga acceso a la publicidad estatal y privada. Los medios independientes tienen a veces altos niveles de tiraje y circulación y no son elegidas por los anunciantes”.
En representación de la revista alegará el abogado Alberto Espinoza Pino, mientras que la contraparte será un abogado del Consejo de Defensa del Estado.
El Ciudadano
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