Critican Declaración del Colegio de Periodistas

Impugnamos la declaración de cuatro miembros de la directiva del Colegio de Periodistas de Chile suscrita el viernes 14, a nombre de todos los afiliados, en que denuncian un «grave peligro» a la libertad de expresión en Venezuela y en que emiten juicios sobre numerosos temas legales y jurídicos de ese país


Autor: Director


Impugnamos la declaración de cuatro miembros de la directiva del Colegio de Periodistas de Chile suscrita el viernes 14, a nombre de todos los afiliados, en que denuncian un «grave peligro» a la libertad de expresión en Venezuela y en que emiten juicios sobre numerosos temas legales y jurídicos de ese país.

Rechazamos esa declaración sin precedentes no sólo porque se hace parte de la campaña internacional contra el gobierno de Hugo Chávez con afirmaciones no sustentadas en fundamento alguno. Por lo demás, tal declaración se parece demasiado a la “denuncia” de “deterioro de la libertad de prensa” que hoy (jueves 19) publican en El Mercurio, La Tercera, la hora y otros grandes diarios las agrupaciones patronales de dueños de diarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

La directiva del Colegio manifiesta “profunda preocupación por la situación de la prensa en Venezuela, donde los intentos de control estatal ponen en grave peligro el derecho ciudadano a la información”, sin indicar ¿cuáles son esos “intentos de control”? ¿En qué consiste tal “grave peligro”?

Añade que “especial alarma ha provocado en el gremio periodístico –tanto a nivel nacional como internacional- la pretendida Ley de Delitos Mediáticos, proyecto que provocó un enérgico rechazo de la opinión pública”, y a continuación agrega que fue retirada del Parlamento pero… que puede enviarse de nuevo.  ¿Rechazo de cuál “opinión pública”, de qué país?

Critica una “Ley de Delitos Mediáticos” que no existe. Sólo hubo un iniciativa personal de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, preocupada por los grandes medios empeñados en desestabilizar al gobierno, que fue rechazada en la Subcomisión de Medios y no llego siquiera la Asamblea Nacional. Una décima parte de los insultos mediáticos diarios contra el Presidente y la incitación constante a su asesinato serían sancionados en cualquier país, incluso en Chile si aludieran a la Presidenta Bachelet.

Como expresó el jurista Juan Aguad, ex abogado del Colegio, “hay un pronunciamiento sin conocer la posición de la otra parte. Se da por cierto, por verdad, el denuncio hecho sin indagarlo. Habría sido prudente conocer el texto de [proyecto de] ley de Delitos Mediáticos, que fue retirado del Congreso, contra la cual se reclama”.

La “preocupación nacional” no ha sido manifestada por ningún “gremio periodístico” de Chile, sino por los grandes medios locales, que tienen sus propios “gremios” patronales. La “preocupación internacional” a la que alude probablemente sea la manifestada en términos prácticamente idénticos por Freedom House, Reporteros sin Fronteras y otras entidades pro estadounidenses, como si todas obedecieran a la misma instrucción estándar, pero se ignoran las manifestaciones internacionales en apoyo a la verdad y a Venezuela.

Otro párrafo dice “solidarizamos con nuestros colegas venezolanos, cuya orden gremial se ha declarado en Alerta Roja. Aún cuando por ahora habría libertad de expresión en el país, ya está seriamente limitado el derecho ciudadano a estar debidamente informado (garantizado en la Constitución) por el progresivo silenciamiento de medios, como el reciente cierre de 34 radios y 2 televisoras regionales”, es decir “habría libertad de expresión en el país”.

El “progresivo silenciamiento de medios tampoco es verdad. El gobierno retiró las licencias de esas emisoras porque las concesiones radioeléctricas no pueden heredarse, venderse o traspasarse, según una antigua ley anterior a Chávez.

Respecto a la polarización de los “colegas venezolanos”, observamos que el gremio está polarizado entre algunos periodistas (no todos) que trabajan para los grandes medios y se esfuerzan por desestabilizar al gobierno, versus quienes laboran en la prensa que apoya al gobierno del Presidente Chávez. Tal como ocurrió en Chile en tiempos de Allende, el gremio está dividido por el conflicto entre dos bloques de la sociedad. En los grandes periódicos, excepto Últimas Noticias, de la Cadena Capriles, los periodistas que piensan distinto a los dueños ya fueron despedidos hace años.

Como señaló el abogado Aguad, faltó reportear “las causas exactas del cierre de radios y emisoras de TV”, porque la verdad es que las radios afectadas tenían caducadas sus concesiones desde 1982, sus concesionarios fallecieron y quienes las manejaban no detentaban un usufructuo en derecho de la frecuencia. De 240 emisoras fiscalizadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que regula y vigila el espectro radioeléctrico como lo hace la autoridad en cualquier otro país, constató que 34 radios no cumplían con los requisitos legales. Las frecuencias serán asignadas a nuevos concesionarios. Se aplicó la legislación vigente, que rige desde décadas anteriores a la administración Chávez.

Respecto al “firme repudio a las agresiones a medios y a periodistas, cuyo trabajo es cada vez más difícil por el extremo grado de polarización que vive la nación venezolana”, debe suponerse que la frase alude a un incidente entre grupos de manifestantes, donde algunos resultaron ser periodistas, que no estaban reporteando, que se encontraban expresándose políticamente como cualquier ciudadano. La agresión, que de suyo es un hecho condenable, motivó de inmediato una investigación de la policía y demás instancias del Estado, por órdenes del gobierno de Chávez. “El extremo grado de polarización que vive la nación venezolana”, tal como ocurrió en el Chile de 1973, no es por culpa de la autoridad: se debe al afán de derrocar al gobierno legítimo que llevan adelante un sector de la sociedad y los grandes medios privados de información.

Los periodistas que protagonizaron el incidente en las calles de Caracas manifestaban contra la Ley Orgánica de Educación, que entre otros aspectos se propone enseñar a los niños a leer los diarios. El periodista venezolano Eleazar Díaz Rangel, director del matutino «Últimas Noticias», fundador y ex presidente de la Asociación Venezolana de Periodistas, del Colegio Nacional de Periodistas y de la Federación Latinoamericana de Periodistas, en su columna del domingo (300.000 ejemplares), expresó:

“Dotar a escolares y liceístas de las herramientas necesarias para hacerlo [aprender a leer los diarios] es una importante tarea. ¿Por qué no? ¿Acaso quieren unos hijos de la sumisión, incapaces de reflexionar, de cuestionar, de criticar, incluso a los medios? ¿Por qué esas reacciones si en la Ley Orgánica de Educación se busca crear desde la escuela lectores críticos? ¿Qué tiene de malo? ¿Saben que Balzac llamó a la prensa «cuarto poder» porque criticaba a los tres poderes clásicos pero no permitía que la criticaran? La prensa, los medios en general, que tanta influencia ejercen en las gentes, en niños y adolescentes, como ocurre con el gobierno, los tribunales, el legislativo, los políticos, casi todos en la sociedad moderna, pueden y deben ser analizados y criticados”.

Los abajo firmantes hacemos nuestra la esencia de las objeciones formuladas a la declaración del Colegio de Periodistas de Chile por diferentes colegas que también forman parte del gremio y cuyas opiniones de rechazo de cada uno, no fueron incluidas en esta declaración por razones de espacio, pero se encuentran todas en el blog: http://mapochopressmapochoprensa.blogspot.com/).

Santiago, 19 de agosto, 2009

Firmán:

José Miguel Varas, periodista y escritor, Premio Nacional de Literatura 2006; Gladys Díaz Armijo, ex consejera metropolitana del Colegio; Daniel Yañez, consejero nacional; Patricio Martínez, consejero nacional; Patricia Collyer, consejera nacional; Juanita Rojas, consejera nacional; Guillermo Torres Gaona, ex presidente del Colegio y Tesorero de la FELAP; Hernán Uribe Ortega, consejero nacional en varios períodos entre 1960 y 200, ex tesorero, secretario general y vicepresidente del Colegio; Doris Jiménez, periodista colegiada; Patricia Bravo, periodista colegiada; Alejandro Kirk, periodista chileno-venezolano, miembro del Colegio de Periodistas de Venezuela; Douglas Hübner Vidal, presidente de la Asociación de Periodistas Jubilados; Rose Marie Graepp, periodista colegiada; Camilo Taufic, periodista colegiado; Manuel Cabieses Donoso, director de la revista Punto Final y ex consejero nacional del Colegio de Periodistas; Virginia Vidal, periodista colegiada y escritora; Jorje Lagos Nilsson, periodista y escritor; Lucía Sepúlveda Ruiz, Manuel Holzapfel, consejero metropolitano; Paulina Acevedo, periodista colegiada; y Miguel Tapia Gonzalez, ex vicepresidente y secretario  del Colegio V Región y director de ZonaImpacto.cl, Bruno Sommer, director El Ciudadano.


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