La “torta publicitaria” del Estado

El Mercurio informó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que sus tres diarios de Santiago (La Segunda, Las Ultimas Noticias y El Mercurio) recibieron en 2008 un total de $74.873.311 en publicidad de los ministerios de Hacienda, Justicia y Planificación. Se trata de una cantidad demasiado discreta, porque en diciembre de 2008 ChileCompra informó haber adjudicado un “convenio marco” por 7 millones de dólares en avisaje del Estado, que beneficia preferentemente al diario ancla de Agustín Edwards y a Copesa (La Tercera y La Cuarta).

Lo más relevante fue que El Mercurio explicó al tribunal que la forma de contratación fue a través del convenio marco de ChileCompra. La Tercera, en cambio, respondió sin señalar los montos recibidos de aquellos tres ministerios.

Todavía están pendientes los informes solicitados a otros medios por el TDLC, así como las respuestas de los ministros de Hacienda, Justicia y Planificación a las preguntas que resolvió hacerles el tribunal que investiga la denuncia de PF sobre favoritismo en la distribución del avisaje estatal.

El TDLC investiga, a petición del abogado de PF, Alberto Espinoza Pino, los montos del avisaje de esos tres ministerios desde agosto de 2006 a la fecha. La demanda de PF cubre el gasto publicitario de todas las reparticiones del Estado, incluyendo las FF.AA. y Carabineros. Pero el TDLC redujo la investigación a sólo tres ministerios: Hacienda, Justicia y Planificación.

Otras preguntas del TDLC a esos ministerios son las siguientes:

-¿Cuáles son los medios escritos en los que ha contratado avisaje ese ministerio, desde agosto de 2006 a la fecha, y los montos gastados?

-¿Cuáles son los procedimientos y criterios utilizados por ese ministerio para contratar el avisaje publicitario en medios escritos y en qué normas de cualquier jerarquía están contenidos dichos procedimientos?

-¿Qué fuente de información ha utilizado el ministerio para conocer tanto el tiraje de los medios escritos con los que contrata avisaje, como los niveles de lectoría de esos medios entre el público objetivo destinatario de los mensajes?

-La línea editorial de los medios de comunicación escritos, ¿ha sido un factor a considerar en el período en cuestión, y por qué razón?

-¿El ministerio, ha contratado avisaje desde 2006 con oferentes de medios escritos que no se encuentren inscritos en la Dirección de Compras y Contratación Pública?

-¿El ministerio ha contratado avisaje con la revista Punto Final en el período en cuestión?

“CONVENIO MARCO”

ChileCompra dio a conocer en diciembre de 2008 un “convenio marco” para repartir una torta de 7 millones de dólares en publicidad entre ciertos medios de comunicación. En teoría, “un convenio marco es un convenio en el que se establecen precios y condiciones de compra determinadas durante un período de tiempo definido. El objetivo de estos convenios es incorporar los productos y servicios en una tienda virtual, ChileCompra Express, en la cual los organismos del Estado pueden comprar directamente”.

La cuestión es cómo ingresar a esa tienda virtual ¿como “Convenio Marco”, “Catálogo Electrónico” o “ChileCompra Express”? nombres de fantasía de lo que parece un gran colador que filtra a los proveedores del Estado ya registrados en el sistema supuestamente abierto y transparente de mercadopúblico.cl. La figura Convenio Marco parece más bien concebida como un escudo protector del favoritismo burocrático hacia ciertas empresas, como El Mercurio o La Tercera, a la hora de contratar publicidad en medios escritos.

Esta fórmula de favoritismo se extiende a todos los rubros que adquiere el Estado. En el caso de las imprentas, por ejemplo, solamente en Santiago hay cuatro empresas calificadas por “convenio marco” para proveer los servicios de impresión de los once tipos de trabajos de “papelería corporativa” más solicitados por la burocracia: desde simples tarjetas y hojas tamaño carta a carpetas y catálogos. Esta práctica fomenta monopolios, quizás ligados a intereses más oscuros, precisamente cuando el gobierno se apresta a proclamar la entrada en vigor de la ley Nº 20.285, llamada de Probidad y Transparencia, que a partir del 21 de abril promete acabar con el secretismo y los chanchullos en los procedimientos estatales.

El favoritismo del Estado por las grandes empresas mediáticas queda en evidencia en la lista oficial de proveedores de avisos, publicada en diciembre de 2008, que percibirán siete millones de dólares asignados para “avisaje en medios”.

ChileCompra informa que “31 empresas del rubro de las publicaciones, revistas, diarios impresos y electrónicos resultaron adjudicadas en el convenio marco de Avisaje en Medios…”. Son 31 filtradas de “un total de 59 ofertas que pasaron por el proceso de la dirección ChileCompra, y se espera que una vez catalogado el convenio registre transacciones por siete millones de dólares”. Hubo 28 empresas que no calificaron o quedaron fuera, sin contar quienes no participaron por falta de información.

REPARTO DE LA TORTA

ChileCompra señala 31 empresas habilitadas en exclusiva para prestar seis “servicios de avisaje”: 1. Diarios nacionales; 2. diarios regionales; 3. diarios electrónicos; 4. revistas; 5. periódicos (circulación semanal, quincenal, mensual); 6. medios de Internet.

En el servicio Nº 1 (diarios nacionales) están La Nación, El Mercurio (que posee 23 diarios), Publimetro y los dos de Copesa: La Cuarta y La Tercera. Pero ChileCompra advierte que “cada uno de los seis servicios de avisaje está referido a un medio de comunicación específico, por lo que algunas empresas fueron adjudicadas en más de una categoría”. En particular El Mercurio.

En el servicio Nº 2 (diarios regionales) aparecen catorce empresas y de nuevo repite El Mercurio con su Empresa Periodística El Norte S.A., dueña de los diarios La Estrella de Arica, La Estrella de Iquique, La Prensa de Tocopilla, El Mercurio de Calama, El Mercurio de Antofagasta y El Diario de Atacama. También figura Copesa, como co-propietaria de la Empresa Periodística Diario Concepción S.A., editora del Diario de Concepción, fundado a medias con la universidad penquista en 2008.

Los demás proveedores de diarios regionales son la Empresa Periodística América S.A. (I Región). Patagónica Publicaciones S.A. (El Pingüino de Punta Arenas), Antonio Puga y Cía. Ltda. (El Día de La Serena), Editora El Centro Empresa Periodística S.A. (El Centro de Talca), Sociedad Periodística Guayacán S.A. (La Región de Coquimbo), Sociedad Periodística Portales Ltda. (Diario VI Región), Publicaciones La Quinta S.A. (El Diario Gratuito de la V Región), Empresa Periodística Curicó Ltda. (La Prensa de Curicó), Empresa Periodistítica La Discusión (La Discusión de Chillán), Servicios Integrales Ltda. (no fue ubicado su diario, VI Región), Silvia Miroslava Guerra Yerkovic (no fue ubicado su diario, Coquimbo) y Sociedad Informativa Regional (El Rancagüino, VI Región).

Y aunque el servicio Nº 3 (diarios electrónicos) es prácticamente lo mismo que el servicio Nº 6, allí no aparece El Mercurio. Sólo Lo Plaza S.A. (elmostrador.cl) y Empresa Periodística La Nación (lanacion.cl). Existiendo decenas de diarios electrónicos, sólo se consideraron esas tres empresas.

Existe cierto engaño derivado del uso de múltiples nombres en empresas subsidiarias de la compañía insignia de Agustín Edwards: por ejemplo, en “medios de Internet” aparecen 17 empresas, pero ocho pertenecen a El Mercurio. Además de sus dos grandes portales (www.emol.com y www.elmercurio.com), figuran otros seis de la Empresa Periodística El Norte S.A., propietaria de diarios de papel y de sus correspondientes portales en el norte, todos de El Mercurio.

“Las coberturas varían según el medio de comunicación que se trate, pero en general son nacionales”, asegura ChileCompra, aunque no informa cómo el Estado contrata avisaje en televisión y, en algunos casos, parece haber elegido intermediarios como proveedores de avisaje, particularmente en el rubro “revistas”.

LAS REVISTAS

En el servicio Nº 4 (revistas) aparecen diez medios de la Región Metropolitana. De nuevo figura la Empresa Periodística El Mercurio, quizás por su “Revista del Sábado”; se repite Publimetro y tres empresas de Copesa: Empresa Periodística La Cuarta, Empresa Periodística La Tercera y Paula Ediciones S.A., que publica Paula, Tejer la Moda, Tu mascota y Cocina a la moda.

Las otras cinco empresas beneficiadas como revistas son El Periodista, Holanda Comunicaciones (que significa Ercilla, Publimark, Vea, Miss 17, TV Grama, Elle, Gourmand y Cine-Grama) y Schwartz y Asociados Ltda. (In Vitro Magazine). Existen otros dos beneficiarios, Héctor Alejandro Maldonado Alvarez y Marketing, Promociones y Servicios Ltda., pero nos fue imposible saber quiénes son y qué revistas publican.

El servicio Nº 5 (periódicos, circulación semanal, quincenal, mensual), todos de la Región Metropolitana, con un concepto prácticamente idéntico al de “revistas”, adjudicó sus favores a tres editoras: 1) Empresa Periodística La Nación; 2) Sociedad Periodística El Observador Ltda., que tiene su domicilio en Santiago pero que edita El Observador de Quillota; y 3) Sociedad Periodística Tiempo y Cía. Ltda.: se trata de la editora del semanario Tiempo, de La Serena.

Algunas de estas empresas aparecen como “receptores de fondos públicos” por conceptos distintos al periodismo. Tampoco cuadra con la realidad la cantidad de 31 empresas que indica el portal ChileCompras como receptoras de avisaje. Aparentemente, la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Probidad tendrá bastante paño que cortar en el sistema de compras públicas. El “convenio marco” es un concepto aberrante, contrario a la libertad de comercio, porque el funcionario público que ose omitirlo, se expone a sanciones de la Contraloría.

Ernesto Carmona