La excluyente TV Digital y las televisoras comunitarias

La historia de la televisión en Chile tuvo una evolución que pasó de las universidades a manos privadas. Hoy, ad portas de la entrada en vigencia de la televisión digital, lo que podría ser una oportunidad para la democratización de los emisores y los mensajes, de la manera en que evoluciona, tiende a quedar en las manos de los dueños del negocio.

Cuando se emite la primera transmisión desde los estudios experimentales de la Universidad Católica de Valparaíso en 1957, Chile destacaba por ser el penúltimo país de Latinoamérica en tener televisión. Antes de esto, en el parlamento, los clubes señoriales y los círculos académicos, solo se había logrado definir el espectro radioeléctrico como un bien de uso público, tal como el agua y la electricidad.

El problema era que ningún privado deseaba arriesgarse con este “negocio” que, desde fines de los años ’40, ya rendía frutos en Estados Unidos y Europa occidental. La solución fue otorgar permiso a las universidades para que importaran el equipamiento necesario, ya que estas gozaban de exención tributaria por ser entidades forjadoras del saber, lo cual, al Estado y sus empresarios, les vino de perilla.

La primera Ley de Televisión fue levantada en 1970, bajo el gobierno de la Unidad Popular. Aquí quedó establecido un sistema bipartito de derechos donde solo el Estado y las universidades podían poseer y administrar concesiones televisivas. La consigna fue que los personajes, animaciones, discursos y movimientos de la pantalla tuvieran como misión “informar, educar y entretener”, arenga que, tras la dictadura militar y los gobiernos de la Concertación, pasó a formar parte del discurso recurrente que los cuatro grandes dueños del negocio sostienen a la hora de justificar la programación que exhiben.

ANTE LA PRIVATIZACIÓN, LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA

Durante este periodo de privatización de las señales nacionales, surgen como contraparte los medios comunitarios, populares y alternativos. En torno al registro audiovisual de las actividades de resistencia en algunas poblaciones emblemáticas como La Victoria, Lo Hermida o La Pincoya, se comienzan a agrupar los pobladores para hacer efectiva la comunicación directa.

Los primeros en pasar de los pantallazos a la señal abierta fueron los de Señal 3 de La Victoria, en 1997. “Levantamos el canal porque queremos educar, generar memoria e identidad popular. Además, mostrar la visión de los hechos desde el mundo popular. Que la gente se sienta respetada”, explica Sergio Gajardo, miembro estable de la propuesta televisiva.

Esta iniciativa fue acumulando experiencia y sirvió de impulso para concretar el surgimiento de canales en el resto de la Región Metropolitana como es el caso de Umbrales TV, en Villa Francia; Parinacota TV, de Quilicura, o Víctor Jara TV, del Barrio Yungay, experiencias apoyadas inicialmente por la precursora Señal 3.

“Nosotros partimos con un equipo que nos facilitaron desde La Victoria, durante unos meses, y a partir de ello comenzamos con el canal en Villa Francia”, señala Luis Rivera, uno de los fundadores de Umbrales TV.

ADMINISTRACIÓN COLECTIVA DE LA TELEVISIÓN

Las televisoras comunitarias en general son parte de un proceso de organización previa, de colectivos culturales, políticos y sociales que han replanteado o ampliado su forma de trabajo en la televisión. Canal 8 de Peñalolén, por ejemplo, es un proyecto levantado por la organización Buenos Días América a partir del año 2001, desde la Radio Encuentro de Peñalolén.

“Luego se nos unieron muchos vecinos, así que decidimos salir de la radio y hacer una organización social barrial. Nos preguntábamos qué hacer; hicimos reportajes en la calle, comenzamos a recaudar fondos con peñas, fuimos precursores en hacer puestos de transmisión de radio en la calle”, comenta Carlos León, miembro fundador del canal.

Según Kike Ortega, investigador perteneciente a la ONG “ECO, educación y comunicación”, el carácter comunitario de las televisoras, se ve asociado a que apelan al sentido de comunidad desde distintas perspectivas, que trascienden más allá de una territorialidad. “Buscan ser reflejo de un imaginario cultural que no existe en los medios de comunicación masivos, y que por el contrario trabajan por generar representaciones sociales desde la base”.

Por otra parte las formas de organización no son jerárquicas y promueven la igualdad de condiciones entre los trabajadores. “Un canal está compuesto por organizaciones sociales, es decir no existe un dueño de un canal sino que una administración colectiva”.

Para Vicente Parrini, editor periodístico del Observatorio de Medios Fucatel, existe un factor que es decidor para señalar si un medio de comunicación pertenece al tercer sector -ni público ni privado, sino de la comunidad- puesto que los medios comunitarios no persiguen fines de lucro, “esto no quiere decir que sean pobres ni precarios, sino que los dineros que se generen no tengan otro destino que un propósito social”.

Pero ante todo, para Parrini, el carácter comunitario está determinado por la representación y participación de las personas dentro del medio, “lo más importante es el proceso de empoderamiento que se debe producir en las comunidades, es decir en ese proceso la gente piensa y se desarrolla de esa conciencia social, dejando de ser entes pasivos. Tendemos a ser actores dentro de la comunicación”.

¿MÁS Y MEJOR TELEVISIÓN PARA CHILE?

El 14 de septiembre del 2009, Michelle Bachelet ratificó la elección de la norma ISDB-T como el estándar que utilizará Chile para implementar el mayor cambio en la televisión de libre recepción de los últimos 30 años. Los más contentos con este anuncio fueron las carteras administrativas de las empresas de telefonía celular, ya que según el comunicado de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) lanzado ese mismo día “este estándar, creado por Japón y adoptado por Brasil, es la opción tecnológica que más conviene a Chile porque permite la mejor calidad de recepción, y dadas las condiciones geográficas del país, hace posible que se capte de manera gratuita los contenidos en aparatos celulares, así como desplegar la alta definición y una mayor diversidad de canales.”

La decisión fue tomada luego de más de tres años de consultas y discusiones cuyos protagonistas fueron ejecutivos de las empresas fabricantes de equipos, profesores universitarios y representantes internacionales de las normas digitales.

Desde los primeros días de 2008, la Subtel comenzó a recibir las indicaciones de empresas como Panasonic, LG, Philips y Sony que respondían en inglés el cuestionario acerca de las ventajas y desventajas de cada norma. Pero de contenidos, nada se habló.

Durante ese periodo, en respuesta a esta convocatoria que realizó el Gobierno para discutir el futuro de la televisión, un gran número de organizaciones se juntaron en la denominada Mesa de Ciudadanía y TV Digital para vislumbrar una propuesta alternativa a la que proponen las empresas. En esta instancia confluyen la Red de Medios de los Pueblos; el Sindicato de Actores Sidarte; el Sindicato de Técnicos de Cine (Sinteci); Plataforma Audiovisual; la Red de Televisoras Populares; la Unión Nacional de Artistas; las escuelas de Periodismo y Cine de la Universidad de Chile; la agrupación chilena de ONGs Acción, entre otras.

“Las propuestas que ha hecho el Gobierno son netamente comerciales y técnicas, lo que busca es implementar la norma lo antes posible porque, según ellos, aquí existe una presión por parte de los canales comerciales que estarían duplicando sus gastos al mantener la señal análoga y la digital de prueba”, señala Luis Rivera, representante de Umbrales TV en la Mesa.

El último golpe que recibieron las organizaciones es el Decreto 264 aprobado por el Ejecutivo. El documento establece que la Subtel ha entregado, a petición de los interesados, un total de 16 permisos para la evaluación y perfeccionamiento de transmisiones digitales, entre actuales canales de televisión, potenciales nuevos operadores y empresas vinculadas. De estas “señales de prueba”, tres fueron entregadas a TVN, una a Mega, dos a Chilevisión, dos a Canal 13, dos a UCV, una a los dueños de Mall Plaza, y las otras cinco a compañías que ya trasmiten por VTR y DirecTV.

Bárbara Negrón, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Artistas, que participa de la Mesa, comenta que “el Gobierno prometió eliminar el decreto, ya que su intención no era entregar las señales sino permitir a los canales experimentar con ellas por cinco años. Pero es difícil confiar en eso”.

Actualmente, a los canales de televisión comunitarios no los cobija ningún tipo de legalidad, es decir su condición es “alegal”. No obstante, debido a la existencia del artículo 36B, letra A de la Ley General de Telecomunicaciones, promulgada durante la dictadura, se sanciona con penas de cárcel a quienes realicen radiodifusión sin concesión.

Álvaro Herrera, coordinador de Víctor Jara TV, explica que el no reconocimiento es uno de los mayores conflictos que enfrentan los medios comunitarios. “Esto lleva a la clandestinidad todo tipo de expresiones ya sean radiales o televisivas que sean de carácter comunitario, porque siempre está la posibilidad que estas experiencias sean denunciadas al Ministerio de Telecomunicaciones, te coloquen una multa y finalmente te requisen los equipos”, señala el comunicador popular.

Para los medios comunitarios, según sus representantes, es indispensable el reconocimiento dentro de la nueva Ley de Televisión Digital y se los diferencie de otras categorías como la televisión regional o educativa.

Pía Matta, presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), señala lo necesario que se hace esa especificidad: “Cuando hablamos de medios comunitarios sin fines de lucro, ¿De qué estamos hablando? ¿De la fundación telefónica? ¿De la fundación las hermanitas de la caridad? o estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones populares, de empoderamiento y cambio estratégico en la subjetividad de las personas”.

Ante esto, el senador y presidente de la comisión de Telecomunicaciones del Senado, Guido Girardi, explica lo difícil que resultará legislar en esta área debido a la mayoría de derecha que existe en la comisión. “El reconocimiento y financiamiento van a ser parte del debate y lo que no puede suceder es reproducir el error que ocurrió con la Ley de Radios Comunitarias en las televisoras y la producción de contenido audiovisual”.

¿NOS PODREMOS MOVILIZAR POR UNA MEJOR TV?

El sábado 4 de diciembre, por los televisores del país, desfilaban los dueños de la banca y el retail junto a Don Francisco lanzando cifras millonarias a la cuenta del Banco de Chile, mientras en una de las cumbres del cerro San Cristobal los artistas chilenos se juntaban a decidir que antes de ser músicos, cineastas, técnicos, pintores, actores, folkloristas, profesores o locutores, todos son “trabajadores del arte” se encontraron en el evento denominado el Encuentro de la Unión Nacional de Artistas, que sirvió para tantear los ánimos para una posible movilización respecto a la TV Digital.

El secretario de la Asociación Internacional de Artistas de la Unesco, Ulises Román, participó de esta discusión y efectuó un llamado a la acción: “La televisión ha achatado sistemáticamente el intelecto del país y de eso la mayoría nos damos cuenta, entonces llegó la hora de generar una movilización fuerte que marque un grito luminoso para que los que vivimos en la oscuridad veamos la luz.”.

“La movilización es posible en la medida que la ciudadanía se entere y le tome el peso a lo que esto significa”, agregó la presidenta del Sidarte (Sindicato de Actores de Chile), María Fernanda García. Para ella, “democratizar la televisión pasa porque las grandes empresas terminen de ejercer su tiranía sobre las mayorías y lo que más nos importa ahora es movilizar a la gente y ojalá hacer algo parecido a lo de Argentina”, señaló.

En el país trasandino existe hoy una Ley Audiovisual que otorga a organizaciones de la sociedad civil el 33% del total del espectro radioeléctrico. Estas señales son definidas como “localizaciones radioeléctricas planificadas”; a su vez, los pueblos originarios son autorizados para la instalación y funcionamiento de radios AM y FM y señales de Televisión.

El periodista argentino Guillermo Mastrini, coautor del libro “Los dueños de la palabra, estructura acceso y concentración de los Medios en América Latina”, comenta que, entre otros factores, esto se logró debido la movilización social existente, que demandó mejores medios de comunicación, y a la voluntad por legislar en esta área.

“Hay que ser optimista en que se pueden y deben dar estas discusiones sobre el derecho a la comunicación. En esto, la participación social es fundamental porque hay que construir una ciudadanía comunicacional, que exprese cuales son los modelos comunicacionales que quiere”, señala.

Según Pía Matta, la voluntad política ha sido nula en Chile y ello se ve reflejado en la actual ley de radios comunitarias que sólo entrega un espacio marginal del espectro radio eléctrico a las radios comunitarias, privilegiando a los medios comerciales.

“Han pasado 20 años en que la Concertación no hizo nada en esta materia. Este es un país que en el siglo XXI, en América Latina, se está quedando absolutamente atrás en temas de libertad de expresión. No se trata de que los argentinos o los uruguayos sean más valientes que nosotros, es que no hemos tenido la opción política de entender que no hay desarrollo, ni una sociedad inclusiva y diversa sin libertad de expresión”.

El debate aún se encuentra en espera en el parlamento, las televisoras comunitarias continúan ejerciendo su derecho a comunicar, por encima de cualquier legalidad, porque su legitimidad radica en el reconocimiento y la retribución hacia y desde la comunidad, según la mirada de colaboradores como Polo Lillo, miembro fundador de Señal 3 de La Victoria: “Creemos que la decisión que tenemos que tomar es transmitir con ley o sin ley, hasta el final. Hasta que nos cierren, hasta que el Estado nos robe todos los equipos”, advierte.

RECUADROS

Los dueños de la Tele en Chile

Hoy tenemos a Canal 13 en manos de la familia Luksic, dueños del Banco de Chile, la cervecera CCU, Madeco, Viña San Pedro, Viña Tarapacá y proyectos mineros de gran escala como Los Pelambres, que tiene sin agua a todo el valle del Choapa y a la comunidad de Caimanes, con comuneros que pasaron más de dos meses en huelga de hambre por el tranque de relaves El Mauro, ubicado en una zona peligrosa para la comunidad, según argumentan.

Dos canales más abajo, el presidente Sebastián Piñera vendió Chilevisión al conglomerado Time Warner, dueños de Buggs Bonny, MTV, CNN, HBO y Harry Potter. Si bajamos dos más, Mega, en manos del Grupo Claro, que ejerce soberanía sobre gran parte de la actividad portuaria del continente con la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), además de Elecmetal, Cristalerías Chile, Editorial Zig-Zag y el diario El Financiero.

El canal de todos los chilenos, TVN, por su parte, no recibe fondos públicos de manera directa y debe financiarse por medio de entidades privadas, lo cual, según algunos analistas, pone en riesgo su independiencia editorial.

Esta telaraña de propietarios se lleva el 52% del total de inversiones publicitarias del país y sus canales registran al año un promedio de 6 mil millones de pesos en utilidades.

Por Juan Pablo Rioseco y Erick Valenzuela

El Ciudadano Edición Nº 95, segunda quincena enero 2011