La explotación laboral y la respuesta organizada de los trabajadores

La industria portuaria nacional posee un carácter estratégico para la economía exportadora de Chile, ya que el 95% del comercio exterior pasa necesariamente por los puertos públicos (concesionados) y privados. Por esto, el crecimiento año tras año de esta actividad es casi siempre el doble del Producto Interno Bruto (PIB) y las ganancias de las empresas millonarias.

Es este contexto, las grandes empresas portuarias y navieras se llevan gran parte de la torta, por no decir toda la torta (Ultramar-Sudamericana). Mientras tanto, cerca del 80% de las y los trabajadores portuarios se ven sumergidos a contratos especiales de trabajo eventual, regulados en los artículos 133 y siguientes del Código del Trabajo, constituyendo una figura jurídica que consagra el empleo precario por definición. Tal figura contractual involucra los siguientes elementos:

{destacado-1}

 -No ofrece la más mínima estabilidad en el empleo: el trabajo empieza, se desarrolla y finiquita cada 7:30 horas.

-Prohíbe la negociación colectiva reglada por iniciativa de las y los trabajadores.

-No da lugar a indemnización por años de servicio, sin importar cuantos años pueda estar un trabajador o trabajadora sujeta a la misma empresa en virtud de los Convenios de Provisión de Puestos de Trabajo.

-No da lugar a feriados anuales (vacaciones).

-No da lugar a permisos legales establecidos en el Código del Trabajo.

-No promueve la capacitación de las y los trabajadores con incentivo tributario Sence.

-Impide las cotizaciones previsionales y de salud continuas.

-Está excluido de la ley 20.123 sobre subcontratación.

-El empleador puede disponer de horas extraordinarias sin el consentimiento del trabajador.

-Los atrasos son causal expresa de término de la relación laboral, léase, despidos.

-El modelo entrega la administración de esta precariedad a los propios sindicatos a través del Convenio de Provisión de Puestos de Trabajo.

 En una industria donde el dinamismo y las ganancias son crecientes, el Estado de Chile no solo ha sido cómplice de la situación actual que viven los portuarios, sino sobre todo ha sido un actor político clave para su precarización, consagrando esta realidad en sus políticas deconcesiones de puertos, muelles y espigones de atraque. Tal y como ocurrió en el caso del Espigón de Valparaíso, bajo el gobierno de Piñera. En este sentido, todos los gobiernos a la fecha, han admitido esta discriminación aberrante hacia miles de trabajadoras y trabajadores portuarios cuya realidad jurídica se expresa en el actual Código del Trabajo, que como se sabe, está redactado para beneficiar a los patrones.

Sin embargo, ante este complejo panorama las y los trabajadores no se han quedado cruzados de manos. La precarización laboral, profundizada por la privatización de los puertos nacionales, es donde deben ubicarse las causas de las movilizaciones portuarias, sus demandas inmediatas, “básicas” pero gravitantes a la hora de movilizar a miles de estibadores, tarjadores, grueros, portaloneros, movilizadores y wincheros a lo largo y ancho del país. Tampoco hay que dejar pasar el significativo avance que han experimentado a la interna sus organizaciones sindicales, de lucha y articulación, cuya expresión incuestionable es la Unión Portuaria de Chile, en donde las miradas de más largo aliento ya comienzan a tomar vida. De a poco se ha ido instalando una lectura y una propuesta programática que señala la necesaria superación del actual Código Laboral, la pelea por construir otro modelo de seguridad y previsión social, dejando atrás el perverso modelo de las AFP, como también esa batalla profunda por recuperar algún día los puertos para el país, por nacionalizar los muelles, los espigones y sus buques, para pensar así una flota naviera nacional, bajo control de los trabajadores y trabajadoras del Chile popular que emerge en la batalla de nuestra clase por el socialismo y la libertad.

Fuente: Periódico Solidaridad