Ley de Radios Comunitarias: las deudas de un largo proceso

Las mejores condiciones técnicas, jurídicas y económicas que otorga la nueva ley a la radiodifusión comunitaria, no van aparejadas con un avance sustantivo en materia de libertad de expresión, posicionamiento de la sociedad civil, acceso al espectro radioeléctrico y despenalización de la actividad radial de quienes están fuera del sistema de frecuencias concesionadas.

Después de casi dos años y medio de tramitación tenemos Ley de Radios Comunitarias. Sin embargo, el costo ha sido alto: un negociado político entre el gobierno, la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, y la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, Anarcich, quienes han desconociendo estándares internacionales en materia de legislación en radiodifusión y avanzado escasamente a 16 años de la Ley de Mínima Cobertura.

La nueva ley, que se encuentra lista para su promulgación, otorga una serie de derechos a las radios comunitarias, como son aumentar el watt de potencia a 25, subir la antena transmisora de 6 a 18 metros y renovar concesión cada 10 años, y no cada 3. Asimismo, autoriza a las emisoras comunitarias a hacer menciones comerciales y restringe los concesionarios a personas jurídicas sin fines de lucros, lo que pone freno a aquellas empresas comerciales y privadas que postulaban a una frecuencia.

LOS VICIOS DE LA LEY

Si bien la nueva legislación regula el sistema de concesiones y da un estatuto legal a las radios comunitarias, reconociendo a la sociedad civil organizada en su derecho de acceder al espectro, las cortapisas al desenvolvimiento de estos medios son evidentes:

Concede un lugar limitado a la ciudadanía en el espectro radioeléctrico, entendido  como bien público y patrimonio de la humanidad, sin eliminar o aminorar las condiciones desiguales de acceso al sistema de frecuencias, el que actualmente es dominado en Chile por el consorcio español PRISA con 300 frecuencias a su haber.

En este sentido, la nueva ley confina a las emisoras comunitarias a un segmento especial del espectro radioeléctrico en la Frecuencia Modulada, tanto para la operación analógica como la digital en el futuro, lo que contraviene las recomendaciones de la Convención Americana, en orden a que los estados deben garantizar igualdad de oportunidades a todos los sectores sociales y distribuir equitativamente el espectro en todas las bandas de radiodifusión disponibles, como ha sido el caso de la Ley de Medios en Argentina que ha consagrado un tercio del espectro a la sociedad civil.

Asimismo, se perpetúa el actual sistema de concesiones en Chile al mantener el derecho preferente en la renovación de frecuencias, limitando la participación  futura de otros actores en el marco de la radiodifusión. La llamada Ley Express de 2008, que fue aprobada en tiempo récord, estableció un sistema para otorgar de manera automática, y con menores costos para los concesionarios, la renovación de las concesiones vigentes por 25 años más. Esto fue denunciado por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA que recomendó al Estado chileno establecer criterios democráticos para la asignación de frecuencias de radio y televisión.

UNA PRUEBA DE BLANCURA

Aunque la tramitación del proyecto de radiodifusión comunitaria involucrará menores costos a los postulantes –sólo publicación en el Diario Oficial- y deberán renovar cada 10 años, la Subsecretaría de Telecomunicaciones seguirá abrogándose la potestad para administrar el espectro radioeléctrico en Chile, privilegiando parámetros técnicos antes que la calidad sociocultural de la iniciativa, además de mantener el sorteo público cuando dos proyectos se presenten en igualdad de condiciones.

Mientras las radios comerciales no deben pasar ninguna prueba de blancura sobre sus proyectos comunicacionales, una autoridad política, como es el Ministerio Secretaría General de Gobierno, deberá “visar”, a través de un certificado, los fines comunitarios y ciudadanos de la organización postulante, lo que abre el espacio para la discrecionalidad en la tramitación del proyecto.

LA ASOCIATIVIDAD Y EL RÉGIMEN DE GESTIÓN

La iniciativa aprobada en el Congreso dispone que las radios comunitarias no pueden formar cadena radial ni entre ellas ni con emisoras comerciales, a excepción de cuando existan emergencias o calamidad pública, según determine la autoridad competente. Esto resulta desalentador, en tanto, inhibe la asociatividad entre este tipo de medios y restringe el campo de acción de la sociedad civil organizada.

Así también la publicidad autorizada, a través de menciones comerciales, se circunscribe al territorio de la concesión, lo que impide a las radios comunitarias buscar, motivar o proveerse de otras estrategias de financiamiento. De esta forma, se lesiona gravemente el derecho que tiene cada ciudadano a crear, sostener y mantener medios de comunicación en Chile.

EL ESCÁNDALO DEL PODER EMPRESARIAL

Punto aparte merece la actitud de la Archi y la anuencia de los parlamentarios, quienes utilizando prácticas poco democráticas buscan perpetuar los privilegios para el sector comercial sobre la base del derecho preferente y la renovación automática de las concesiones. Así como ocurrió en 2008, se estuvo ad portas de tener una nueva Ley Express y recibir un nuevo gol como tercer sector de las comunicaciones.

Gracias a la denuncia y condena de organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, América Latina y Caribe, Corporación La Morada, AMARC Chile, Red de Medios de los Pueblos, Eco Comunicaciones y Radio JGM y Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, se evitó que dentro de la Ley de Radiodifusión Comunitaria se aceptara en el artículo 6 transitorio que 35 concesionarios, en su mayoría comerciales, quienes no renovaron en 2008 y 2009, pudieran postular al concurso invocando el derecho preferente.

Este verdadero escándalo de cómo el poder político y empresarial operan en Chile lesiona gravemente los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión y la igualdad ante la ley que tienen los actores al momento de ejercer su derecho a comunicar por los medios que ellos elijan.

LA PROPUESTA CIUDADANA

Si bien se trató de mejorar la Ley de Radiodifusión a través del lobby con parlamentarios de ambas cámaras y con el gobierno en estos últimos días, las concesiones fueron mínimas.

Estas organizaciones de la sociedad civil pusieron sobre la mesa la necesidad de eliminar el derecho preferente; derogar el artículo que criminaliza a las radios que transmiten fuera del marco vigente; crear un consejo consultivo, amplio y descentralizado, que dirima sobre el alcance las iniciativas presentadas; y que se administren de manera equitativa las frecuencias, garantizando un régimen de gestión y sostenibilidad de las radios comunitarias en Chile

De estas, sólo la que tiene relación con la sanción penal, a la cual están expuestos los radialistas que infrinjan la ley, fue acogida por el Ejecutivo, que enviará dentro de los próximos días una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones, solicitando la eliminación de la pena corporal dentro de la legislación de 1982.

En este contexto, el camino que viene es aún más desafiante para la sociedad civil: demandar la cuantificación y regulación del espectro radioeléctrico en Chile, cambiar la Ley General de Telecomunicaciones creada en dictadura y fomentar la conciencia sobre el derecho a la comunicación y libertad de expresión, como derechos humanos esenciales dentro de nuestra sociedad democrática.

Por Raúl Rodríguez

Director de Radio Juan Gómez Millas y académico de la Escuela de Periodismo del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile