A pasos lentos avanzan los cambios a las leyes de drogas en Latinoamérica. De a poco, desde diferentes sectores sociales, se cuestionan las leyes prohibicionistas que han convertido al tráfico de drogas ilícitas en uno de los negocios más rentables del mundo.
Uno de estos actores han sido los jueces, quienes por décadas han visto cómo personas sin ningún compromiso delictivo desfilan ante sus estrados por el sólo hecho de portar drogas declaradas ilícitas. El Ciudadano entrevistó a jueces de Brasil, Argentina y Chile, quienes dan cuenta de que las drogas prohibidas son peligrosas, no por ser drogas, sino por estar prohibidas.
Los magistrados de Argentina y Brasil son los primeros que han levantado la voz de alerta. En Argentina, la Corte Suprema el 2009 declaró inconstitucional un artículo de la ley de drogas por violentar las libertades individuales, y en el documento señalan que “la sanción penal se direccionó hacia los consumidores y particularmente a los últimos eslabones de la cadena de comercialización. No hubo en proporción la misma dedicación hacia las organizaciones de tráfico ilícito que, en muchos casos, recibieron protección política, administrativa y judicial”.
En Chile el año pasado la policía detuvo a 74.945 personas por infracción a la ley de drogas. Ocho de cada diez de estas personas fueron violentadas por el aparato punitivo del Estado por el simple hecho de portar o consumir dichas sustancias. La mayor parte de ellos no tenían ningún compromiso delictual anterior. Sean obreros, abogados, un director de una repartición estatal o un estudiante secundario, lo cierto es que además del mal rato que les hacen pasar, concentrar tantos recursos en perseguir conductas que no le hacen daño a terceros -y son de estricta decisión personal-, es un despilfarro del dinero de los contribuyentes.
A juicio del integrante de la Corte Suprema argentina, juez Raúl Zaffaroni, “nadie puede resolver un problema de salud mental con el derecho penal, nunca se resolvió y nunca se resolverá”.
María Luisa Karam, quien se desempeñó como jueza en Río de Janeiro en la década de los ’80, agrega que “además de tener unas leyes de drogas ineficaces, las políticas antidrogas representadas por esas leyes causan riesgos, daños y sufrimientos que deben concluir”
Por su parte, Mauricio Olave, juez de Santiago, sostiene que “las mismas leyes prohibitivas de conductas difíciles de evitar generan mafias. Tenemos llenas la cárcel de traficantes considerados grandes, pero son puros burreros, los tipos que le pagaban para transportar la droga. A los dueños del negocio nunca los pillas”.
Además en la edición Nº 99 de El Ciudadano podrás tener una visión en terreno de Irán, país satanizado por las agencias de comunicación occidentales. Estuvimos en sus calles, asistimos a sus manifestaciones políticas, conversamos con sus mujeres, quienes nos dan un relato muy distante del imaginario sobre el fundamentalismo islámico, al que nos tiene acostumbrado la prensa occidental.
En la entrevista, Juan Ayala, vocalista de Juana Fe, nos cuenta de los inicios de la banda, nos da su opinión sobre las políticas de drogas, del monopolio de la prensa y televisión en Chile y nos entrega su opinión sobre el gobierno de Piñera.
También un reportaje nos pone en cuestión el nominado ‘ deporte nacional’: el rodeo, que se ha convertido en una pasión de la elite criolla que auspicia generosamente champions y congrega a miles de personas para ver cómo jinetes a caballo aporrean a novillos y vacas.
En nuestra edición Nº 99 encontrarás de bonus track la columna de Pedro Lemebel y Mauricio Redolés, la historia de una locomotora rescatada por sanfernandinos y que se la acabronó Carlos Cardoen, un repaso al mundo laboral y el suplemento de literatura Grado Cero, donde jóvenes escritores, como Felipe Becerra, Gladyz González e Iván Paredes nos cuentan de su trabajo.
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Autor artículo: Mauricio Becerra R.
Foto y producción: Rodrigo Nuñez
Vestuario y Accesorios: Ricardo Oyarzún
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