Otra ley mordaza: Diputados RN y UDI buscan multar hasta con más de $1 millón a directores de medios de comunicación

Los diputados RN Germán Becker, Gonzalo Fuenzalida, René Manuel García, Diego Paulsen, Jorge Rathgeb, Marcela Sabat, y la diputada UDI Claudia Nogueira, son los responsables de un cuestionado proyecto de ley (boletín 10460-25) que «Fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad».

Aprobada ya en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, la iniciativa ha sido rechazada en los últimos días por buscar sancionar con cárcel -desde 541 días a 3 años y un día- a quienes filtren información de una investigación reservada, según establece el artículo 3° de la moción.

Pero también se agrega que «en caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá a su director, además, una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales». Es decir, el responsable de la publicación arriesga tener que pagar hasta $1 millón 400 mil aproximadamente.

Agentes encubiertos e impunidad garantizada

La iniciativa ha sido también cuestionada por entregar a un fiscal especial nombrado para estos casos la facultad de autorizar el uso de funcionarios policiales como agentes encubiertos y el uso de informantes.

Sin embargo, los diputados van más allá y garantizan en su proyecto la impunidad para los agentes encubiertos e informantes que en esa calidad cometan delitos. En el artículo 4º se sostiene de manera textual lo siguiente: “El agente encubierto y el informante en sus actuaciones como tales, estarán exentos de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma”.

Las críticas surgen por la posibilidad de que terminen siendo precisamente estos funcionarios infiltrados quienes promuevan u ocasionen delitos por los cuales después puedan ser juzgadas otras personas, como ya ha ocurrido en el conflicto chileno-mapuche con funcionarios de carabineros que han reconocido su participación en hechos de esa naturaleza.

El caso del agente infiltrado Raúl Castro Antipán

La historia de criminalización de las comunidades mapuche que buscan reivindicaciones territoriales ya ha conocido hechos delictivos protagonizados precisamente por agentes encubiertos de las policías, siendo el caso de Raúl Castro Antipán el más emblemático de ellos.

En febrero de 2014, en el marco del juicio del caso “Peaje Quino” de 2009, en donde finalmente fueron absueltos 7 adultos y 2 menores de edad, Raúl Castro Antipán confesó haber realizado cuatro atentados incendiarios y otros hechos calificados como “terroristas” mientas se desempeñaba como agente encubierto de la Sipolcar de Carabineros. Por su testimonio como testigo protegido de la Fiscalía, un total de 30 comuneros mapuche fueron encarcelados y posteriormente liberados a partir de 2009,entre ellos los menores de edad Patricio Queipul y Luis Marileo, enjuiciados por Ley Antiterrorista.