La respuesta del Presidente Salvador Allende ante el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados en agosto de 1973

A propósito de la controversia suscitada en el Congreso Nacional sobre el «proyecto de acuerdo» aprobado por la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, en el que las fuerzas opositoras (principalmente el Partido Nacional y la Democracia Cristiana) emitieron una declaración que cuestionaba el respeto a la Constitución y el régimen jurídico por parte del Gobierno de la Unidad Popular, compartimos íntegra la respuesta que el Presidente Salvador Allende comunicó dos días después, en la que recalca la inconstitucionalidad de la declaración parlamentaria y su manifiesta voluntad de preparar con esto el relato para intententar legitimar el Golpe de Estado contra el gobierno y la institucionalidad vigente.

En su respuesta, el Presidente Allende muestra la infracción a la Constitución de 1925 por parte del la oposición al intentar declarar como inconstitucional al Gobierno mediante una declaración de la Cámara de Diputados por mayoría simple, en circunstancias que no contaba con la mayoría de dos tercios que requería la acusación constitucional según las normas vigentes.

Respuesta de S.E. el Presidente de la República al Acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, de fecha 24 de agosto de 1973

Al país:

La Cámara de Diputados ha aprobado, con los votos de la oposición, un acuerdo político destinado a desprestigiar al país en el extranjero y crear confusión interna. Facilitará con ello la intención sediciosa de determinados sectores.

Para que el Congreso se pronuncie sobre el comportamiento legal del Gobierno, existe un solo camino: la acusación constitucional según el procedimiento expresamente contemplado por la Constitución. En las elecciones parlamentarias últimas, sectores opositores trataron de obtener dos tercios de los senadores para poder acusar al Presidente. No lograron suficiente respaldo electoral para ello. Por eso, ahora, pretenden, mediante un simple acuerdo, producir los mismos efectos de la acusación constitucional. El inmérito acuerdo aprobado no tiene validez jurídica alguna para el fin perseguido, ni vincula a nadie. Pero ontiene el símbolo de la renuncia por parte de algunos sectores a los valores cívicos más esenciales de nuestra democracia.

En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinadas por mandato de la Carta Fundamental, a que asuman una función política según las opiniones inconstitucionales de la mayoría de una de las ramas del Congreso.

Que un órgano del Poder Legislativo invoque la intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden frente al Gobierno democráticamente elegido, significa subordinar la representación política de la Soberanía Nacional a Instituciones Armadas que no pueden ni deben asumir funciones políticas propias ni la representación de la voluntad popular. Esta última, en la democracia chilena, está delegada exclusivamente en las autoridades que la Constitución establece. “Ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo” (Artículo 4º de la Constitución vigente).

El Presidente de la República, en uso de sus atribuciones privativas, ha confiado responsabilidades ministeriales a las Fuerzas Armadas y Carabineros para cumplir en el Gabinete un deber superior al servicio de la paz cívica y de la Seguridad Nacional, defendiendo las instituciones republicanas frente a la insurrección y al terrorismo. Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover al golpe de Estado.

Con ello, la oposición que dirige la Cámara de Diputados asume la responsabilidad histórica de incitar a la destrucción de las instituciones democráticas, y respalda de hecho a quienes conscientemente vienen buscando la guerra civil. Dicha mayoría ha desnaturalizado el contenido de la facultad fiscalizadora que el artículo 39, Nº 2º, otorga a la Cámara, que establece que los acuerdos y observaciones adoptadas “se transmitirán por escrito al Presidente de la República” –no directamente a los Ministros, como se ha hecho–, y que “no afectarán la responsabilidad política de los Ministros”
mientras que sí la contempla el acuerdo mencionado.

Con una fundamentación llena de afirmaciones ya antes refutadas en su integridad por el Gobierno por gratuitas o infundadas, en su mayor parte reversible contra el uso que la oposición ha hecho de su mayoría parlamentaria, ésta pretende destruir el basamento institucional del Estado y del Gobierno republicano, democrático y representativo.

El acuerdo aprobado, más que violar, niega la substancia de toda la Constitución, y de modo directo, los artículos 1o, 2o, 3o, 4o, 9o, 10, 22, 23, 39, 61, 71, 72 y 78b de nuestra Carta Fundamental. La oposición está abjurando de las bases del régimen político y jurídico establecido solemnemente en la Constitución de 1925 y desarrollado en los pasados 47 años.

Pretende, asimismo, constituir a la Cámara de Diputados en poder paralelo contra la Constitución y revela su intención de concentrar en el Congreso el poder total al arrogarse funciones del Ejecutivo, además de las legislativas, que le son propias.

La democracia chilena es una conquista de todo el pueblo. No es obra ni regalo de las clases explotadoras y será defendida por quienes, con sacrificios acumulados de generaciones, la han impuesto.

Con tranquilidad de conciencia y midiendo mi responsabilidad ante las generaciones presentes y futuras, sostengo que nunca antes ha habido en Chile un Gobierno más democrático que el que me honro en presidir, que haya hecho más por defender la independencia económica y política del país, por la liberación social de los trabajadores. El gobierno ha sido respetuoso de las leyes y se ha empeñado en realizar transformaciones en nuestras estructuras económicas y sociales.

Reitero solemnemente mi decisión de desarrollar la democracia y el Estado de Derecho hasta sus últimas consecuencias. Y como dijera el pasado día 2 en carta al presidente del Partido Demócrata Cristiano, “es en la robustez de las instituciones políticas donde reposa la fortaleza de nuestro régimen institucional”.

El Parlamento se ha constituido en un bastión contra las transformaciones y ha hecho todo lo que ha estado en su mano para perturbar el funcionamiento de las finanzas y de las instituciones, esterilizando cualquier iniciativa creadora. Anteayer la mayoría de la Cámara de Diputados, al silenciar toda condena al terrorismo imperante, en el hecho lo ampara y lo acepta.

Con ello facilitan la sedición de los que quisieran inmolar a los trabajadores que bregan por su libertad económica y política plenas. Por ello me es posible acusar a la oposición de querer impedir el desarrollo histórico de nuestra legalidad democrática, elevándola a un nivel más auténtico y alto. En el documento parlamentario se esconde tras la expresión “Estado de Derecho” una situación que presupone una injusticia económica y social entre chilenos que nuestro pueblo ha rechazado. Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza plenamente en la medida que se superen las desigualdades de una sociedad capitalista.

Con estas acciones la reacción chilena descubre ante el país entero y el mundo los intereses egoístas que defiende.

Son muy trascendentes y graves las medidas económicas y políticas que nuestro país necesita para superar la crisis total a que se nos está queriendo arrastrar, medidas que el Gobierno adoptará, pese a los obstáculos que se les ponen por delante y en las que ha solicitado la colaboración de los sectores democráticos de oposición.

Pero cuando a la parálisis de las instituciones impuesta por el Congreso sucede el intento de destruir el propio Estado, cuando la formidable ofensiva que se ha desencadenado atenta directamente contra la democracia y el régimen de derecho, mi deber patriótico me obliga a asumir y usar en su plenitud todos los poderes políticos y administrativos que la Constitución me confiere como Jefe Supremo de la Nación.

Cada ataque, cada peldaño que franquea la reacción en su afán de destruir las vidas, los bienes materiales, las instituciones cívicas y las militares, obra esforzada de décadas de historia, fortalecen mi ánimo, multiplican mi voluntad de luchar por el presente de tantos millones de chilenos que buscan paz, bienestar y amor para ellos y la patria.

Hoy cuando la reacción embiste de frente contra la razón del derecho y amenaza de muerte a las libertades, cuando los trabajadores reivindican con fuerza una nueva sociedad, los chilenos pueden estar seguros de que el Presidente de la República, junto al pueblo, cumplirá sin vacilaciones con su deber, para asegurar así la plena realidad de la democracia y las libertades dentro del proceso revolucionario. Para esta noble tarea convoco a los trabajadores, a todos los demócratas y patriotas de Chile.

Salvador Allende Gossens, Presidente de la República
Santiago, 24 de agosto de 1973.

* Foto de portada: captura de pantalla del documental «Ahora te vamos a llamar hermano» (1971) de Raúl Ruíz.