Durante 2021, las denuncias por fraude y falsificación de documentos a notarías de la entidad incrementaron casi el doble, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.
Según los datos oficiales obtenidos a través de una solicitud de información por El Ciudadano México, en 2020 se presentaron 23 delitos por fraude y para el año anterior la cifra aumentó a 47.
Este delito se ha ido incrementando de manera exponencial en los últimos seis años: en 2017 se registraron dos casos; en 2018, tres; en 2019, 10; y en lo que va del 2022 han sumado 12 denuncias.
Mientras que los casos de falsificación de documentos contra notarías pasaron de nueve en 2020, a 16 para el año anterior. Asimismo, se contabilizaron dos en 2017; cero en 2018; uno en 2019; y en el presente año van nueve.
Ambos delitos representaron el 86.3 por ciento de las 73 denuncias presentadas el año pasado.
Si bien la FGE afirmó que no cuenta con la información para saber en cuáles notarías se han registrado estas denuncias, según el portal Datos Abiertos del gobierno estatal, existen 118 espacios en la entidad que prestan el servicio de notariado.
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El 2021, año con más denuncias
Los datos que arrojó la solicitud de información revelaron que el 2021 fue el año con más denuncias contra notarios públicos desde 2017.
El año anterior se contabilizaron tres casos de despojo, dos de amenazas, así como uno de abuso de autoridad, desobediencia y resistencia de particulares, falsedad de declaraciones, responsabilidad profesional y robo de documentos.
En tanto, en 2017 y 2018 hubo un total de cuatro denuncias; en 2019 sumaron 14; en 2020, 47; y en lo que va de este año van 24 casos registrados ante la FGE.
Proponen 5 años de cárcel contra notarios
El pasado jueves, el gobernador Miguel Barbosa Huerta presentó ante el Congreso local una reforma para la Ley del Notariado y el Código Penal del Estado de Puebla.
Esta propuesta contempla castigar hasta por cinco años de prisión a notarios públicos que simulen operaciones bancarias, no especifiquen sus formas de cobro, omitan sus responsabilidades o no paguen impuestos.
El documento fue enviado a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y a la de Procuración y Administración de Justicia para su estudio.
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