El Ayuntamiento de Puebla no ha cumplido la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local por el presunto abuso sexual perpetrado por dos policías municipales, el pasado 16 de marzo contra una joven de 21 años en la colonia Francisco Javier Clavijero.
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A más de un mes de su remisión al presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, el estatus de la recomendación continua “en seguimiento”, por lo que tampoco ha sido aceptada la responsabilidad de la Comuna en el supuesto crimen, cuya investigación judicial sigue en curso.
La recomendación emitida el pasado 17 de octubre señala al Ayuntamiento de violar el derecho humano a la integridad y seguridad personal, la dignidad con relación al trato digno y la intimidad, por actos cometidos en agravio de la sexualidad de la víctima.
También señala la revictimización que sufrió la joven por los primeros respondientes, lo cual vulnera su derecho a la no discriminación y a una vida libre de violencia.
En el expediente de la queja, refiere que la noche del 16 de marzo de este año la víctima conducía una motocicleta en la referida colonia, cuando los oficiales aparentemente la extorsionaron con llevarse su vehículo, si no les daba la cantidad de 25 mil pesos o accedía a un encuentro sexual.
Los datos que aportó la Fiscalía General del Estado (FGE) a la investigación, así como distintos análisis periciales y entrevistas con los policías, fueron ocultados en el documento de la recomendación, al señalar que la investigación judicial sigue abierta.
Víctima tuvo afectaciones psicológicas
No obstante, las entrevistas realizadas a la mujer señalan “indicadores de afectación psicológica por los hechos ocurridos el 16 de marzo 2023”, así como “síntomas de ansiedad y miedo con frecuencia en intensidad”, tras la noche del presunto abuso.
La CDH determinó que estas conductas, junto con la demás evidencia aportada, “presupone el indebido ejercicio de las funciones conferidas” a los entonces policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), dados de baja después del escándalo mediático.
También concluyó que las amenazas y aparente extorsión “quebrantaron los principios que rigen la actuación” policial.
Por lo anterior, determinó que el presidente municipal debe instruir al Ayuntamiento para que proporcione rehabilitación a la víctima, con asistencia médica, psicológica y psiquiátrica especializadas, de manera gratuita e inmediata.
De igual forma, debe continuar la investigación administrativa de responsabilidad por la conducta en que incurrieron los agentes y realizar una capacitación “relativa al respeto, protección y garantía de los derechos humanos a las mujeres”.
El Ayuntamiento de Puebla debe pagar una indemnización “apropiada, completa y proporcional a la gravedad de la violación de derechos humanos”, pues la mujer denunció que tras el altercado no puede salir de su casa, ya que tiene miedo hacia los hombres.
“En virtud de las circunstancias del caso y las consecuencias específicas que los hechos generaron a V1, obra en el acta de 12 de junio de 2023, la cual fue levantada por una VA, en la que precisó que no tiene empleo debido a la experiencia que vivió; se siente con miedo hacia los hombres y, aunque necesita el dinero, prefiere quedarse en casa y evitar salir”
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