El 4 de agosto, hace seis días, José Luis Vargas fue destituido como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Esta acción destapó una serie de inconstancias en el corazón de la Ley Orgánica de este tribunal y hasta ambigüedades en uno de los pilares democráticos del país: la división de poderes.
Lo anterior, de acuerdo con Eder Vásquez Espinosa, catedrático de la facultad de derecho de la UPAEP, quien habló sobre este tema en una conferencia virtual. Según explicó el especialista, la destitución de José Luis Vargas tiene —o podría tener— una doble interpretación.
Por un lado, señaló Vásquez Espinosa, en el TEPJF no existe la figura de revocación o destitución del puesto para los magistrados y menos del magistrado presidente; “el único modo de terminar, es cumpliendo con el periodo de 4 años”, apuntó.
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Dado lo anterior, en la ley del tribunal tampoco existe una sección que hable sobre los supuestos, es decir, las razones que podrían motivar la destitución de la figura de Vargas, o, en su caso, de cualquier otro magistrado o magistrada.
Por si fuera poco, la destitución fue avalada en una sesión pública, y en las sesiones de este orden no se pueden abordar temas concernientes a las destituciones.
Sin embargo, destacó el académico que el artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 9 del Reglamento del Tribunal Electoral establecen que son atribuciones de las y los magistrados aquellas “sean necesarias” para asegurar el “correcto funcionamiento”.
Además de que cualquier integrante del pleno “puede someter a consideración de la sala propuestas adicionales al orden del día”, fundadas en lo anterior, es decir, en garantizar la operación del tribunal. “Esto es muy ambiguo”, sentenció Vázquez Espinosa.
Por su parte, Juan Pablo Aranda, director del Área de Formación Humanística de la UPAEP destacó que la injerencia directa de otros poderes como el Ejecutivo, violenta la separación de los mismos y llamó a defender el orden de separación.
Aquí se puede consultar la conferencia
Abusos y presunto peculado, los motivos
José Luis Vargas calificó su destitución de “un golpe de estado” por parte de sus compañeras y compañeros.
El día que fue destituido y al advertir que como parte de los asuntos a tratar estaba su revocación, de forma arbitraria dio por terminada esa sesión pública.
En respuesta, la magistrada Janine Otálora y otros cuatro integrantes de la Sala Superior del TEPJF presentaron un oficio para exigir que se reanudara y ahora sí poner a consideración el desempeño de José Luis Vargas.
El magistrado presidente expresó que el resto del pleno no tenía la facultad de poner a consideración su continuidad. En ese momento, el magistrado Felipe de la Mata amparó la decisión grupal en la ya mencionada Ley Orgánica, en la cual se expresa que las y los integrantes del tribunal deben “asegurar el correcto funcionamiento”.
José Luis Vargas es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por un presunto enriquecimiento ilícito de 36 millones de pesos.
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De acuerdo con el especialista de la UPAEP, Eder Vásquez Espinosa, esta investigación nació “en la fiscalía”, aunque no especificó en cuál, pero fue archivada. No obstante, la UIF la descongeló y la retomó.
En este sentido, evidenció que esta es otra de las situaciones, que, a su parecer, van en contra de la división de poderes, al señalar que “pareciera que el presidente está a cargo de la UIF; pareciera que está al capricho del Poder Ejecutivo”.
De última hora, nuevo presidente
Es de señalar que tras la destitución del magistrado presidente José Luis Vargas, fue nombrado en su lugar Reyes Rodríguez.
Sin embargo, Reyes Rodríguez también renunció, por lo que las y los magistrados decidieron nombrar a Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente, hasta el 1 de septiembre.
Ese día, el 1 de septiembre, se emitirá la convocatoria para designar una nueva titularidad en la presidencia de la Sala Superior del TEPJF.
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