CDH Puebla concilia sólo 10% de quejas durante 2023

El pasado septiembre de 2023, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla cumplió 30 años desde su formación en esta entidad, tiempo en el que ha emitido un total de mil 337 recomendaciones, las cuales constituyen «la más severa expresión de la labor» de esta institución, según detalla su propio portal digital.

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Durante ese tiempo, la CDH de Puebla sólo ha logrado 378 conciliaciones, es decir, en 30 años sólo obtuvieron resolución por las quejas de personas agraviadas en el 28.27 por ciento de las recomendaciones emitidas.

Entre el 1 de enero al 7 de diciembre de este año, el organismo autónomo que preside Félix Cerezo Vélez desde noviembre de 2019, ha conciliado 10 denuncias de agravio a derechos humanos, de las cuales, cuatro derivan de quejas presentadas contra el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), Amaury Alejandro Trejo Rivas.

De hecho, 17 de las 39 recomendaciones que la Comisión ha realizado a lo largo del 2023 por violaciones a derechos humanos, provienen de quejas contra el Issstep, lo que lo convierte en el ente al que más documentos de este tipo le han enviado en el año.

Todas las quejas contra el Issstep las iniciaron trabajadores a los que se les negó la pensión y les omitieron información para poder completar este trámite.

El resto van en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE) y los ayuntamientos de Chiautla de Tapia, Acatlán de Osorio, Venustiano Carranza, Coxcatlán, Huejotzingo, Zoquitlán e Izúcar de Matamoros.

Sólo 39 recomendaciones por quejas presentadas en 2023

De acuerdo con datos proporcionados por la CDH a El Ciudadano México, este organismo autónomo recibió entre el 1 de enero al 30 de noviembre del año en curso 7 mil 905 quejas por violaciones a derechos humanos.

Lo anterior quiere decir que sólo el 0.91 por ciento de las quejas han ameritado que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla emita recomendaciones, aunque se desconoce a cuántas de las querellas les han dado respuesta satisfactoria y el número de éstas que tienen pendiente por atender.

En la consulta que se hizo, la CDH no proporcionó información sobre el sujeto que más quejas ha acumulado a lo largo del 2023, no obstante, datos de la Universidad Iberoamericana refieren que en los últimos cinco años la Fiscalía de Puebla y el Ayuntamiento de Tehuacán acumulan la mayoría de estas.

Aumentan quejas durante primer semestre del año

En julio de este año, la CDH presentó un informe al Congreso del Estado sobre las acciones que llevaron a cabo durante los primeros seis meses del 2023, en el que se expuso que hasta ese entonces había 4 mil 552 quejas recibidas, las cuales representaban un incremento de apenas el .2 por ciento en comparación con el mismo periodo del año previo.

El informe también detalló que el 54.5% de las quejas registradas hasta ese momento tenían una resolución, misma en la que se logró la restitución de los derechos humanos, y que son poco más de la mitad.

La mayoría de las quejas que se acumularon durante ese periodo corresponden a violaciones a la seguridad jurídica, trato indigno, igualdad y peticiones de protección a la salud.

Ignoran quejas de violencia contra periodistas

En noviembre de 2023, el Instituto de Derechos Humanos «Ignacio Ellacuría, SJ» de la Ibero Puebla, reveló que la CDH tiene acumuladas 53 quejas por agresiones en contra de periodistas desde enero de 2019 a junio de 2023.

El Instituto señaló que en ninguno de los casos se emitieron recomendaciones y reveló que la Fiscalía del estado, el Ayuntamiento de Tehuacán y la presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, son los que tienen la mayoría de las quejas por atentar contra los derechos humanos de los periodistas.

Durante este año, la única acción por parte de la Comisión con repercusión fue la impugnación que interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el cobro de parquímetros del Ayuntamiento de Puebla, la cual prosperó después de más de seis meses, cuando se determinó que el cobro de estacionamiento rotativo en el Centro Histórico era inconstitucional.

Con esto, la CDH logró detener de forma temporal el esquema de cobro que la Comuna implementó para el uso de parquímetros, lo que obligó a la administración de Eduardo Rivera a modificar su Ley de Ingresos para que el cobro fuera permitido nuevamente.

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