El pago del Derecho de Alumbrado Público (DAP) se volvió un tema controversial desde que se propuso legalizar lo declarado como anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y su posterior aprobación en el Congreso del Estado para 144 municipios la madrugada del 24 de diciembre.
Los cobros mensuales van de los 11.93 pesos, como es el caso de Tetela de Ocampo, y hasta los 414.93 pesos para San Nicolás de los Ranchos, siendo este el municipio en que los habitantes realizarían el pago más alto.
La propuesta de los legisladores fue que el monto total del costo del alumbrado público se dividiera entre el número total de cuentas prediales en cada municipio, para homologar el cobro y aplicar una fórmula para determinar los subsidios; sin embargo, en los últimos días, la búsqueda de tirar este impuesto, ante la politización del tema, ha causado enfrentamientos en varias demarcaciones.
Dos municipios logran derogar el cobro
Los ayuntamientos de Coxcatlán y San Gabriel Chilac derogaron de su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), luego de las protestas que realizaron los pobladores.
Este sábado, al iniciar el periodo ordinario de sesiones, la Mesa Directiva del Legislativo dio a conocer que en los municipios mencionados, y tras sesiones de Cabildo, lograron anular el cobro.
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Hasta el momento, estos son los únicos dos municipios que han buscado anular formalmente el DAP de sus leyes de ingresos; sin embargo, será en los próximos días cuando los ayuntamientos restantes puedan presentar sus solicitudes correspondientes.
En entrevista, la diputada petista Nora Yessica Merino Escamilla explicó que si los municipios quieren revertir el cobro, primero tienen que convocar a una sesión de Cabildo y modificar la Ley de Ingresos correspondiente. Una vez que esté lista, deberá ser enviada ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
La Mesa Directiva turnará la inactiva a la Comisión de Hacienda, para que sea analizada y sea pasada al pleno para tener conocimiento de la modificación y votar su aprobación.
Tema confronta a sociedad y autoridades
En un intento por tumbar el pago de este impuesto, desde el pasado 12 de diciembre, los pobladores de al menos 10 demarcaciones, la mayoría en la Sierra Negra y la región de Tehuacán, han realizado manifestaciones, algunas de las cuales se han tornado violentas.
Las primeras marchas se reportaron en Coyomeapan, San Pedro Chapulco, Coxcatlán, Tepanco de López, Zapotitlán Salinas, San Gabriel Chilac y Ajalpan, en las que con asambleas y exigencias ante las autoridades, solicitaron la modificación a sus leyes de ingresos.
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De estas demarcaciones, en Ajalpan, Coxcatlán y San Gabriel Chilac los manifestantes lograron que los presidentes municipales convocaran a una sesión de Cabildo para tratar el tema y eliminar el cobro; no obstante, falta que algunos presenten la modificación ante el Congreso del Estado.
En Tehuacán, los ciudadanos se reunieron para recolectar firmas y documentación para iniciar un amparo colectivo en contra del DAP.
Posteriormente, se reportaron protestas en Santiago Miahuatlán, Nicolás Bravo y San Sebastián Zinacatepec. En este último los manifestantes tomaron la presidencia municipal y fueron retirados de la zona con el apoyo de policías estatales, que arribaron en al menos 15 vehículos, lo que provocó un enfrentamiento a golpes.
Ante la situación, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, señaló que se presentarán las denuncias penales correspondientes en contra de los responsables de incitar a la violencia en los municipios de la Sierra Negra del estado. Añadió que no importará si los responsables ostentan un cargo público o se trata de civiles.
¿Culpables políticos?
Luego de que la diputada federal por Morena, Inés Parra Juárez, calificara como golpista y desigual el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP) y alentara a los ciudadanos de la región a exigir el freno de “este impuesto neoliberal”, varias voces le atribuyen estos conflictos sociales.
Eduardo Alcántara Montiel, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, la responsabilizó por cualquier acto de violencia que pudieran registrar en algunas demarcaciones, al manifestarse en contra del pago y lamentó que la diputada utilizara su cargo “para desinformar a la población“, fomentar la división entre la gente e incitar a la violencia.
Su postura fue apoyada por las diputadas federales panistas, Carolina Beauregard Martínez y Genoveva Huerta Villegas; así como por el legislador Humberto Aguilar Coronado, quienes les solicitaron a los legisladores morenistas utilizar el diálogo antes que la violencia para llegar a acuerdos.
Hace unos días acompañada de Ana Laura Martínez Escobar, regidora del ayuntamiento de Puebla y Eloísa Vivanco Esquide, madre de la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco; Inés Parra Juárez realizó una rueda de prensa en la que reafirmó su negativa ante la aprobación del cobro del DAP.
En dicho evento, calificó como golpeteo mediático los señalamientos en su contra, al ser participe activa de la Cuarta Trasformación y apoyar a la ciudadanía desde su cargo público; sin embargo, la legisladora no ha presentado ninguna iniciativa desde que asumió el cargo en el 2018.
Previamente, el diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo, llamó a los integrantes del Congreso del Estado no votar a favor del DAP, iniciativa que dijo “era un traje a la medida” para las aspiraciones políticas de Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, quien solicitó autorizar el cobro para fortalecer las finanzas municipales con hasta 149 millones de pesos anuales y mejorar los servicios públicos de la ciudad.
A pesar de sus peticiones, de los 17 integrantes de la bancada de Morena en el Legislativo local, sólo cinco se pronunciaron en contra. Los otros 12, de acuerdo con el presidente interino del partido en Puebla, Aristóteles Belmont enfrentarán investigaciones por votar a favor.
De la discusión también se colgó el recién llegado a la Secretaría del Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, quien solicitó una investigación en contra de la exalcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, y de su gabinete, por solicitar que no se anulara este pago para el ejercicio fiscal 2021.
¿Qué es el DAP y dónde cobra?
La madrugada del 24 de diciembre, el Derecho al Alumbrado Público (DAP) fue aprobado, por mayoría de votos, en el Congreso del Estado para 114 municipios, tras modificaciones a la Ley Hacendaria y mediante una fórmula única. Anteriormente, este cobro fue declarado anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al hacerse en función del consumo de electricidad.
A pesar de que 147 ayuntamientos hicieron la solicitud, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula se quedaron sin cobrarlo.
Básicamente es un impuesto que cobran los municipios por el servicio de alumbrado público que habilitan en calles, plazas, jardines, vialidades y todas las áreas de uso común de la población. Esta recaudación debe ser usada para pagar el suministro de energía ante CFE, pero también para darle mantenimiento y garantizar la funcionalidad, entre otros, a las luminarias.
Hasta el 2020, el DAP se cobraba a los ciudadanos a través de su recibo de luz, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta forma de pago se aplicaba en al menos mil 131 ayuntamientos, es decir, 48 por ciento del total de municipios del país, distribuidos en 21 estados: Puebla, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
La SCJN declaró que la forma de calcular el monto del DAP es ambigua, pues debería ser pagada a una empresa (contratada por el ayuntamiento), por la cantidad consumida entre todos los usuarios o habitantes, sin que la cantidad pase del 10 por ciento del gasto de cada recibo.
En Puebla, en diciembre de 2020, el Congreso del estado eliminó de la Ley de Ingresos del municipio de Puebla el DAP para el ejercicio fiscal 2021, justamente por su inconstitucionalidad. En su momento, la exalcaldesa Claudia Rivera calificó como “un error” la determinación de la pasada legislatura.
Te compartimos: ¿Sabes cómo aplicar la fórmula del DAP para tu municipio?
Luego de la propuesta formal por parte del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, y de una reunión con varios alcaldes que sostuvo el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, para tratar el tema, el mandatario concluyó que su solicitud sería voluntaria.
Los diputados Jorge Estefan Chidiac (PRI) y Eduardo Alcántara Montiel (PAN) presentaron una propuesta para legalizar el cobro, mediante la modificación de su redacción y generando una fórmula que homologara el pago en todos los ayuntamientos que pidieran su inclusión para las leyes de ingresos del ejercicio fiscal 2022.
Foto principal: Humberto Aguirre
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