De acuerdo con los legisladores del Congreso de Puebla, las omisiones de la Auditoría Superior del Estado (ASE), la falta de personal por la pandemia de covid-19, no tener coordinación y el no poder cuestionar al auditor fueron algunas de las causas para el retraso de procedimientos legales en contra de 28 exalcaldes sobre su ejercicio fiscal 2016.
- El daño patrimonial de las cuentas públicas señaladas asciende a los 62 millones 042 mil 127 pesos.
Entre las cuentas públicas destacan las de José Juan Espinosa Torres, exedil de San Pedro Cholula, Ernestina Fernández Méndez, expresidenta municipal de Tehuacán; José Luis Rechy Tirado, exmunícipe de Cuyoaco; Valentín Medel Hernández, exedil de Chilchotla y Pablo Morales Ugalde, quien se encuentra detenido por su fallida administración en Palmar de Bravo, cuyas observaciones podrían prescribir en el 2022.
Además, la semana pasada, los legisladores aprobaron por mayoría de votos la suspensión de los procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades en contra de 36 sujetos obligados, ya que su tiempo de revisión fue del 2010 al 2016.
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En entrevista, la diputada morenista Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado en el Congreso de Puebla, señaló que los procesos que se abrieron en contra de los exmunícipes se siguen enriqueciendo con información, a fin de determinar el tipo de delito que cometieron.
Celebró que esto “no es un garrote político” sino un verdadero avance en materia de fiscalización para que existan resoluciones en materia de corrupción, ya que desde hace años no se concretaban investigaciones y mucho menos sanciones en contra de los actores políticos.
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Previo a la sesión ordinaria del 15 de diciembre, Olga Lucía Romero destacó que el retraso no puede justificarse en la pandemia de covid-19, debido a que son ejercicios fiscales del 2016; sin embargo señaló que abonó a los retrasos, porque no se contaba con el personal suficiente para revisar las cuentas públicas.
Sin decir nombres, explicó que en el caso de las cuentas que prescribieron del 2011 fue responsabilidad de las autoridades del 2013 hacer la revisión, detallar las observaciones y aprobarlas, es decir, de la LVIII Legislatura, cuya gestión fue del 2011 al 2014 así como del personal de la ASE.
«Tiene un año la Auditoría para revisarla, después nos las pasa a nosotros y nosotros tenemos ocho meses para revisarlas. Si fueron del 2011, las del 2013»
Lucía Romero Garci-Crespo
Diputada morenista Olga
Por su parte, la legisladora Nora Yessica Merino Escamilla, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, señaló que en la legislatura anterior existió una falta de coordinación, así como de de trabajo interinstitucional entre el Congreso y la Auditoria Superior del Estado (ASE).
Explicó que los temas que se quedaron en la congeladora por falta de voluntad por parte de la Auditoría para “analizar y destrabar estos temas”; sin embargo, confió en que ahora ya existan las condiciones para no dejar de lado las investigaciones.
Confió que con la reactivación de estos temas, los exediles que hayan cometido alguna falta administrativa la paguen de manera correcta y no exista una prescripción de delitos.
Moreno Valle empoderó a la ASE
El diputado Roberto Solís Valles, integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, señaló que la Auditoria Superior del Estado (ASE), es la culpable de retrasar el análisis de las cuentas públicas que ya prescribieron por ser ejercicios fiscales que comprenden del 2012 al 2016.
Le restó responsabilidad al Congreso del Estado, ya que este órgano debió entregar los dictámenes de las cuentas públicas en tiempo y forma, un problema que han arrastrado desde hace años, al no poder vigilar o cuestionar al auditor.
“Recordemos que en los tiempos de Rafael Moreno Valle se le quitaron muchas atribuciones a la Comisión Inspectora y se empodera a la Auditoría»
Roberto Solís Valles
Integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado
Lamentó que a pesar de que se le asigna un presupuesto importante a la ASE y cuenta con el personal calificado y suficiente para analizar las cuentas públicas siga cayendo en omisiones, contrario a la Comisión Inspectora del Congreso, que sólo tiene siete diputados para analizar los dictámenes.
Celebró la modificación que se hizo en las últimas fechas a la Constitución del Estado en materia de combate a la corrupción, con la que se creará una sala especializada que vigile el desempeño del titular de la ASE y podría ser removido del cargo en caso de continuar con su lentitud.
Adelantó que esta sala especializada entrará en funciones en el mes de enero, una vez que la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) la organice.