Contra linchamientos, alistan ley de uso de la fuerza pública

La CDH señala que sin armas ni proyectiles, elementos de seguridad deben impedir los homicidios tumultuarios

Contra linchamientos, alistan ley de uso de la fuerza pública

Autor: David Celestino

El titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Félix Cerezo Vélez, dio a conocer que en colaboración con el Congreso del Estado se prepara una nueva ley para regular el uso de la fuerza pública, ya que actualmente la policía carece de un protocolo de actuación en situaciones de riesgo.

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El objetivo de la nueva reglamentación es evitar linchamientos, dijo Cerezo Vélez, quien agregó que la falta de un protocolo de actuación para la policía o un cuerpo especializado, para rescatar a víctimas en riesgo de un homicidio tumultuario, es una carencia sensible.

En entrevista, tras su informe semestral ante comisiones del Congreso poblano, el ombudsman consideró necesario establecer que los policías estén autorizados para usar la fuerza, pues en los casos en que enfrentan a turbas llegan a ser «intimidados».

Aseguró que para lograr el rescate de las víctimas los policías deben intervenir sin armas o «proyectiles que puedan matar», por lo que sugirió el uso de gas lacrimógeno o de cañones de agua.

«La secretaría (de seguridad), estatal o municipal, tiene que dar seguridad. Ellos tienen que entrar con granaderos, utilizar gas lacrimógeno o algún mecanismo, agua, humo, o entrar en formación romana para rescatar, llevárselo (a la víctima), a un lugar seguro»

Félix Cerezo Vélez
Titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla,

Apuntó que en casos como el de Huauchinango, donde fue asesinado el abogado Daniel Picazo por una turba, hubo omisión de los policías, pues no intervinieron pese a estar presentes durante el ataque.

La propuesta de ley se discute con la diputada de Morena, Xel Arianna Hernández García, representante del distrito local 11, quien sería la proponente del proyecto, para iniciar el trámite legislativo.

Los elementos de seguridad carecen de un protocolo desde que la llamada Ley Bala, luego de estar vigente poco más de 4 cuatro años, fuera derogada en 2018 a raíz del conflicto en San Bernardino Chalchihuapan, Atlixco.

En esa junta auxiliar, una protesta de sus habitantes fue reprimida por elementos de seguridad estatal que dispararon balas de goma, una de las cuales dio muerte al menor José Luis Tehuatlie Tamayo.

Ilustración: Iván Rojas

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