La Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) dio luz verde al proceso de destitución del titular de ese organismo, Francisco Romero Serrano, por la posible existencia de causas graves establecidas en la Constitución Política de Puebla.
En tanto, la mañana de este viernes 4 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) vinculó a proceso al auditor por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y determinó su permanencia en la cárcel como medida preventiva.
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En los próximos días, los legisladores locales tendrán que analizar el caso para oficializar su destitución y el proceso para nombrar al sustituto.
Sesión en lo oscurito
La Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE notificó de dos solicitudes para promover el procedimiento especial de remoción turnadas por la Mesa Directiva del pleno, con fechas 24 de febrero y 3 de marzo de 2022, promovidas por los diputados Azucena Rosas Tapia, Eduardo Castillo López y Roberto Solís.
También informó sobre el proyecto de acuerdo por el que se inicia el proceso para destituir al auditor.
A pesar de la reunión, en la que desahogarían estos temas comenzó a difundirse por las redes sociales del Congreso del Estado, una vez que se leyó la orden del día, por ello los integrantes solicitaron que se volviera privada y se cortó la transmisión.
Horas antes, durante la sesión ordinaria del jueves, se dio cuenta de nuevas solicitudes y oficios con los que se pidió remover al auditor estatal de su cargo. Entre los documentos se encuentra el ocurso del abogado Javier Vázquez Fernández, juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, por el que informa de la sustitución de la medida cautelar de suspensión temporal de Francisco Romero.
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La decisión que tome la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación tendrá que ser votada ante el pleno, y si consigue el voto a favor de las dos terceras partes del pleno, empezará el proceso de remoción.
Luego de ser notificado, el auditor tendrá el improrrogable plazo de cinco días hábiles para presentar los alegatos que crea convenientes, así como entregar pruebas con las que pueda evitar su proceso de destitución.
Para analizar las pruebas, la comisión deberá sesionar una vez más y entregarle una nueva notificación a Francisco Romero, quien tendrá tres días hábiles más para formular por escrito sus alegatos.
Aprueban calendario para remoción
En la sesión ordinaria del jueves, las integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Nora Merino Escamilla, Karla Victoria Martínez Gallegos, María Yolanda Gámez Mendoza, y Laura Ivonne Zapata Martínez, presentaron una iniciativa de acuerdo para determinar el inicio, etapas y desahogo del procedimiento de remoción, previsto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
El proceso por el que iniciará formalmente la búsqueda de un nuevo auditor y fue avalado en fast-track, con 36 votos a favor y cuatro abstenciones por parte del bloque panista. El perfil elegido estará 7 años en el cargo.
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La Comisión de Control Vigilancia y Evaluación del Congreso del Estado notificará personalmente a Francisco Romero sobre esta decisión y le entregará copias certificadas de las solicitudes de remoción y todos los elementos de prueba, para que conozca el trasfondo de su baja.
Todos los términos procesales comenzarán a correr a partir del día siguiente en el que se haya hecho la notificación. Además, el auditor tendrá cinco días hábiles para presentar los amparos que crea convenientes o para presentar pruebas para evitar su proceso de destitución.
La Comisión de Control Vigilancia y Evaluación del Congreso del Estado determinará si existen motivos suficientes para la remoción del titular de la ASE. En caso de que resuelva que hay lugar para remover al auditor, remitirá su dictamen a la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) a efecto de que se cite al pleno del Congreso para su votación y aprobación.
En la misma sesión se dio cuenta de los oficios ASE-499-22/DGJ de la directora general jurídica de la ASE por el que informa del trámite otorgado al archivo SG/560/2022, que fue turnado a la Jugocopo y a la Comisión de Control Vigilancia y Evaluación.
También del oficio 1322/2022/Cholula del abogado Javier Vázquez Fernández, juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, por el que informa de la sustitución de la medida cautelar en contra del auditor, decretada en la carpeta CJA-631/2021/Cholula.
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El pasado jueves 24 de febrero, la Mesa Directiva recibió la solicitud de remoción contra el auditor, presentada por los diputados morenistas Azucena Rosas Tapia y Eduardo Castillo López. Un día después, el diputado Roberto Solís Valles presentó un segundo oficio con la misma petición.
Un día después, Francisco Romero Serrano fue detenido por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La aprehensión ocurrió a las 19:25 horas, luego de un cateo domiciliario por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
¿Cómo empezó todo?
El 27 de noviembre de 2019, el Congreso del Estado nombró a Francisco José Romero Serrano como auditor superior del estado de Puebla, a pesar de que los diputados del PAN calificaron como inconstitucional la designación.
La decisión fue tomada por la LX Legislatura, con 27 votos a favor, 10 en contra, dos abstenciones y dos votos nulos, situación que fue calificada por la bancada de Acción Nacional (PAN) como ilegal.
Desde diciembre de 2021, el auditor estatal fue señalado por presuntos actos de corrupción, retraso en la revisión de las cuentas públicas de sujetos obligados y fue denunciado por un acto de violencia en contra de su esposa y un menor de edad.
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El pasado 11 de febrero, el Congreso local aprobó la creación de la Comisión de Control, Vigilancia, Control y Evaluación, para calificar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado (ASE), lo que derivaría en la destitución de su titular en caso de que se comprueben actos de corrupción.
La medida refuerza a la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, aprobada en diciembre que, de acuerdo con lo propuesto por el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, reestructura el funcionamiento de la ASE.
Tres días después, la Mesa Directiva del Congreso informó sobre la orden de un juez para que fuera separado de forma temporal de su cargo mientras se resolvía la denuncia por violencia familiar en su contra, por ello quedó como auditor interino, Rubén de la Fuente Vélez, quien era titular del departamento Evaluación de Desempeño.
Foto: Agencia Enfoque
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