El robo de información digital y las campañas «negras« en internet serían considerados delitos en Puebla y recibirían penas que van desde los tres años de cárcel hasta una década si atentan contra mujeres y menores de edad.
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Lo anterior a propuesta de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Nora Merina Escamilla, quien presentó un paquete de reformas al Código Penal, la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley de la Administración Pública.
La legisladora petista propuso tipificar los “delitos informáticos entre particulares”, para castigar el hackeo, así como la intervención, compra, venta y distribución de datos personales obtenidos sin el consentimiento del aludido, incluidas imágenes audios o videos.
Se considerará una agravante si el delito fue cometido contra una mujer o menor de edad, además de que se establece como medida de protección que el material difundido en internet sea retirado en cuanto se presente la denuncia.
Merino Escamilla indicó que las mujeres que se dedican a la política o participan en la vida pública están expuestas a estas agresiones digitales, por lo que planteó tipificar la ciberviolencia política.
Estas agresiones se configuran en el espacio digital, “utilizando el internet, redes sociales, tecnologías digitales, tecnologías de la información y la comunicación, así como inteligencia artificial, sistemas, redes o empresas de telecomunicaciones”.
El objeto de la violencia es “ejercer intervención, hackeo, espionaje, denostación, persecución, amedrentamiento, ataque basado en estereotipos, amenazas o insultos”, aunque también puede constituir ciberacoso y difusión de imágenes sin consentimiento.
Castigarán campañas negras
Merino Escamilla propuso castigar a quienes realicen o contraten la violencia digital mediante campañas negras y perfiles de internet, lo cual será considerado sicariato digital.
Además del robo y difusión de material, se considerará sicariato digital como la “acciones para violentar, atacar, humillar, calumniar, difamar, disminuir, amedrentar, amenazar, aterrorizar y ejecutar campañas negras contra una mujer que es pública y con presencia digital, a través del uso de la tecnología digital”
Violencia política en internet
También será considerada como violencia política digital “la divulgación de imágenes, mensajes, videos, fotografías o información privada de una mujer precandidata, candidata o en funciones, por medio virtual”
En caso de que estos ataques sean por parte de partidos políticos, candidatos o precandidatos, así como funcionarios, la pena aumentará una tercera parte, por lo que alcanzaría hasta 10 años de prisión.
El paquete de reformas establece que la Secretaría de igualdad Sustantiva local y sus homólogas municipales deben ofrecer programas de atención especializada, gratuita, legal, psicológica y asesoría en atención digital.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tendrá que implementar una estrategia de ciberseguridad con perspectiva de género y capacitar de manera permanente a la Policía Estatal Cibernética. También garantiza las medidas de protección para quienes denuncien estas agresiones.
Foto: Agencia Enfoque
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