Por Jesús Arróniz y Alexis Lira
En la madrugada de este martes 15 de febrero, agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal desalojaron a integrantes del Consejo de Pueblos Unidos de la Región de los Volcanes, quienes tenían tomad, desde hace 11 meses, a la planta embotelladora de agua Bonafont, donde tenían instalada la Casa de los Pueblos.
Mientras que, la empresa emitió un breve comunicado donde informaron que se mantendrán atentos del proceso legal.
Asimismo, informaron que están en disposición de dialogar con las autoridades y los afectados para llegar a una solución favorable para todos.
“Estaremos atentos y al pendiente de las determinaciones de las autoridades responsables, siempre con el compromiso de construir soluciones con base en el diálogo, la transparencia y el respeto al estado de derecho”.
Denuncian actos violentos
A un mes de que se cumpla un año de la toma de la embotelladora, que tiene su sede en Francia, media centena de patrullas de la Policía Estatal y dos camiones de la Guardia Nacional se apostaron al frente de la empresa.
El desalojo al denominado Altepelmecalli, Casa de los Pueblos, considerado un espacio autónomo construido por las comunidades nahuas de Puebla sobre lo que fue la empresa Bonafont, a la que acusan “de robar millones de litros de agua durante 29 años”.
Integrantes de la organización indígena aseguraron a El Ciudadano México que, pese a la violencia del operativo, no hubo lesionados ni detenidos, pero se han declarado en alerta máxima
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Desde el 22 de marzo de 2021, la toma de la empresa Bonafont ha dado la vuelta al mundo, colectivos Europa, Canadá y Estados Unidos se han solidarizado en con la lucha de los pueblos contra el despojo del agua, haciendo esta protesta emblemática en América Latina.
Hubo diligencia policial, afirma Barbosa
Durante su conferencia matutina, el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que el operativo en la planta de la embotelladora de agua Bonafont, en Juan C. Bonilla, se debió a una diligencia judicial para que la empresa recupere sus instalaciones.
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El mandatario poblano afirmó que el desalojo se realizó bajo la orden de un juez de control a favor de la embotelladora y aclaró que no fue ordenada por el poder Ejecutivo.
Refirió que Bonafont podrá retomar sus actividades en sus instalaciones ubicadas en Santa María Zacatepec, junta auxiliar de Juan C Bonilla, mientras que cualquier reclamo de parte de los inconformes deberá realizarse a través del diálogo.
“Lo que sigue es que la empresa restablezca sus operaciones de manera normal y cualquier reclamo de personas, de organizaciones, se lleve a cabo con el diálogo correspondiente. La empresa tiene que dialogar y nosotros como gobierno tenemos que intervenir en ese diálogo, (…) eso es lo que ocurrió y era lo que tenía que ocurrir”.
Miguel Barbosa Huerta
Gobernador de Puebla
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Barbosa Huerta sostuvo que su administración defenderá el agua, pero tiene que ser de acuerdo con la ley, respetando tanto los derechos humanos como los bienes.
Se manifestó en contra se le diera el nombre de La Casa de los Pueblos a la planta, pues el grupo inconforme no era dueño de las instalaciones, “esa descripción que se hace La Casa de los Pueblos, no tiene que prevalecer el cumplimiento de la ley”, concluyó.
Foto: Agencia Enfoque
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