Juan Ramón Collado Mocelo, quien fuera abogado del expresidente priista de México, Enrique Peña Nieto; así como de otros poderosos personajes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), envió 45.9 millones de dólares a la controvertida Banca Privada d’Andorra (BPA).
Lo anterior a través de una red de 14 “sociedades de papel”, las cuales fueron utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero en ese paraíso bancario, dio a conocer el medio informativo español El País.
“Las sociedades supuestamente eran instrumentales; no tenían actividad real y fueron empleadas también por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales”
El País
Publicación
Operaciones de lavado de dinero
El rotativo reveló que las operaciones de lavado de dinero por parte de Juan Ramón Collado Mocelo “arrancaban con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana” (casas de cambios Tiber, ByB y Eurofimex; así como la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont).
Después transfería el dinero a una cuenta en la Banca Privada d’Andorra, a nombre de una sociedad de papel.
Dos de esas casas de cambio recibieron contratos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, durante la gestión de Peña Nieto, como gobernador del Estado de México.
El medio periodístico El País presentó el nombre de las empresas “fantasmas”, identificadas por la justicia andorrana para lavar el dinero de Collado Mocelo.
Finalmente, el informativo subrayó que los nombres se encuentran en un expediente con más de 17 mil 500 documentos.
Niegan bloqueo de dos cuentas bancarias
El 21 de abril del año en curso, Collado Mocelo compareció ante el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México; en una audiencia de apelación promovida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La audiencia era contra la resolución de un juez de control, mismo que se negó a ordenar el bloqueo de las dos cuentas bancarias que están a nombre del abogado.
Es de destacar que el litigante compareció ante el Tribunal federal en el proceso penal que enfrenta por defraudación fiscal por un monto de 36 millones de pesos; a petición de la SHCP y de la Fiscalía General de la República (FGR).
La parte ofendida argumentó que el bloqueo a las dos cuentas bancarias de Collado Mocelo, buscaría garantizar la reparación del daño por parte del imputado, pero el juez de Control, Juan Carlos Ramírez Benítez, se negó a aplicar la medida cautelar, al considerar que la petición de las autoridades fue extemporánea.
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