Discurso de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, en su tercer informe de gobierno

(Continúa desde de la primera parte)

Cuando llegamos al gobierno, un salario mínimo alcanzaba para comprar 5.8 kilogramos de tortilla y ahora permite adquirir 7.7; es decir, casi dos kilos más; no hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, el diésel y la electricidad; el gas ha subido un poco por encima de la inflación, pero pronto vamos a corregir ese aumento, pues ya iniciamos la venta a precios justos de cilindros del Gas Bienestar. Desde que llegamos al gobierno hasta la fecha, el índice de la Bolsa de Valores ha crecido en 28 por ciento, como nunca en su historia; la inflación, aunque recientemente aumentó, ya se mantiene estable; se ha reducido 3.5 por ciento la tasa de interés que fija el Banco de México y si esa institución tenía a fines de la administración pasada reservas por 173 mil 775 millones de dólares,  actualmente ascienden a 205 mil 391 millones de dólares, lo que significa un aumento del 18 por ciento, un máximo histórico, más de 30 mil millones de dólares; y también es satisfactorio informar que posterior a la pandemia se han creado 1 millón 202 mil 691 empleos y solo faltan 192 mil 713 para recuperar a los asegurados que había en el IMSS antes de la crisis sanitaria y que sumaban 20 millones 613 mil trabajadores, un objetivo que alcanzaremos en los próximos dos meses.

Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo; gracias a las remesas y a los apoyos de los Programas de Bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional, se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Las tiendas departamentales han incrementado sus ventas en un 34 por ciento de enero a agosto de 2021, respecto al mismo periodo del año anterior. No se han registrado saqueos a comercios ni actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención a las necesidades básicas de la gente. Hay paz social y gobernabilidad en nuestro país.

A partir de la pandemia decidimos reforzar los apoyos sociales, ampliando el presupuesto destinado a la gente: se entregaron más de 3 millones de créditos a pequeñas empresas del sector formal e informal y se decidió ampliar el Programa de Mejoramiento Urbano (introducción de agua potable, drenaje y pavimentación) en 77 municipios de varios estados; se han entregado en todo el país 111 mil apoyos para construcción, mejoramiento y ampliación de vivienda, con una inversión adicional de 280 mil millones de pesos. Todo ello se unió a un hecho excepcional: en estos últimos tiempos, han crecido como nunca las aportaciones que realizan nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México.

El año pasado las remesas se elevaron a 40 mil 600 millones de dólares y en este año estimamos, de acuerdo al comportamiento hasta el día de hoy, que superarán los 48 mil millones de dólares; es decir, 18 por ciento más. Hoy acaba de dar a conocer el Banco de México que las remesas de julio alcanzaron los 4 mil 540 millones de dólares. Es una cifra récord mensual. Aprovecho para recapitular: récord histórico en remesas; récord histórico en inversión extranjera; récord histórico en incremento al salario mínimo; récord histórico en no devaluación del peso; récord histórico en no incremento de deuda; récord histórico en aumento del Índice de la Bolsa de Valores; récord histórico en las reservas del Banco de México.  Está como para decir a los cuatro vientos, para presumir, decir a los tecnócratas neoliberales: “tengan para que aprendan”.

Agrego algo profundo y fundamental: el dinero de las remesas llega hasta abajo, a las familias y comunidades más pobres del país; estamos hablando de más de diez millones de envíos de 380 dólares mensuales (7 mil 600 pesos) en promedio por familia. Esta derrama de recursos, aunada a otra cantidad similar que se destina del presupuesto público a los distintos Programas de Bienestar, es la esencia de nuestra estrategia para enfrentar la crisis. En otras palabras, con esta inyección rápida y directa de recursos a las familias, se ha fortalecido la capacidad de compra o de consumo de la gente y con ello se ha podido reactivar pronto la economía.

Todos los días, desde las 6 de la mañana, de lunes a viernes, realizamos en Palacio Nacional reuniones del gabinete de seguridad, integrado por las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad, para recibir reportes del país sobre esta materia y tomar decisiones que permitan enfrentar los distintos delitos y garantizar la paz.

Fruto de este trabajo perseverante, conjunto de todos los días son los siguientes resultados: en el tiempo que llevamos en el gobierno se redujo el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95 por ciento; los homicidios, en 0.5 por ciento; el robo de vehículos, en 28 por ciento; el secuestro, en 18 por ciento; y así en casi todos los delitos del fuero común y federal. En suma, de 11 delitos considerados como de mayor impacto, solo tres han presentado aumentos; el feminicidio, que creció en 13 por ciento, y que posiblemente antes no se clasificaba como ahora; la extorsión, que aumentó en 28 por ciento, y el robo en transporte público individual, que creció 12 por ciento. El 27 de julio de este año, el INEGI dio a conocer el dato de homicidios registrados en 2020 que, como en 2019, refleja que ya se detuvo la tendencia ascendente en este delito e inclusive se ha logrado una pequeña disminución.

En vez de conseguir líneas de crédito para endeudar al país, como era la práctica neoliberal durante los periodos de crisis, nosotros optamos por intensificar el combate a la corrupción. Desde el primer año de gobierno logramos, entre otras medidas, eliminar la condonación de impuestos a grandes contribuyentes beneficiarios del influyentismo y se estableció en la Constitución la tipificación de la corrupción como delito grave (pues no lo era), sin conceder al inculpado la posibilidad de obtener libertad bajo fianza.

Ahora estamos mejorando nuestra recaudación de impuestos, procurando cobrar a grandes corporaciones nacionales y extranjeras que se las ingeniaban para no pagar sus contribuciones –lo que es lo mismo: para delinquir–  y gozar de impunidad. Hoy, la Hacienda Pública se está fortaleciendo en la medida en que impide los fraudes fiscales. Un dato: aun con la crisis por la pandemia del COVID-19, los ingresos del gobierno federal hasta el día de ayer sumaron dos billones 438 mil 557 millones de pesos, es decir, fueron 2.6 por ciento superiores en términos reales al mismo periodo del año pasado y 0.8 por ciento más que lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación para este año.

Estoy obligado a informar, por ética y honestidad, que en los últimos dos sexenios los grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 366 mil 174 millones de pesos y que solo 58 de ellos dejaron de pagar 189 mil 18 millones de pesos.

Ahora, por el contrario, no existe el ofensivo privilegio de la condonación, estamos cobrando deudas vencidas y no se tolera el fraude fiscal. Esto es posible cuando se actúa con integridad y honradez. Cuando se tiene autoridad moral y autoridad política. La mejor demostración de las ventajas de esta estrategia se advierte con claridad en el comparativo de costos, calidad y tiempo, entre la construcción que realizan los ingenieros militares del aeropuerto civil de Santa Lucía General Felipe Ángeles, y el fallido proyecto del aeropuerto de Texcoco. Esa obra, cancelada por decisión del pueblo, tenía un costo estimado, sin considerar otras pérdidas, de más de 300 mil millones de pesos; en contraste, el aeropuerto General Felipe Ángeles se construirá con menos de 80 mil millones de pesos; y aun sumando los 100 mil millones que costó la liquidación a empresas que mantenían contratos en el proyecto de Texcoco, obtendremos un ahorro de alrededor de 120 mil millones de pesos.

Por añadidura, la nueva terminal aeroportuaria será inaugurada antes que la proyectada en Texcoco; el aeropuerto General Felipe Ángeles comenzará a operar el 21 de marzo del próximo año, en tanto que la entrada en funciones del de Texcoco estaba programada para 2025, siempre y cuando alcanzara el presupuesto y se cumpliera con el tiempo estimado de construcción. En fin, es demostrable que no permitir la corrupción y la impunidad ayuda a liberar fondos para el bienestar y el desarrollo del país.

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Al mismo tiempo que comenzamos a combatir la corrupción, se puso en práctica una política de austeridad republicana. En dos años y nueve meses hemos ahorrado un billón 400 mil millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible –el llamado huachicol– y disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la Hacienda Pública en el antiguo régimen. La austeridad, la cancelación de fideicomisos, de contratos leoninos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías, también nos han permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo.

Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y, lo más importante, esta nueva política económica, fincada en la moralidad, nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial, para los más pobres y marginados.

Ya es una realidad la pensión universal para los adultos mayores, el apoyo a niñas y niños con discapacidad, la entrega de becas a estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos, programas que, por cierto, ya se elevaron a rango constitucional y están establecidos como derechos de observación obligatoria para quien esté en el gobierno.

Además de estas acciones, emprendimos desde el principio el apoyo al campo; se ayuda de manera directa con recursos económicos a productores y pescadores; se restablecieron los precios de garantía; se están sembrando árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas; se entregan fertilizantes a todos los productores de Guerrero que suman 340 mil 460 personas, así como a otros 62 mil 536 de Puebla, Tlaxcala y Morelos; un millón 800 mil jóvenes han trabajado como aprendices con  una percepción de un salario mínimo, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro; no hemos dejado de pagar a médicos, enfermeras, soldados, marinos y otros servidores públicos; ; se canceló la mal llamada reforma educativa y 56 mil comités escolares formados por maestros, alumnos y madres y padres de familia ya reciben de manera directa el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas.

Continúa leyendo: Discurso de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, en su tercer informe de gobierno (Tercera parte y última)

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