Por Alexis Lira Reyes

Su vida duró casi tres meses. Un brazalete y una incisión en el abdomen, marcaron el cuerpo de Tadeo, que resguardaba un camposanto de la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México, pero que terminó en un contenedor de basura del penal de San Miguel de la capital poblana.

El certificado de defunción poco revelaba del menor, ni siquiera su nombre, solo sus apellidos “Ayala Peralta”, los datos personales de sus padres y la razón de su fallecimiento: una hemorragia pulmonar.

La aparición del cadáver se daba en uno de los penales con más hacinamiento del territorio mexicano, un lugar donde pulula corrupción y el narcotráfico; los feminicidios, las extorsiones, prostutición hasta el covid-19.

Las autoridades locales demoraron casi una semana en dar una versión oficial de una de los hechos más polémicos del centro penitenciario de Puebla.

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Nacimiento y exhumación

Tadeo nació el 4 de octubre de 2021 y murió por problemas intestinales el 5 de enero, revela el reporte de defunción.

Fue enterrado el 6 de enero en un panteón de Iztapalapa, de la ciudad de México, aunque cuatro días después, un interno del penal de San Miguel en Puebla, que rebuscaba en un contenedor de basura para encontrar plástico reciclable, halló una bolsa llena de cal que contenía sus restos.

Hasta el 14 de enero, cuando el tema era una noticia nacional, la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) de Puebla instruyó la apertura de un expediente de queja, para investigar los hechos.

Un día después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que atraería el caso, además de que exigió una respuesta “amplia, integral y exhaustiva” a las autoridades poblanas.

La CDH vs CNDH

El 18 de enero, la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) estatal pidió a su homóloga nacional –que preside María del Rosario Piedra Ibarra– solicitó no intervenir en la investigación, al asegurar que era de competencia “exclusiva” del estado de Puebla.

A través de un comunicado, afirmó que cualquier diligencia de parte del organismo nacional era “ilegal”, por lo que pidió que entregará toda la información que llevaba recopilada.

“Jurídicamente son consideradas ilegales (las investigaciones) y por lo tanto nulas, por lo cual al estar invadiendo la esfera competencial de este organismo estatal se solicita que se inhiba de realizar planteamientos de esa naturaleza, ya que mal informan a la sociedad”, señaló.

Al día siguiente, la CNDH respondió que no había ejercido la facultad de atraer el caso y que se mantendría al margen para respetar el trabajo del organismo estatal. A pesar de que Reinserta y 20 organizaciones nacionales le pidieron no desistir.

Reinserta, por su parte, lanzó la petición en change.org con el hastag #JusticiaBebé. Hasta este 23 de enero van acumuladas 60 mil 982 firmas.

Un hecho gravísimo: MBH

El gobernador Miguel Barbosa Huerta calificó que como “gravísimo” el hallazgo del cuerpo de un bebé en el centro penitenciario de Puebla y adelantó que pronto iba a salir “mucha porquería”.

En tanto, dijo, hay un abandono en el penal por culpa de los gobiernos pasados y aseveró que la inversión que se hace en el sistema penitenciario es de “cientos de millones de pesos”.

Afirmó que él personalmente atendía los señalamientos de corrupción e irregularidades en cada reclusorio y en el caso del bebé, comentó que está siendo investigado desde “el primer día”.

“Todos los días avanza (la investigación), yo espero que pronto la fiscalía anuncie los resultados, ya se pueden saber unos detalles, no puedo decirlos, donde murió el niño, quiénes son los papás (…) todo eso está en curso, desde el primer día, no desde que alguien lo denunció”.

Miguel Barbosa Huerta

Padres reclaman cuerpo

Inicialmente, Saskia Niño de Rivera, representante de Reinserta, dio a conocer que el cuerpo del bebé hallado en el penal de Puebla había sido robado de un hospital de la Ciudad de México.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México desmintió la denuncia al referir que no contaba con ningún reporte por desaparición de un menor de edad con dichas características, luego de un rastreo que realizó en los anfiteatros y hospitales de la capital del país.

Hasta la noche del 21 de enero, los padres del bebé tuvieron contacto con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, para entrevistarse y recuperar el cuerpo del menor.

Un día después, a través de un video en redes sociales, el fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal,  confirmó la localización de los padres y las diligencias del caso.

El domingo, los restos fueron regresados a la familia, misma que se encontraba en la Ciudad de México, en tanto, la FGJ de la Ciudad de México se haría cargo de los gastos funerarios.

Hay responsables

Gilberto Higuera informó que se ha identificado a la persona que depositó el cuerpo del bebé en el contenedor de basura, sin dar nombres ni detalles de los involucrados.

Refirió que la FGE entrevistó a los padres a quienes les solicitaron realizar muestras biológicas para comprobar que fuera su hijo, al verificar los resultados y reconocer el cuerpo, el bebé fue entregado.

Además, a partir de una necropsia, informó que el menor aún conservaba sus órganos y presentaba una herida quirúrgica.

Aunque afirmó que se tenía la identidad del posible responsable que lo ingresó al penal, advirtió que la investigación estaba por finalizar y que dicha información sería revelada “en breve”.

Organizaciones alzan la voz

A diez días de la aparición del cuerpo en el penal de San Miguel, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana (Ibero) de Puebla, se pronunció y pidió a las autoridades actuar con “independencia” y al margen de todo interés político.

“La retracción de la CNDH deja ver que más allá de su compromiso con los derechos humanos, tiene más peso consideraciones de orden político que desplazan del centro en este caso, el interés superior de la niñez”.

Mientras tanto, en el Cereso de San Miguel, Maru San Martín, activista poblana, asistió a una protesta para exigir justicia. Al sitio llegó, Iván Andrés Flores, visitador de la CDH de Puebla, quien acudió por primera vez a once días de lo sucedido.

San Miguel: violencia y sobrepoblación

El Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel está reprobado en distintos rubros que son indispensables para su óptimo funcionamiento y que evidencian las condiciones en la que operan las prisiones en el país y Puebla.

De acuerdo con la CNDH en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, de 2019, el penal poblano tiene una calificación de 6.9 puntos en su desempeño; uno de sus mayores problemas es el hacinamiento.

La población en ese año era de 3 mil 693 hombres y 323 mujeres, la cual estaba rebasada, debido a que sólo es óptimo tener a 2 mil 397 reos en sus celdas.

El informe también devela problemas de supervisión en la atención de incidentes violentos y en las quejas de violación en los derechos humanos.

En el lugar, no es posible garantizar la estancia digna al reo, pues se menciona que las instalaciones son insuficientes, carecen de material de higiene y cocina.

En lo que corresponde a la seguridad, el personal de guardia y custodia es mínimo, además de que persisten las actividades ilícitas, como la extorsión.

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La situación aún permanece a pesar de que hace casi un año, el 16 de abril, destituyeron al entonces director del Cereso de Puebla y al titular de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, Javier López González y Adulfo Chacón Ruiz, respectivamente. 

Foto: Especial

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