Elección de Rector en la BUAP. 2. Las reglas

Por Enrique Condés Lara

“Piso parejo” en la próxima elección para Rector, pidió hace poco a Alfonso Esparza, un profesor/investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP; en su colaboración quincenal para un medio informativo electrónico local.

No lo habrá. Aunque quisiera, el actual Rector no lo puede ofrecer y prometerlo será una simple mentira demagógica. No obstante, a tono con la simulación que prevalece, es seguro que pronto declarara públicamente que “es imparcial” y que “no tiene candidato alguno”.

Las estructuras de poder de la BUAP –estatutos, reglamentos, comisiones, tiempos, etc.—, están diseñadas para impedir el triunfo de toda opción que no sea la oficial; es decir, la del rector que deja el cargo. Sin una renovación a fondo de esos ordenamientos legales y de las prácticas que de ellos se derivan, es imposible el “piso parejo” y el “juego limpio”; la imparcialidad y la transparencia que demandan diversos sectores de la BUAP y de la opinión pública.

El sistema prevaleciente tiene su origen en la convulsión y trastornos que ocasionó en la Universidad el malpiquismo, a finales de los ochenta del siglo pasado. Con el sistema de votación universal, directa y secreta, una corriente de izquierda radical, que privilegiaba la idea de universidad-militante dejando a un lado su condición básica de institución de cultura, triunfó arrolladoramente en las elecciones para Rector de 1987, con el antropólogo Samuel Malpica Uribe a la cabeza.

Pero el desorden y torpezas con que la llamada Unidad Plural Democrática de Malpica Uribe manejó los asuntos universitarios, llevaron a la BUAP en tan solo dos años a la más completa bancarrota: acabaron con la tienda universitaria y la librería, hundieron al HUP, en unas semanas acabaron con el subsidio anual y endeudaron a la Universidad, pagaron reiteradamente con cheques sin fondos las quincenas de académicos y administrativos, extendieron vales de apoyo para alimentos sin respaldo, etc. etc. El Consejo Universitario tuvo entonces que deponer al Rector Samuel Malpica, en medio de manifestaciones a favor y en contra, de tomas de edificios y de choques violentos donde hubo heridos y muertos.

Cobró peso la idea de modificar la ley y ordenamientos jurídicos para evitar que ello se repitiera, haciendo a un lado, de una vez por todas, a la clase política universitaria, la cual determinaba el quehacer universitario conforme a sus ambiciones, caprichos e ignorancias. Para colocar en los niveles de conducción institucional, en lugar de los caudillos políticos, de los más “grillos” o los más rancios burócratas; a quienes deberían estar en ellos, esto es, a los más prestigiados académicos e investigadores, a los que dedicaron su vida a la docencia y la investigación; y destacaron en esos quehaceres, reconocidos y avalados por sus pares y no por poderes ajenos, como el del dinero, el de la fuerza y el de las influencias, compadrazgos y apoyos políticos.

Ese era el espíritu original de las reformas, el que se vino abajo y pervirtió luego de un golpe de fuerza en el que fueron empleados los más detestables recursos; como la compra de votos y el robo de urnas, para imponer –y eso con apenas unos cuantos votos por arriba—  a José Doger Corte como Rector de la BUAP.

Encaramados en el poder, desfiguraron los cambios legislativos para prohijar y tutelar en la dirección de la BUAP a una cerrada (y casi divina), casta burocrática que domina toda la vida universitaria. No fueron, a partir de ese momento, los mejores  —los reconocidos por el mundo de la academia y la investigación científica, los que no piensan más que en la Universidad y en cómo superarla, no en enriquecerse o en hacer carrera política—, los que estuvieron al frente de esta entidad de educación superior; sino personajes ambiciosos, en el mal sentido del término, que han escalado en el escalafón burocrático por su capacidad para aplaudir como focas a quien está arriba de ellos, mantenerse callados y hacer lo que les ordenan; prestos a cambiar su silencio por complicidad, indispensable para lograr una subordinada participación, son los que han predominado a lo largo de tres décadas.

Abolieron el voto universal, directo y secreto e instauraron un sistema de elección ponderada y sectorial, conforme el cual, los estudiantes votan por un  lado, los profesores e investigadores por otro y los directores por otro más. En cada unidad académica o instituto, el candidato que obtenga mayoría entre sus estudiantes será por el que los dos consejeros universitarios correspondientes votarán en la sesión del Consejo Universitario convocada ex profeso. Tal procedimiento se sigue también con los profesores e investigadores. En cambio, los empleados y trabajadores administrativos de toda la Universidad solo aportarán tres votos. Finalmente, los directores podrán optar por el candidato que quieran.

Se supone que el mecanismo descrito garantiza tanto la participación de todos como el equilibrio entre los sectores que componen la Universidad, independientemente de la cantidad de estudiantes, de empleados administrativos, de profesores e investigadores y de personal directivo existente. La verdad, sin embargo, es otra. Los dados están cargados desde el principio.

¿Quién decide la elección? El Rector saliente, sin duda. Su carta decisiva son los directores. A cada uno de ellos lo ha puesto en el lugar en el que está, tras una larga carrera de favores e incondicionalidad, más que de capacidad y méritos, que existen a veces; cuyo primer tramo culmina cuando otorga definitividad a la plaza que por años han ocupado y sin la cual ninguno podría ser electo.  Ellos son los que orientan la votación de los profesores a favor de candidato/a oficial; los cuales a su vez hacen lo mismos con sus estudiantes, descaradamente en las escuelas Preparatorias y en Complejos Regionales.  Hay que decir además que tales actuaciones son puntos a favor de los que las llevan a cabo, méritos no registrados pero reales en su currículum.

Por si fuera poco lo anterior; los reducidos tiempos asignados para las campañas están diseñados para impedir que la comunidad universitaria conozca otro(a) candidato(a), que no sea el (la) que ya estaba anteriormente  posicionado(a). Y por si fuera insuficiente lo de los tiempos, la boleta de elección para Rector de los Directores está foliada, de manera que, aparentando respeto al debido secreto reglamentario, cada uno de ellos sabe que la Rectoría conocerá por quién efectivamente sufragó. Y por si fuera poco (por tercera vez), además de controlar a los operadores de casilla y los recuentos de votos, en esta ocasión, pretextando la pandemia, la elección será virtual, es decir, sin control ni molestas revisiones críticas de nadie.

Enrique Agüera, ufano, dijo alguna vez, respecto a sugerencias de Rafael Moreno Valle sobre quién debería sucederle: “Tengo mano; hay cinco posibles en la baraja, pero yo diré en última instancia cuál”  Y así fue.

Hoy en día en que Alfonso Esparza necesita, mucho más que todos sus antecesores, colocar en la Rectoría de la UAP a alguien (o alguiena), que le cuide las espaldas, lo o la pueda manipular, y tal vez sea una suerte de colchón amortiguador en su brete con el Gobernador, tiene a su favor un sistema electoral muy prometedor, pero para él.

Y tras permanecer 30 años al frente de la BUAP, la casta burocrática gobernante dejó una clara huella en la institución que, en la entrega siguiente, analizaremos.