Esta sexta denuncia de la UIF contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 16 de julio.
La querella presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción involucra a 11 personas físicas, además de Lozoya, y a 33 personas morales.
La UIF presume que las operaciones beneficiaron a servidores públicos mexicanos y sirvieron para financiar campañas políticas, todo esto habría ocurrido entre 2012 y 2016.
Los recursos desviados se habrían triangulado en múltiples operaciones hacia “empresas fachada” para luego ser retirados en efectivo.
“Estas empresas fachada se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio de retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales como Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México”
Unidad de Inteligencia Financiera
Comunicado
El desvío fue a través de contratos otorgados por Pemex a 34 empresas vinculadas con Odebrecht, constructora acusada de sobornar a gobiernos de Latinoamericanos.
La UIF identificó el esquema de lavado de dinero en Pemex que operó en tres niveles:
- 1. Las empresas vinculadas de forma directa con Odebrecht recibieron recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada.
- 2. Las firmas de segundo nivel recibieron el dinero del primer grupo y se encargaron de intercambiarlo y estratificarlo mediante un esquema de triangulación de recursos.
- 3. Enviaron el dinero a empresas del tercer nivel, se encargaron de difuminar los activos mediante la distribución de recursos e hicieron retiros masivos de efectivo.
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