En la zona de explosión, vecinos de Xochimehuacan piden reconstrucción de viviendas

A casi ocho meses de la explosión de una toma clandestina en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, los vecinos del lugar solicitaron al Ayuntamiento de Puebla y a las autoridades estatales que les permitan reconstruir en las inmediaciones del siniestro, al considerar que no es zona de riesgo.

Hace unos días, Leonor Vargas Gallegos, directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de las Familias (SEDIF), informó que el próximo 31 de julio finalizará la construcción de las 22 viviendas en un predio de El Batán; no obstante, los damnificados se niegan a ser reubicados.

Los afectados se manifestaron este viernes en el zócalo de la ciudad, para denunciar las presuntas irregularidades de las que han sido objeto para recuperar su patrimonio, entre ellas que no se les permita volver a sus casas cuando hay lugares sobre calle Gasoducto y cerca de las vías del tren que siguen habitados.

Detallaron que sus casas estaban situadas en la Calle Industria y Avenida Ferrocarril, y que “sólo perdieron la parte frontal de sus construcciones por alcance del gas”. Señalaron que en caso de construir en el mismo lugar se mantendrán vigilantes y denunciarán cualquier anomalía o acto delictivo, para evitar otro incidente.

Llamaron al presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, y al gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, a reconsiderar la decisión de mandarlos “tan lejos de sus centros de trabajo y las escuelas de sus hijos”, y solicitaron que realicen una segunda visita para determinar si en verdad están en el radio de peligro.

El próximo lunes 25 de julio se realizará la audiencia constitucional para determinar la situación jurídica de una de las siete familias que se ampararon para volver a ocupar los terrenos que, aseguran, compraron de forma legal hace casi medio siglo y comenzar con la reconstrucción de sus viviendas.

Añadieron que, en caso de que el juez federal no falle a su favor, tomarán otras medidas para recuperar sus espacios; esta tarde harán acto de presencia en la zona de la explosión y tomarán los predios de forma simbólica poniendo algunos postes “para comenzar con su reconstrucción”.

Las casas son más pequeñas de las que teníamos

Una de las habitantes del lugar, María de Lourdes Carreón Romero, descartó que, tal como lo han señalado las autoridades municipales y estatales, todos los damnificados se encuentren en zona de riesgo, por lo que exigió no ser reubicados.

Afirmó que la mayoría de los afectados son personas de la tercera edad que “ya hicieron su vida en San Pablo”, y pidió a las autoridades pensar en ellos, quienes durante los casi 50 años que habitaron en la junta auxiliar realizaron sus pagos de servicios, como agua y predial de forma constante.

En tanto, Jeny Gómez lamentó que las casas que las autoridades les ofrecieron en la zona de El Batán son de un tamaño inferior al que contaban las familias afectadas, pues pasaron de ser de casi 250 metros cuadrados a 78 metros cuadrados.

El representante legal de los afectados, Tomás Tenocelotl Rugerio, explicó que en caso de que el juez resuelva el amparo promovido por la damnificada Margarita Romero, identificado con el folio 714/22, y falle a su favor podría servir de guía para los demás vecinos puedan recuperar sus hogares.

Compartió que durante el proceso de defensa de los vecinos, las autoridades federales apercibieron al presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, para que transparentara los motivos por los cuales la única opción para ellos era ser retirados de la zona.

Dijo que a pesar de que cumplió con las disposiciones, y que la directora de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de Puebla, Melissa Jauli Gutiérrez, ha recibido sus quejas ninguno no han recibió autorización para volver a sus predios, pero confió en que tendrán una respuesta favorable antes de que se concrete el proceso de reubicación.  

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Foto: EsImagen

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